El Gobierno de España tiene pendiente reducir su déficit en alrededor de 20.000 millones de euros para conseguir cumplir con el objetivo de Bruselas. En un momento en el que la Comisión Europea amenaza con volver a aplicar sanciones en un año, puesto que este será el último en el que las reglas fiscales continúen suspendidas después de cuatro ejercicios, España está aún muy lejos del valor de referencia que el Ejecutivo comunitario exigirá a los estados miembros.

Aún no está claro si Bruselas pedirá a los países rebajar su nivel de déficit hasta el 3%, o si tomará diferentes cifras dependiendo de la situación específica de cada uno de ellos, como pidieron Países Bajos y España y después propuso la propia Comisión. Adoptar reglas fiscales individuales por país tendría sentido en un momento en el que los gobiernos se han endeudado con creces para hacer frente primero a la pandemia y después a la guerra de Ucrania, pero esa adaptación de las normas podría afectar solo a parte de ellas.

Por el momento, y según las orientaciones fiscales que la Comisión Europea dio a conocer este miércoles, el Ejecutivo comunitario pide a los países que empiecen a echar el freno y a llevar sus cuentas públicas por debajo del 3% del déficit, si no inmediatamente, al menos a medio plazo. "Se invita a los Estados miembro a incluir en sus programas de convergencia explicaciones de cómo sus planes fiscales asegurarán el respeto del valor de referencia del 3% del PIB así como una reducción de deuda constante y creíble", recoge el documento.

¿Cuánto tendría que reducir su déficit España para llegar a ese objetivo? En base a los datos de PIB y déficit de 2022, la reducción que España deberá acometer será de entre 17.000 y 27.000 millones de euros para cumplir con dicho objetivo del 3%. La variación proviene de que el dato definitivo de déficit se conocerá a finales de marzo, por lo que se ha tenido en cuenta tanto la previsión del Gobierno (5% para 2022), como la del Banco de España (4,2%), de ahí que se obtenga una horquilla y no una cifra exacta.

De cara a calcular las posibles sanciones de las que Bruselas avisó este martes, que se aplicarían en la primavera de 2024, la Comisión tendría en cuenta los datos de España de este ejercicio, el de 2023, pero estas cifras dan una idea aproximada del desafío al que ahora se enfrenta el país de cara a cumplir con el objetivo, que aún podría o no variar.

La deuda pública supera el 113% del PIB

Por otro lado está el endeudamiento del país, aunque a este respecto está menos claro qué tipo de exigencia podría poner encima de la mesa la Comisión. Pero, como referencia, hay que tener en cuenta que la deuda pública española terminó 2022 en el 113,2% del PIB, alcanzando los 1.502.505 millones de euros, según datos del Banco de España. El porcentaje quedó por debajo del objetivo del Gobierno para todo el año, que estaba en el 115,2% del PIB, pero muy por encima del 60% que exigían las reglas fiscales prepandemia.

El escenario que plantea el Programa de Estabilidad 2022-2025, enviado por el Gobierno español a Bruselas, muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los cuatro ejercicios hasta que la ratio deuda/PIB se sitúe en el 109,7% en 2025. Por otro, es de justicia recordar que las reglas fiscales nunca han derivado en ninguna sanción a ninguno de los países que las incumplieron.

El Gobierno: "Estamos comprometidos con el principio de estabilidad"

Al Gobierno, por el momento, estas cifras no le preocupan. Fuentes de Hacienda explican que España no ha dejado de reducir el déficit, que disparó en 2020, el año de la pandemia, y que el año pasado se cumplió "con creces" el objetivo marcado. Aseguran que durante la pandemia se aumentó considerablemente el gasto puesto que era "lo que se tenía que hacer" para impulsar la economía en medio de la crisis, y que tan pronto como la situación se normalizó el Gobierno se lanzó a cumplir su compromiso de rebajar los niveles de deuda y déficit.

En la misma línea, recuerdan que todavía no está nada claro qué reglas fiscales va a poner sobre la mesa la Comisión Europea, ni cómo se articularán si finalmente se descarta exigir lo mismo a los Veintisiete y se elaboran planes por países, de forma similar a la articulación de los planes de recuperación, transformación y resiliencia que han dado acceso a los países a los fondos europeos para la salida de la crisis del Covid.