¿Deberían los desempleados perder su prestación si rechazan una oferta de trabajo de cualquier sector? Es el planteamiento que ha puesto encima de la mesa este jueves el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El sindicalista aseguró que el Gobierno "debería plantearse" esta situación, es decir, si "una persona que rechaza una oferta de trabajo" debería seguir cobrando la prestación que esté recibiendo, ya sea de desempleo o de ingreso mínimo vital (IMV).
Para Álvarez, imponer una medida así conseguiría reducir los tres millones de parados que a pesar de la buena marcha del empleo aún existen en España. Esos desempleados accederían de este modo a los sectores que permanentemente tienen una gran cantidad de vacantes, como la construcción o la hostelería, y para los que el Gobierno ahora está buscando trabajadores en otros países.
Su iniciativa sería "mucho más productiva" para el país que "ir a contratar fuera", afirmó. "Una persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, es una persona que si está recibiendo un subsidio público ya sea de desempleo o de Ingreso Mínimo Vital (IMV), el país debería plantearse si debe seguir cobrándolo o no", concretó el líder de UGT en un encuentro informativo, reafirmándose así en una postura que ya venía manifestando sobre la citada política.
Pero ni el Ministerio de Trabajo ni el otro sindicato mayoritario del país, Comisiones Obreras (CCOO), respaldan la propuesta. Desde ambos organismos se desmarcan de la idea, recordando que no está encima de la mesa, ni constituye un planteamiento formal de cara a ningún proceso de negociación, y asegurando que no es una opción que contemplen. Por su parte, en Trabajo consideran que lo importante, más que retirar prestaciones, es tratar de conseguir que todas las ofertas de empleo sean dignas y adecuadas, porque entienden que los parados "no se dedican a rechazar ofertas de trabajo", porque si los puestos ofertados son adecuados el subsidio no compensa a la mayoría.
En ese sentido, recuerdan que esto es lo que trata de conseguir la recién aprobada Ley de Empleo, una iniciativa que insiste en las políticas activas de empleo y que llevará también a la creación de un gran portal de vacantes. En Comisiones Obreras, por su parte, se muestran reticentes a criticar unas declaraciones del líder de UGT sin conocer si se trata de una propuesta más o menos formal, en cuyo caso entienden que tendría que estudiarla, pero también comparten que es más importante tratar de conseguir que los puestos de trabajo vacantes lleguen a las personas en desempleo que plantearse retirar prestaciones.
UGT se desmarca de su líder
Tampoco apoyan la visión de Álvarez desde su propia formación. Preguntados al respecto, resaltan que es importante que se ofrezca trabajo a las personas desempleadas y que existan orientadores para asesorar a los parados, tras estudiar cada caso a nivel particular, y subrayando la necesidad de ofrecer formación para que puedan acceder a un empleo. Y, pese a las declaraciones de su secretario general, recalcan que no pretendía proponer retirar el paro.
"Pepe no se centra en quitar la prestación sino en que los tres millones de parados y paradas de nuestro país puedan abandonar el desempleo", han asegurado desde el sindicato. Pepe Álvarez, sin embargo, ha sido claro en su misma intervención sobre su posición: "Venimos manteniendo una posición contraria a la contratación en origen y los cupos de manera mayoritaria", relató, tal y como ya había manifestado, "no se puede decir que en España no hay trabajadores en el sector de la construcción con unos 3,5 millones de desempleados".
UGT ya aseguró que no iba a permitir, oponiéndose "por todos los medios" e medios incluso "bloqueándola en el Parlamento" la iniciativa del Gobierno para contratar a trabajadores extranjeros en sus países de origen buscando cubrir los puestos que permanentemente se quedan vacantes en España. El sindicato considera que tratar de contratar fuera de España perjudica a los tres millones de parados que hay en el país. Pero ya los expertos explicaron a El Independiente que los flujos migratorios no repercuten negativamente en las cifras de desempleo, puesto que mayormente se trata de vacantes que los locales prefieren no coger, aunque al mismo tiempo reconocieron que la labor de los servicios de empleo para poner en contacto a parados y empresas con plazas libres es muy mejorable.
Ahora el SEPE ya puede retirar la prestación de desempleo
Hoy día, el Estado ya puede retirar la prestación por desempleo a un parado si este no cumple con el llamado compromiso de actividad, que implica aceptar las ofertas de colocación que reciba. Pero este compromiso no hace referencia a ofertas de trabajo de todo tipo de áreas, sino a "ofertas adecuadas", que deben encuadrarse en la profesión que demanda el parado, o que habitualmente desempeñaba, o que desempeñó en su último empleo, o a otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas, como explican en el propio SEPE.
Además, esa oferta de trabajo debe encontrarse en la misma localidad en la que reside el desempleado o a 30 kilómetros de distancia como máximo y siempre y cuando el tiempo de desplazamiento no suponga el 25% de la duración de la jornada laboral ni el 20% del salario. En caso de que se rechace una oferta de trabajo que reúna todas esas condiciones, ahora sí, el parado pierde durante tres meses la prestación puesto que se considera una infracción grave salvo en caso de causa justificada, y la sanción puede agravarse si el parado acumula más infracciones.
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