El distanciamiento entre el jefe del Ejecutivo y los empresarios va en aumento, con el final de la legislatura ya en el horizonte. El anuncio de la marcha de Ferrovial a Países Bajos ha provocado una airada reacción de Moncloa que no ha gustado nada a la clase empresarial del país y que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha llegado a tachar de "increíble, absurda y peligrosa".

Aunque el enfriamiento de la relación viene de lejos. El habitual acto de inicio del curso político que organizaba todos los años en la Casa de América no contó en su última edición con ningún representante del Ibex 35. Pedro Sánchez prefirió que en vez de empresarios y otros representantes de la sociedad civil solo hubiese cincuenta ciudadanos. Fue un acto en Moncloa con un formato "inédito", según difundió Presidencia, que permitía eso sí, evitar posibles plantones por parte de los primeros espadas del selectivo español a los que tiene en pie de guerra por el impuesto ad hoc creado para los bancos y las eléctricas.

Fuentes próximas al Gobierno resaltan que el PSOE ha podido sobreactuar en cierta medida con el movimiento de la constructora y en el ala socialista consideran que esa reacción, apelando incluso a la falta de patriotismo de Del Pino, les puede llegar a beneficiar y movilizar al electorado de izquierda que podría quedarse en la abstención durante los próximos ciclos electorales previstos para este 2023, incluidas las generales.

Al deterioro de la relación con buena parte de los empresarios ha contribuido especialmente los señalamientos personales. Desde las filas de Unidas Podemos se han encargado de poner en la diana no sólo a Del Pino, sino también al presidente de Mercadona, Juan Roig, para encarnar un culpable de la subida de precios en los lineales de los supermercados que sufren todas las familias españolas. La compañía valenciana tiene una cuota de mercado superior al 25% y su presidente es una de las mayores fortunas del país.

La ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tildó al dueño de la cadena de supermercados como un "capitalista despiadado" y tampoco dudó en señalar a Del Pino tras el anuncio de la marcha de España de la constructora. En esa línea, Sánchez dio un paso más y aseguró que "hay empresarios comprometidos con España. No es el caso del señor del Pino".

Todos esos señalamientos públicos terminaron provocando esta semana una sonada reacción entre la clase empresarial. El propio Garamendi dijo que señalar con nombres y apellidos al presidente de Ferrovial genera "desconfianza" entre los inversores. Una semana después de que estallase la polémica, desde el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) exigieron el pasado martes al Ejecutivo "que evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial".

El lobby empresarial que agrupa a empresarios como Roig; o los presidentes de Acciona, José Manuel Entrecanales; la hotelera Barceló, Simón Pedro Barceló; de Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Ignacio Rivera; o al propio Del Pino, emitió un duro comunicado en el que aseguró que "es imprescindible recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo que permita la consolidación y el desarrollo de nuestras empresas, para contribuir a la prosperidad y bienestar de nuestra sociedad". Sánchez no asiste a su congreso anual desde hace tres años, pese a la invitación que le cursan.

La organización con más de 1.500 empresas familiares asociadas reclamó "evitar las recientes descalificaciones ad hominem contra empresas privadas formuladas por representantes de las instituciones democráticas". Se alinea con la consigna marcada por Garamendi, quien atraviesa también una tensa relación con Sánchez. El empresario vasco fue señalado directamente por el jefe del Ejecutivo a consecuencia de su sueldo.

Por su parte, desde el Círculo de Empresarios, su presidente Manuel Pérez-Sala, acusaba esta semana también al Gobierno, en una entrevista con El Mundo, de estar usando a los empresarios "para eludir su responsabilidad sobre otros temas y distraer a la opinión pública". El jefe de la organización que agrupa a 200 firmas españolas le acusó también de utilizar "argumentos infantiles y falsos, muchas veces confusos, que no entienden el funcionamiento de la economía, pero sobre todo ideológicos y populistas".

El nuevo aumento de la tensión de la relación entre el Gobierno y los empresarios llega en un momento particularmente delicado, en el que hay negociaciones salariales de por medio. Y la actitud del Ejecutivo, afirman los empresarios, no favorece el clima de negociación. "Hay en el seno del propio Gobierno un fanatismo antiempresarial, porque realmente el empresario es un enemigo a batir, así que es muy difícil sentarse en una mesa de negociación cuando tus interlocutores te consideran un enemigo", sentenciaba Pérez-Sala.

Este mismo sábado, Sánchez, exigió a la patronal que se siente con los sindicatos para pactar una negociación colectiva que reparta los beneficios de las grandes empresa con "justicia" ya que en la última década los trabajadores han perdido poder adquisitivo. "Por eso es tan importante subir el salario mínimo o es relevante revalorizar las pensiones… y por eso exigimos también a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se los lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores de esas grandes empresas", remarcó.

Desde otra de las grandes patronales se quejan también tras el estallido del caso Ferrovial el "ataque directo y constante a la figura de los empresarios" por parte del Ejecutivo. "Como empresa no tienes el aliento de un Gobierno que da vaivenes constantes. Esto no es un problema de marca España, sino de marca Gobierno España", lamenta, al tiempo que lanzan una advertencia: "Se está poniendo el caldo de cultivo para que las empresas se vayan".

Manuel Pérez-Sala también se refería al caso de Indra, donde el Gobierno ha forzado la salida de Ignacio Mataíx de sus funciones de consejero delegado. Un movimiento que recibió un castigo en bolsa. "El mercado reacciona ante una injerencia del Gobierno en la gestión de una compañía que estaba presentando magníficos resultados. Esto no se entiende en los mercados internacionales", afirmaba Pérez Sala.

Donde no hubo tanto consenso empresarial es en el seno de la patronal de las constructoras Seopan. El pasado viernes el presidente de la organización que representa los intereses de las cotizadas (ACS, Acciona, Sacyr, FCC, OHLA y Ferrovial), Julián Núñez, salía "en defensa de la imagen pública y reputación de su empresa asociada" y en el que denunciaba las "injustas descalificaciones" vertidas contra Ferrovial "desde diferentes ámbitos de dentro y fuera del Gobierno".

El presidente de la patronal tuvo que dejar el comunicado en una opinión personal ante el malestar trasladado por algunas de las citadas compañías, que no eran partidarias de hacer un frente común contra el Gobierno.