El Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO han llegado a un acuerdo sobre la última parte de la reforma de las pensiones, que debía haberse aprobado antes de que terminase 2022 según el plazo comprometido con la Comisión Europea. Las organizaciones sindicales han dado este miércoles su visto bueno a la propuesta del ministro José Luis Escrivá, al contar -según el Gobierno- con el visto bueno de Bruselas y de los grupos parlamentarios necesarios para que salga adelante en el Congreso de los Diputados, tal y como habían exigido UGT y CCOO, pero también porque no reduce las pensiones de parte de la población, como sí sucedía con la anterior propuesta.

La renuncia por parte de Seguridad Social a ampliar el periodo de cómputo de la pensión de forma obligatoria en el corto plazo -en un principio se planteaba hasta los 30 años desde los 25 actuales y permitiendo eliminar los dos peores ejercicios-, llevó la semana pasada a Podemos a dar su aprobación a una reforma que llevaba meses atascada. "Lo que siempre ha dicho Podemos es posible. Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos", celebró el viernes la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Finalmente, el Gobierno propuso el viernes a los agentes sociales una última parte de la reforma de pensiones basada en el aumento de los ingresos vía cotizaciones, que a lo largo de esta semana se ha continuado negociando con sindicatos y empresarios, quienes finalmente se descolgaron ayer del acuerdo. Esos mayores ingresos son necesarios para sostener el incremento del gasto que supone tanto la revalorización de estas prestaciones con el IPC, que ya es ley, como la pronta jubilación del baby boom, la generación más numerosa de la historia de España.

La reforma contempla aumentar las cotizaciones sociales a todos los trabajadores en 0,6 puntos de forma progresiva, ampliar el límite que ahora existe para las cuotas a la Seguridad Social que abonan los sueldos más altos y la creación de una "cuota de solidaridad" para los salarios superiores a los 54.000 euros anuales. Según el Ejecutivo, con estas tres iniciativas más las que ya aprobó en el verano de 2021 -que incluían mayores "castigos" a la jubilación anticipada e incentivos a demorar la retirada del mercado laboral, entre otros-, el sistema se compensa el aumento del gasto que supondrá la jubilación del baby boom.

"Una reforma histórica de relevancia extraordinaria"

Tras la firma del acuerdo, tanto José Luis Escrivá como los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han celebrado haber llegado a un punto en común. "Que la Comisión Europea, que hace diez años eran aquellos que iban a venir a recortar las pensiones, la sanidad pública, que iban a minimizar el estado de bienestar… avale esta reforma es una señal de hasta qué punto hay un cambio de paradigma de cómo se enfocan las crisis económicas en España", ha aplaudido Sordo.

"Con este acuerdo los jóvenes saben que tienen garantizado su futuro, ya saben lo que va a pasar porque tenemos un acuerdo a largo plazo que permite que las próximas generaciones puedan adquirir el derecho a una pensión digna", se ha congratulado también Álvarez. Por su parte, Escrivá ha calificado la reforma es de "histórica, de una relevancia extraordinaria", "pensemos cuántas pensiones se ven positivamente afectadas: 11 millones de personas y las que en el futuro serán pensionistas. Y sobre todo damos a los jóvenes una referencia a medio y largo plazo", ha asegurado.

"No tendrá ningún coste en el empleo"

Las tres partes del acuerdo han insistido en que la reforma no tendrá efectos sobre el empleo, como han advertido que sucederá desde los centros de estudios Fedea y BBVA Research. Preguntado sobre estas valoraciones, Escrivá ha calificado a los críticos de "oportunistas con cálculos sacados en el ordenador personal de una casa" y se ha mostrado "maravillado" de que existan servicios de estudios que puedan hacer estimaciones tan rápidas sobre la reforma "cuando todavía no ha salido divulgado el texto".

"Yo, que he sido jefe del servicio de estudios de BBVA, sé el tiempo que lleva ser riguroso", ha apostillado, "y el servicio de estudios de BBVA no se ha dirigido a este Ministerio para conocer los detalles del acuerdo", ha ampliado. Asimismo, ha lamentado que haya quien estén instalados en unas métricas "que hace muchos años ya se han superado a nivel internacional", y se ha mostrado esperanzado de que "el debate se vaya moviendo hacia el centro de las políticas públicas para la protección social, frente a aproximaciones liberaloides".

Unai Sordo (CCOO) ha sido más claro insistiendo en que las medidas "no van a tener ningún coste en términos de creación de empleo, sino todo lo contrario". "La subida de cotizaciones del MEI de 1,2 puntos es absolutamente manejable para las empresas españolas. Decir que mantener el MEI en 1,2 puntos es un impuesto al empleo es una broma, cuando hasta hace una semana todo el mundo decía que había que subir los salarios. La subida de las bases [máximas de cotización] es necesaria y no supone ningún riesgo", ha concluido.