El Gobierno ha terminado esta semana la última parte de la reforma de las pensiones, que tiene un objetivo principal: diseñar cómo España va a hacer frente a la jubilación del baby boom, un desafío que el país experimentará de aquí a 2050. Con este último bloque, que el jueves aprobó el Consejo de Ministros y el viernes constaba ya en el BOE, el Ejecutivo finaliza la gran reforma, estructural para el sistema, y con la que ha decidido dar un giro importante al enfoque que los gobiernos vienen aplicando a sus políticas sobre pensiones, especialmente a la ley de 2013 de Mariano Rajoy.

En Moncloa y Seguridad Social vienen insistiendo en los beneficios de esta reforma puesto que en lugar de recortar las pensiones para adaptarlas a la nueva esperanza de vida se dirige a lado de los ingresos. A diferencia de como sucedía con el factor de sostenibilidad del PP, en esta ocasión las prestaciones no se reducen: a cambio, se sitúa en el centro de la reforma un fuerte recargo a las cotizaciones sociales que abonan a la Seguridad Social cada mes trabajadores y empresas. Con el cambio de paradigma, el ministro de Seguridad Social cree que el Gobierno podrá ingresar 130.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.

"Son 11 millones de personas que son pensionistas en este momento y a los que estamos trasladando un mensaje extraordinariamente potente de que sus pensiones no solamente están garantizadas, sino que, con un marco extraordinariamente robusto de sostenibilidad, lo van a estar de forma indefinida", aseguró Escrivá este jueves, tras el Consejo de Ministros. No obstante, esto no es del todo así, puesto que el aumento del periodo de cómputo que se ha aprobado -aunque no llegará hasta 2044- sí llevará a reducir las pensiones de aquellos con carreras más lineales, como ya advirtió Fedea.

Literalmente la comunidad de expertos en pensiones no está de acuerdo con la propuesta"

elisa chuliá, funcas

Por otro lado, la reforma ha provocado una gran polémica incluso antes de aprobarse por la fuerte oposición que han presentado académicos expertos en pensiones, sobre todo, pero no solo, por parte de los servicios de estudios Fedea y BBVA Research. "Literalmente la comunidad de expertos en pensiones no está de acuerdo con la propuesta. El consenso entre los expertos es muy amplio acerca de que esas medidas tienen una alta probabilidad de causar efectos en el mercado laboral. No cumplen las expectativas que teníamos cuando llegó el ministro Escrivá al Gobierno", asegura en conversación con este periódico la especialista en pensiones Elisa Chuliá, que es investigadora de Funcas y profesora de Sociología de la UNED.

A continuación, desgranamos las medidas y la opinión de diferentes expertos de la reforma. El real decreto ya cuenta con el beneplácito de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, ha sido negociada con Bruselas -es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de fondos europeos- y previsiblemente conseguirá los apoyos parlamentarios necesarios para resultar aprobada en el Congreso de los Diputados, a la luz de las opiniones que ya han emitido los socios parlamentarios del Ejecutivo.

Ampliación del periodo de cómputo

A pesar de que esta parte de la reforma estaba encaminada a compensar el aumento del gasto público al que llevará tanto la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia de España, como la revalorización de las pensiones con el IPC, finalmente incluye dos medidas que incrementarán más el gasto público. Por un lado, que hasta 2044 los nuevos jubilados podrán elegir entre calcular su pensión en base a los 25 últimos años de carrera profesional, o entre los 29 últimos, en este caso pudiendo descartar los 24 peores meses. Por otro, que las pensiones mínimas y no contributivas mejorarán considerablemente.

Desde que comenzó a negociar la reforma, Escrivá planteó que la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a los 30 años, pudiendo descartar los dos peores, era irrenunciable. Finalmente y tras las presiones de Podemos, que rechazaba el cambio porque implicaría reducir las pensiones de parte de la población, no se amplía del todo hasta el año 2044.

Pero tampoco se mantiene el sistema actual hasta entonces, sino que se abre un periodo transitorio en el que el trabajador podrá optar por uno u otro modelo, el que mejor le convenga para su pensión. De esta manera, el gasto aumentará al menos en una o dos décimas de PIB en 2050, según el propio Ejecutivo. "La reforma está íntegramente centrada en los ingresos, pero además el gasto aumenta con el no aumento del periodo de cómputo y el incremento de las pensiones mínimas, que será inmediato. Con esto, el ahorro del gasto que se plantea simplemente no es creíble", afirma Ángel Martínez Jorge, economista y analista de EsadeEcPol.

Aumento de las pensiones mínimas y no contributivas

Como comenta Martínez Jorge, la reforma incluye una subida de las pensiones mínimas contributivas y de las no contributivas. Las primeras aumentarán progresivamente de manera que a partir de 2027 nunca sean inferiores al umbral de la pobreza. El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales (1.178,5 euros al mes por catorce pagas), un 22% más que ahora.

Por su lado, las pensiones no contributivas crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. Con ambas medidas, el Gobierno ha conseguido el apoyo de los sindicatos y el de algunos grupos políticos parlamentarios a los que necesita para conseguir la aprobación de la reforma, aunque lleve a aumentar el gasto. El Ejecutivo, por cierto, no ha cifrado cuánto costará esta medida.

Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)

El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la ampliación de las bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad constituyen la parte mollar de la reforma, porque son las que llevarán a reforzar los ingresos, esto es, a reforzar la hucha de las pensiones. De una u otra manera, las tres incrementan las cotizaciones sociales que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social, algunas dando derecho a mayores pensiones, y otras simplemente a modo de impuesto. Este enfoque de la reforma es el que ha provocado más críticas, puesto que podría tener importantes efectos sobre el empleo y la actividad empresarial.

"Es sorprendente. La Seguridad Social no tiene ese carácter redistributivo de rentas, sino carácter contributivo. La redistributiva es Hacienda, están mezclando una cosa con otra", opina la profesora de la Universidad de Extremadura Inmaculada Domínguez Fabián, profesora de la Universidad de Extremadura y del grupo de investigación Pensiones y Protección Social, en colaboración con la Universidad de Valencia.

"El Gobierno ha decidido atacar el problema de la financiación de las pensiones no por la parte de los gastos, ni combinando medidas de reducción gastos y aumento de los ingresos, sino directamente por el aumento de los ingresos al sistema. La cuestión es que esto tiene efectos sobre la economía, la creación de empleo, la competitividad de los productos que se producen en España por ese aumento de costes que asumen las empresas españolas... Preocupan las externalidades negativas de una medida semejante, pero es algo
muy difícil de calcular", valora Chuliá.

Por otro lado, tampoco está claro que estas tres patas puedan llevar a ingresar las cantidades que el Gobierno supone, como han puesto en duda Fedea y BBVA Research. El ministro ha tildado esas críticas de oportunistas y precipitadas, pero las estimaciones de ambos reputados servicios de análisis apuntan a que el Estado se quedaría muy lejos de las cifras que plantea.

Si bien el mecanismo de equidad intergeneracional era una medida incluida en la primera parte de la reforma de las pensiones que ha aumentado las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales -0,5 puntos la empresa y 0,1 el trabajador- ahora se reforzará y las cotizaciones sociales de todos los trabajadores terminarán aumentando el doble, 1,2 puntos porcentuales. Esos 1,2 puntos no se alcanzarán de forma inmediata, sino que progresivamente el trabajador y la empresa empezarán a pagar más a partir de 2024 hasta alcanzar ese nivel en 2029. Ese recargo se repartirá entre empresa y trabajador en la misma medida que se aplica en la actualidad.

Desde luego se va a crear menos empleo en el futuro"

Ángel martínez jorge, economista

"Pensar que aumentar el tipo efectivo sobre las rentas del trabajo y sobre las rentas altas no va a tener efectos sobre el empleo… desde luego se va a crear menos empleo en el futuro. No es una ciencia exacta, pero lo que dice el Gobierno de que tendrá efecto cero simplemente es increíble. Aunque se produzca la mitad [del que plantea BBVA] es mucho", valora Martínez Jorge. Según BBVA Research, por cada punto porcentual de PIB de aumento de cotizaciones sociales se reduce en un punto tanto el PIB como el empleo.

Ampliación de las bases máximas de cotización

Es la medida que más consenso genera de toda la reforma. En España, los sueldos aportan más o menos a la Seguridad Social en función de su cuantía, pero esa progresividad se rompe cuando un trabajador gana más de 54.000 euros anuales. A partir de esa cifra, la aportación es la misma independientemente de que el empleado perciba 70.000, 90.000 o 200.000 euros anuales.

Hasta ahora, en la negociación de cada presupuestos generales del Estado se decidía cuánto se aumentaba ese límite, el conocido como la base máxima de cotización. Ahora, cada año esta frontera subirá el IPC anual más 1,2 puntos. Y en consecuencia las pensiones máximas subirán, pero significativamente menos, a razón de 0,1 puntos más al año hasta 2050. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050, mientras que pensiones máximas solo subirán 3% en mismo periodo, por lo que los expertos lo consideran otro impuesto al empleo.

Al respecto, Domínguez Fabián celebra la ampliación de las bases máximas, pero recuerda que su efecto será limitado. "Los ingresos serán muy escasos para poder acometer todos los incrementos de gastos que se están aprobando", afirma. Según el Gobierno, con esta medida ingresará en torno a 0,4 y 0,5 puntos de PIB en 2050, mientras que con el MEI recaudará en torno a 0,9 puntos, y otra décima de PIB (0,1) la conseguirá con la cuota de solidaridad. Recordemos que el Ejecutivo actualmente gasta un 12% del PIB en pensiones, gasto que prevé que aumentará hasta el 15% en torno a 2050, y ese incremento es el que pretende compensar con la reforma actual.

Cuota de solidaridad

El nuevo "impuesto a los ricos" de la reforma de pensiones se llama cuota de solidaridad. Entrará en vigor en 2025 y constituye un segundo aumento de las cotizaciones para los sueldos más altos (a partir de 54.000 euros anuales), pero en esta ocasión no llevará aparejado ningún crecimiento de la pensión, sino que será de carácter "puramente solidario". Según los últimos cambios, la cuota será distinta en función de tramos salariales, y progresiva: en 2045, el tipo de cotización será del 5,5% para los que tengan un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más; del 6% para los salarios que superen la base máxima entre un 10% y un 50%; y del 7% cuando el salario sobrepase la base máxima en un 50%. Esta cuota solidaria no se aplicará a trabajadores autónomos.

Otras medidas: lagunas de cotización y fiscalización de la AIReF

La reforma también incluye otra serie de medidas, como mejoras en la cobertura de lagunas de cotización para las mujeres y en el complemento de la brecha de género, que subirá un 10% adicional a su revalorización anual entre 2024 y 2025. También se reconocerán como cotizados los tres primeros años de excedencia por cuidado de hijos y familiares, y a los autónomos también se les cubrirán, por primera vez, lagunas de cotización.

Asimismo, se integrarán en la Seguridad Social los alumnos que realicen prácticas formativas o que realicen prácticas académicas externas, algo que no sucedía hasta el momento. Por último, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) fiscalizará la reforma a fin de que el gasto en pensiones no supere el 15% del PIB. Su misión ahora será publicar y enviar al Gobierno cada tres años un informe de análisis sobre la evaluación de los ingresos, y por lo tanto será ella quien a partir de 2025 determinará si los cálculos del Ejecutivo eran más o menos correctos.