La Justicia ha condenado al sindicato Comisiones Obreras Baleares por el despido improcedente de dos trabajadoras, una delegada de personal de Palma de Mallorca y una trabajadora de Ibiza que había realizado demandas a la empresa. El Independiente ha accedido a sendas sentencias después de publicar que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) había condenado al mismo sindicato por el despido improcedente de otro delegado de personal, por lo que ya son tres las sentencias en las que la organización ha sido castigada en unos meses por motivos similares. 

En uno de los casos, el sindicato podría recurrir ante el Tribunal Supremo, en los otros dos, ya han vencido los plazos para hacerlo sin que haya presentado recursos. Pero desde CCOO Baleares confirman que acatarán las sentencias, aunque no estén de acuerdo con las mismas.

En total, la confederación de CCOO de la región deberá pagar más de 300.000 euros en concepto de indemnización a los tres empleados, más salarios que deberían haber recibido entre la fecha del despido y la notificación de la sentencia, más cotizaciones a la Seguridad Social, según un cálculo que realiza el abogado del delegado de personal despedido, el laboralista y graduado social del despacho DMS José Manuel Raya, ya esperaba que el desenlace de las tres historias fuese el mismo.

“Lo peor de estos despidos disciplinarios es tener la convicción y certeza que todo es una patraña con la que pretenden desembarazarse de los trabajadores críticos y sobre todo del Comité de Empresa. Espero que, ahora sí, la buena Ejecutiva de CCOO tome nota, porque de momento los que vamos a pagar su incompetencia seremos los afiliados”, lamenta la trabajadora despedida en Ibiza María Josefa García Lago en una carta a los medios la que ha tenido acceso El Independiente. 

Todo es una patraña con la que pretenden desembarazarse de los trabajadores críticos"

maría josefa garcía, empleada despedida

Las tres sentencias están relacionadas entre sí. El primer caso del que informó este medio terminó con el Tribunal Superior de las Islas Baleares condenando a CCOO Baleares a readmitir a su informático más pagarle su sueldo desde que salió de la empresa, o a indemnizarlo con más de 25.000 euros, al considerar que el sindicato no tenía motivos para despedirlo.

En el caso del informático de Palma de Mallorca, CCOO Baleares había despedido al trabajador solo un mes después de resultar elegido por amplia mayoría entre sus compañeros como delegado de personal, y tras haber estado negociando un nuevo convenio colectivo con el sindicato, su empleador. Al mismo tiempo, la organización despidió a la otra delegada de personal que tenía en las islas, y a una trabajadora más, por haber facilitado presuntamente datos confidenciales del sindicato a terceras personas.

"Acabaron con toda la representación de los trabajadores. Es algo que, de suceder en una empresa privada, ellos mismos [CCOO] habrían montado un Cristo que no quiero imaginar", explicó entonces Raya a El Independiente. Ahora, el abogado y graduado social constata que el motivo real detrás de los despidos era acabar con los delegados de personal, algo que entiende muy arriesgado a nivel general, y especialmente en el caso de un sindicato.

"Se la jugaron muchísimo, no lo entiendo. A nivel reputacional y a nivel económico es un varapalo muy fuerte para Comisiones Obreras, para su sindicato en Baleares y también a nivel nacional. Que un sindicato sea condenado por despedir improcedente a delegados personal no es la mejor publicidad si estás defendiendo los derechos de los trabajadores... Pero supongo que en casa del herrero...", reflexiona.

Por su parte, desde CCOO Baleares han insistido ante las preguntas de este periódico que los despidos se llevaron a cabo por "un tema que afectaba a la seguridad informática", y también han recalcado que en primera instancia se dictó que los despidos fueron procedentes. "Ante el hecho de exponer al sindicato a una vulnerabilidad de datos informáticos reservados se tomó estas medidas con el fin de proteger a los afiliados y afiliadas", han explicado, aunque al mismo tiempo son claros: "CCOO de las Islas Baleares acata la sentencia del TSJB y procederá conforme marca la ley".

Los tribunales consideran que los despidos no están justificados

En los dos otros casos, a cuyas sentencias ha accedido este medio, de nuevo el TSJB y el Juzgado de los Social número 1 de Ibiza se pronuncian en el mismo sentido, al no encontrar justificados sendos despidos. En el de la otra delegada de personal de Baleares, CCOO Baleares consideró que la empleada, que llevaba trabajando 27 años en el sindicato, debía ser despedida tras ser suspendida de empleo y sueldo por unos hechos que consideran falta muy grave, por abuso de confianza y deslealtad. 

CCOO Baleares estimó que cierta información encontrada en el disco duro que poseía el informático despedido en primer lugar fue proporcionada por la delegada de personal, al incluir datos como la lista de todos los afiliados de Baleares, vulnerando “sus deberes en materia de protección de datos”. Pero ahora el TSJB condena al sindicato a readmitir a la empleada con abono de los correspondientes salarios de tramitación, o a extinguir el contrato e indemnizarla con 49.500 euros.

En el otro caso, el de la trabajadora que escribe la carta citada al inicio de este artículo, que desempeñaba tareas de auxiliar administrativa en Ibiza desde 2002, el sindicato le impone un despido disciplinario por abuso de confianza y deslealtad, por “facilitar el acceso al sistema informático de personas no autorizadas”. El sindicato habla así del marido de la empleada, que a su vez era la persona que prestaba frecuentemente servicios de informática a la sede de CCOO Baleares de Ibiza, ya que la empresa no disponía allí de ningún informático.

“En ningún caso la actora permitió ni facilitó que su marido manipulase los datos de control horario de ningún trabajador de la entidad demanda, ni tampoco el suyo”, establece la sentencia, que condena al sindicato regional a readmitirla o a indemnizarla con 42.000 euros. “Ha quedado sobradamente acreditado en los autos que el marido de la actora [que falleció antes de conocerse la sentencia] no era un tercero ajeno a CCOO. Todo lo contrario, (...) pese a no tener contrato de colaboración alguno con la entidad demandada realizaba funciones habituales de informática en las oficinas de CCOO en Ibiza”, recoge.

“Era una práctica habitual en CCOO de Ibiza que los trabajadores acudieran a él cuando tenían cualquier problema informático, ya fuere de configuración de impresora, office, huella digital, etc.”, dice el juzgado, “y ello era plenamente conocido por CCOO (...) permitido y favorecido”, indica, asegurando también que no ha podido quedar acreditado que el comportamiento de ninguno de los dos causase una brecha o agujero de seguridad, como mantenía el sindicato. De la misma manera, tampoco ha podido probarse que la acusada permitiese el uso de su correo electrónico a terceros, ni que retirase ninguna documentación confidencial.

La sentencia, sin embargo, llega tarde para la afectada. “A Abelardo, así se llamaba mi marido, hace un año el covid se lo llevó”, explica María Josefa García Lago en la citada carta en la que reflexiona sobre lo sucedido. “Después de 4 años de ayudar en todo lo que le pidieron, la ‘buena gente’ de la ejecutiva del sindicato tuvo la feliz idea desfachatez de implicarlo en los despidos de tres trabajadores, por acceder a los ordenadores de CCOO”. 

“Fue la oportunidad que encontraron y la disculpa que estaban buscando para cargarse a los miembros del Comité de CCOO y a mí. El resultado de semejante despropósito: una servidora despedida y de los tres delegados, miembros de la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores de CCOO, dos despedidos  por ‘cómplices’ y una sancionada tres meses. O sea que en apenas un mes se cargan a todo el comité de empresa del sindicato consiguiendo vía libre para poder negociar, por fin, un Convenio con un comité más dócil para la ejecutiva, ya que los últimos convenios, la negociación fue muy dura y muy larga”, analiza en el escrito, en el que también pide la dimisión de la ejecutiva de Baleares o, como mínimo, su perdón en memoria de su marido.

En noviembre se conoció la dimisión de la secretaria de Administración y Finanzas de CCOO Balears, Marga Vicens, tras detectarse irregularidades en las cuentas del sindicato.