La recién aprobada reforma de las pensiones ha generado fuertes reacciones en contra por parte de los expertos. El consenso científico pone en duda que las medidas que incluye puedan compensar el aumento en el gasto que se producirá durante los próximos 30 años, cuando la jubilación de la generación del baby boom -y también la revalorización de estas prestaciones con la inflación- tensionará con fuerza las cuentas públicas.

La solución del Gobierno, sobre la que descansa la última parte de la reforma, consiste en aumentar las cotizaciones sociales, esto es, las aportaciones que el conjunto de los trabajadores y las empresas abonan a la Seguridad Social mes a mes y que sirven para calcular la pensión pública de jubilación.

Además, también se introduce una regla fija que incrementará progresivamente el límite que hoy día existe para esas cotizaciones -las llamadas bases máximas de cotización, puesto que hoy día los salarios de 54.000 euros anuales aportan lo mismo que los de 100.000- y se crea la llamada "cuota de solidaridad", un impuesto temporal a las rentas más altas, precisamente porque no contribuyen a la hucha de las pensiones en la misma medida que las bajas.

Este es otro aspecto en el que chocan expertos y el Ejecutivo: mientras que el ministro responsable, José Luis Escrivá, argumenta que las mencionadas medidas tendrán cero efecto en el mercado laboral, instituciones de prestigio económico como Fedea y BBVA Research y expertos consultados por este periódico creen que sí destruirá puestos de trabajo -hasta 200.000, según BBVA-, así como que afectará a las decisiones de contratación de los empresarios españoles, aunque aún sea pronto para calcular exactamente en qué medida lo hará.

Y ese es el dato que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aún no se atreve a publicar. Estima que el efecto en el empleo de la reforma de las pensiones es aún muy difícil de medir, porque toca multitud de aspectos diferentes del mercado laboral y la reacción de las empresas es en cierto modo imprevisible, aunque sí se conozca el comportamiento al que suelen conducir los aumentos de impuestos sobre el trabajo.

Los impuestos del trabajo aumentarán 10 puntos sobre rentas de más de 70.000 euros

Pero lo que sí ha calculado es cómo incrementará la reforma las cotizaciones que aportarán a la Seguridad Social los trabajadores de diferente nivel de renta a lo largo de los próximos años, de aquí a cuando las medidas estén completamente desplegadas. Y la conclusión es que el 65% del coste de la reforma recaerá sobre los sueldos superiores a 54.000 euros al año, y que aumentará en 10 puntos las cotizaciones sociales que abonan los sueldos de entre 70.000 y 80.000 euros anuales.

De los mencionados diez puntos, uno procederá del mecanismo de equidad intergeneracional (el MEI, el ya mencionado aumento de las cuotas a todos los trabajadores), casi 9 por el aumento de las bases máximas de cotización y unas décimas por la cuota de solidaridad. Así, este rango salarial será el que asuma un mayor golpe, puesto que para salarios más elevados el hachazo del aumento de las bases máximas de cotización será algo menos elevado, y aunque en un principio también pagarán la cuota de solidaridad, esta medida será temporal y terminará en 2045.

En concreto, las rentas salariales de 70.000 euros verán incrementados sus impuestos al trabajo en 7.500 euros brutos anuales, mientras que si el salario alcanza los 100.000 euros el aumento de impuestos será de 9.700 euros. Por su parte, los salarios inferiores a 54.000 euros soportarán el 35% de la reforma. "Aunque solo se ven afectados por el MEI, son el grupo más numeroso y en el que se concentran la mayoría de los salarios en España", recalcan desde la AIReF en su informe Opinión sobre la sostenibilidad de las AA. PP. a largo plazo, publicado este viernes.

El golpe al empleo podría ser "pequeño", de 30.000 puestos de trabajo

Con respecto al impacto concreto sobre el empleo, aunque la Autoridad prefiere no dar una cifra concreta hasta que no estudie mejor la situación, la institución sí asegura que por cada punto porcentual de aumento de las cotizaciones sociales se reduce el empleo en torno a 0,2 puntos porcentuales de PIB. Eso daría lugar a una caída del empleo de en torno a 30.000 personas, lo que el organismo ha calificado de impacto "reducido".

"Pero nosotros somos una economía que podemos estar más expuestos a este tipo de impacto. A nivel macro impacto es pequeñito, no tiene más importancia, el crecimiento del empleo lo supera con creces, pero realmente esto requiere un análisis mucho más profundo", ha valorado la directora de la División de Análisis Económico de la AIReF, Esther Gordo. En el mismo sentido se recoge en el informe.

"La literatura académica documenta diversos canales por los que un incremento de los costes laborales puede afectar a los niveles de empleo y a la productividad. Así, los impuestos sobre la renta salarial y las cotizaciones a la seguridad social tendrían efectos desincentivadores tanto sobre la demanda de trabajo, al aumentar los costes laborales para las empresas, como sobre la oferta de trabajo, al reducir el salario real de los trabajadores y desincentivar la participación en el mercado de trabajo", apunta el texto.

España reúne rigideces en el mercado de trabajo que llevan a esperar que un incremento de cotizaciones tenga impacto más elevado que en otros países"

airef

"La evidencia empírica a nivel internacional tiende a concluir que el
incremento de las cotizaciones sociales tiene un impacto negativo sobre el empleo. Sin embargo, los efectos concretos difieren de un país a otro, dependiendo de las complejas interacciones con las instituciones del
mercado laboral (...). España reúne rigideces en el mercado de trabajo y una especialización productiva en sectores intensivos en mano de obra que llevan a esperar que un incremento de cotizaciones tenga impacto más elevado que en otros países", insiste.

Entre los efectos posibles, apunta a que podrían reducirse los incentivos a la formación entre los trabajadores de mayor cualificación, o aumentar su movilidad hacia los países de menor imposición, a la vez que se reduce la atracción de los migrantes más productivos, "lo que puede terminar repercutiendo negativamente en la competitividad y el crecimiento potencial de los países". Por otro lado, también recalca que los incrementos de las cotizaciones sociales resultan heterogéneos por niveles salariales.

Además, la AIReF destaca que las cotizaciones sociales no son el único gravamen que soportan las rentas del trabajo, porque los trabajadores pagan el IRPF por sus rentas, una vez se les descuenta las cotizaciones y se les aplica una serie de reducciones. Asimismo, recuerda que la reforma establece una regla de gasto nueva que supone que las cotizaciones sociales aumentarán más automáticamente en caso de que se produzca un exceso del gasto en pensiones, por lo que el nivel impositivo podría aumentar aún más. Y con él, los efectos sobre el empleo.