El Ministerio de Seguridad Social calcula que alrededor de 18.000 personas retrasaron su edad de jubilación el año pasado, 2.200 más que el año anterior. Según consta en un informe que el departamento de Escrivá ha elaborado, y que el ministro ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de la aprobación de los nuevos incentivos a la jubilación demorada al menos 2.000 personas decidieron beneficiarse de ellos.

En base al mismo informe, en total el 5,4% de los jubilados en 2022 se habrían retirado más tarde de lo que les correspondía. Lo que, teniendo en cuenta que el año pasado unas 328.000 personas se jubilaron, supondría más de 17.700 jubilados de forma demorada. En cambio, en 2021 las personas que decidieron retirarse más tarde de lo que les correspondía fueron algo más del 4,9%, y en total se jubilaron 316.000 personas, por lo que supusieron unas 15.500, unas 2.200 menos que en 2022.

El mismo informe también recoge que de media entre 2014 y 2021 las nuevas pensiones de jubilación demorada representaban el 4,7% del total. Y así, destaca el cambio como algo positivo: se han sumado 7 décimas, hasta el 5,4%. "La edad efectivad de jubilación se sitúa en 64,8 años y la edad legal en 66 años y 4 meses. La jubilación demorada ha aumentado en 2022 tras la puesta en marcha de los nuevos incentivos", reza el texto que ha acompañado a la presentación del ministro en la rueda de prensa -Seguridad Social no ha compartido el informe completo con los periodistas-.

Para el Gobierno, es importante que tengan éxito las medidas aprobadas en 2021 para tratar de que miles de españoles retrasen su jubilación de forma voluntaria. De ello depende que encajen las cuentas que ha hecho el Ejecutivo para cuadrar la reforma de las pensiones. Pero hasta ahora ni desde Moncloa ni desde el Ministerio de Seguridad Social habían dado a conocer cuántos pensionistas se estaban jubilando de forma anticipada o demorada, con lo que era imposible saber si las medidas de Escrivá estaban teniendo éxito o si, por el contrario, estaban acelerando las jubilaciones.

El Gobierno cree que podrá compensar la mitad del aumento del gasto con las jubilaciones retrasadas

¿Por qué esta parte es esencial para que las cuentas cuadren? La explicación es la siguiente: el Gobierno estima que el gasto en pensiones, que actualmente representa el 12% del PIB, aumentará hasta el 15% del PIB de aquí a 2050. Ese fenómeno se producirá en parte porque cada año hay que actualizar las pensiones con la inflación, pero sobre todo a causa de la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia de España, que ya ha comenzado y se prorrogará hasta aproximadamente 2050. Para muestra, este dato: el INE estima que los pensionistas aumentarán un 67% de aquí a 2050.

Y Seguridad Social calcula que ese incremento de tres puntos del gasto lo podrá compensar gracias a las medidas de su reforma de pensiones. Un punto y medio, gracias a los incentivos que aprobó para retrasar la edad de jubilación -que disminuirán el gasto en pensiones- y a los desincentivos para retirarse de forma anticipada, y el otro, gracias a las nuevas medidas aprobadas la semana pasada.

Hay que recordar que la primera parte de la reforma de las pensiones incluía que por cada año que un trabajador retrase su jubilación percibiría una subida de la pensión del 4%, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. A la vez, se penalizaba la jubilación anticipada más que antes, con coeficientes reductores que iban desde el 30% si la salida del mercado laboral ocurre cuatro años antes de la edad legal y se tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados, hasta un 0,5% si es un mes antes y se ha cotizado más de 44 años y 6 meses.

Al mismo tiempo, espera que otro punto y medio de aumento del gasto se compense gracias a las nuevas medidas, que sobre todo implican diferentes recargos en las cuotas que trabajadores y empresas abonan a la Seguridad Social. Son cuentas que expertos, de los economistas de Fedea a los de BBVA Research e inclusive la Autoridad Fiscal (AIReF), han puesto en duda. AIReF, que es el organismo que ha realizado un análisis más profundo al respecto, calcula que faltarán al menos 1,1 puntos de PIB por compensar, como este periódico ya explicó.

Por el momento, Seguridad Social no ha desgranado los cálculos que hay detrás de la reforma, aunque así se lo viene exigiendo el Partido Popular. Cuando lo haga, debería comunicar cuánto pretende ingresar por cada una de las medidas aprobadas y cuánto prevé gastar con las que implican un aumento del gasto, así como qué aumento de la población migrante ha previsto para los próximos 30 años, entre otros.