Todo el mundo sabe que los jubilados van a aumentar en España durante las próximas décadas, y que al mismo tiempo los adultos en edad de trabajar serán menos. Quizá esto es menos evidente, pero de ahí vienen las dificultades para reformar el sistema de pensiones. La tendencia se explica por el baby boom, que en España es la generación que nació entre 1957 y 1977 que por el momento es la más numerosa de la historia. Es fácil de apreciar en la calle: aquellos con 60 y 70 años tuvieron (muchos) más hermanos de los que tienen los niños de hoy.

Hoy día cada mujer española tiene, de media, 1,19 hijos, y al mismo tiempo la esperanza de vida no deja de alargarse, lo que da como resultado un tremendo rompecabezas. ¿Debería la pensión pública cubrir solo parte de la jubilación? ¿Es inevitable recortar estas prestaciones, dado que ahora cubren muchos más años que hace unas décadas, mientras que el dinero que el trabajador ha metido en la hucha es el mismo?

Son datos que la Autoridad Fiscal ha puesto negro sobre blanco en su último informe sobre proyecciones demográficas, donde constan cifras sorprendentes, como que la esperanza de vida en España va a subir seis años en los próximos 50, hasta los 89 años, que los inmigrantes que llegan cada año aumentarán un 50% a partir de 2050 y que empezarán a llegar, según sus estimaciones sobre cambios demográficos, de países centroafricanos.

El Ministerio de Seguridad Social no ha desvelado sobre qué proyecciones demográficas ha sostenido la reforma de pensiones que consiguió negociar con los sindicatos y que el Gobierno aprobó en marzo. Lo que sí ha comunicado es que, según sus cuentas, el sistema será sostenible con las nuevas medidas y siempre y cuando se cumplan sus previsiones de crecimiento del empleo, así como de llegada de inmigrantes al país. Migrantes que son indispensables para sostener las pensiones en este escenario de decrecimiento demográfico.

Más de 235.000 inmigrantes al año

La AIReF mantiene en sus previsiones demográficas que la inmigración neta (esto es, la diferencia entre los migrantes que llegan a España y los españoles que se marchan fuera) será de en torno a 235.000 personas entre 2020 y 2050. Es decir, tal y como se está produciendo en la actualidad. Y que algo más adelante, a partir del pico de la jubilación del baby boom, esta cifra aumentará hasta los 339.000 personas al año.

Además, vaticina cierto cambio en los países de los que procederá esos trabajadores que tanto necesita España: continuarán llegando migrantes de Marruecos, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, pero comenzaremos a recibir más personas desde Senegal y de Nigeria, sobre todo alrededor de 2040, así como de otros países centroafricanos, que, cita la AIReF, se caracterizan por sus "niveles de renta actuales reducidos". En cambio, los principales destinos de los migrantes españoles son Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y, ya más avanzado el periodo de proyección, Rumanía.

Con estos flujos migratorios, el peso de la población con nacionalidad extranjera pasará del 11% actual al 20% en 2070. Y, en conjunto, España pasará de los 47,4 millones de habitantes con los que cuenta en la actualidad a los 50,3 millones en 2050 y 52,1 millones en el año 2070, cuando termina el horizonte de previsiones, muy similares a las del INE -que, por cierto, la Autoridad Fiscal recuerda que está rodeado de gran incertidumbre, por la dificultad de llevar a cabo proyecciones tan a largo plazo.

No en vano, el mismo organismo apunta que los flujos de migración dependen en gran medida del ciclo económico. Para muestra, estos datos: entre 1999 y 2008 llegaron a España 481.000 personas, mientras que entre 2009 y 2015, en los años de la anterior crisis económica, se marcharon casi 80.000 al año. Por eso y también porque muchos otros países europeos afrontarán el mismo reto demográfico que España, y competirán con nuestro país en la búsqueda de empleados en el extranjero, estas proyecciones podrían variar sustancialmente.

Hay que recordar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya está impulsando la llegada de trabajadores extranjeros al país, buscando sobre todo cubrir esos puestos que los españoles rechazan. El Ejecutivo está flexibilizando la legislación para facilitar la entrada de foráneos dispuestos a emplearse en aquellos sectores que aquí no encuentran trabajadores, pero las organizaciones sindicales creen que la Administración primero debería tratar de formar a los parados que ya están en España, y hacerles llegar esas vacantes.

Una esperanza de vida ¿sin freno?

El Gobierno confía en la llegada de inmigrantes para sostener las pensiones, y no solo las pensiones, también la actividad económica del país. Es así puesto que no parece probable que España sea capaz de dar la vuelta a la tendencia actual de 1,19 hijos por mujer, de media. Sí se espera que ese dato aumente ligeramente hasta los 1,5 hijos por mujer en 2070 -en parte gracias a la reforma laboral y sus efectos sobre la temporalidad, destaca el organismo-, pero aún muy muy lejos de lo que sería necesario.

Las mujeres españolas continuarán teniendo pocos hijos y las que tienen menos de lo que les gustaría -ahora la mayoría afirma que su ideal sería tener dos- parece que continuarán enfrentándose a las mismas dificultades por las que ahora justifican esta situación: la precariedad laboral, sobre todo, y también las complicaciones para la conciliación, así como razones económicas. Muchas aseguran que simplemente no pueden permitirse económicamente tener más hijos.

Y, de fondo, está el aumento de la edad media a la que las personas mueren en el país. En 2070, la esperanza de vida se situará en los 89 años, frente a los 83 actuales. España será uno de los países con mayor esperanza de vida de todo el mundo, sobre todo entre las mujeres. Es un aumento que se ha ralentizado mucho en las últimas décadas, destaca la AIREF, en parte por motivos evidentes: no parece probable que las personas puedan continuar aumentando los años que vivirán al mismo ritmo que lo han hecho hasta ahora.

Pero aún así se trata de un aumento sustancial que no solo dispara el gasto en pensiones en un país en el que, si se tiene derecho a ella, la pensión pública se cobra hasta la muerte, independientemente de cuántos años se viva -y, por el momento, sin recortarse en base a este dato-. También incrementa los gastos en sanidad y cuidados de larga duración, lo que ejerce mayor presión sobre las cuentas públicas, déficit y deuda, ahora mismo muy por encima de los niveles aconsejables.

Por el momento, Escrivá asegura haber conseguido la cuadratura del círculo. Con las últimas medidas aprobadas, las cotizaciones sociales -la cuota que cada trabajador abona cada mes a la Seguridad Social- sostendrán los aumentos del gasto que se vienen provocados por la actual demografía española. O eso sostiene el Gobierno. La AIREF será la encargada de supervisarlo durante los próximos años.