Los pensionistas afectados por embargos de diferentes Administraciones públicas y juzgados han presentado una reclamación ante la Defensora del Pueblo Europeo pidiendo que se les devuelvan las cantidades indebidamente retenidas. La reclamación ha sido ya admitida a trámite y el colectivo está a la espera de conocer cómo actuará en relación a su demanda, que llega después de casi un año después de que arrancase el gran embrollo administrativo en el que se han visto envueltos.

Los pensionistas exigen que Hacienda, la Seguridad Social, los ayuntamientos y diputaciones y los juzgados que embargaron indebidamente las pagas de miles de ciudadanos el año pasado les devuelvan el dinero de oficio, sin necesidad de reclamaciones, como se les está exigiendo actualmente. El pasado mayo el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente de Hacienda, declaró que las pensiones y los salarios inferiores al salario mínimo no podían embargarse, tampoco en los meses de pagas extra.

La resolución llegó un año y medio después de que Hacienda decidiese empezar a embargar estos sueldos y pensiones. Hasta noviembre de 2020, las cuantías inferiores al salario mínimo se consideraban inembargables y en los meses de pagas extra -los pensionistas tienen dos, junio y noviembre, puesto que reciben su prestación en 14 pagas- consideraba inembargable el doble del salario mínimo. Sin embargo, a partir de entonces cambió de criterio, y pensionistas como Soledad Alonso -quien dio a conocer su caso a este periódico-, que recibía una pensión de 744 euros al mes siendo el SMI de entonces de 1.000 euros, fue embargada: en el mes de junio le llegó con 146 euros menos.

Y eso siguió sucediendo incluso después de la resolución del TEAC, es decir, en las pagas extra que los pensionistas recibieron en el mes de junio. Por el lado de Hacienda, que alegó no haber tenido tiempo suficiente para cambiar de proceder, pero también por parte de Seguridad Social y de los juzgados, que manifestaron no verse afectados por el criterio del TEAC. Es más, continuaron embargando de la misma manera después de una sentencia del Tribunal Supremo en la que condenaba a la Seguridad Social a devolver el dinero embargado de más a un pensionista durante todos los meses de pagas extra desde junio de 2019, con intereses, al considerar que las pensiones inferiores al salario mínimo no pueden embargarse.

En aquel momento Seguridad Social continuaba manteniendo que estaba embargando conforme a la ley, pero más tarde, el pasado mes de marzo, la Ley de Empleo fijó criterio y estableció que el salario mínimo interprofesional es inembargable tanto si se atiende al cómputo anual o como al mensual, e independientemente del número de pagas en las que se abone. Desde entonces, las diferentes instituciones con competencia para llevar a cabo embargos han venido devolviendo, no sin reticencias, las cantidades a los afectados que lo han reclamado formalmente.

Es decir, ante el juzgado, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la diputación, el ayuntamiento o la administración que estuviese llevando a cabo el embargo en cuestión.

La única manera de conseguir el dinero de vuelta

Pero ahora los pensionistas reclaman en Estrasburgo, Francia -sede de la actual Defensora del Pueblo Europeo, la irlandesa Emily O'Reilly-, las cantidades indebidamente embargadas para todos aquellos afectados, inclusive aquellos que no han podido, o sabido, reclamar la devolución. Según apuntó Seguridad Social a este medio, actualmente hay unos 100.000 jubilados con embargos en sus pagas mensuales.

Según el escrito, al que ha tenido acceso este medio, los pensionistas agrupados por esta causa ponen en conocimiento con la Defensora sus sospechas, y recuerdan también a este medio que la Seguridad Social española habría cometido varios delitos de prevaricación, apropiación indebida y falsificación de documento público, al embargar por encima de lo debido después de la resolución del TEAC, en primer lugar, y por continuar haciéndolo después de la sentencia del Supremo, en segundo.

"No es de recibo que hayan levantado un embargo y después se hayan quedado un dinero que no es suyo, eso es apropiación indebida y eso lo mantendremos donde haga falta", lamenta el jubilado José Luis Fuentes, portavoz de la plataforma de afectados y marido de Soledad Alonso, ambos afectados por embargos. Fuentes también lamenta la disparidad de criterio entre las diferentes administraciones, puesto que ha podido comprobar que los ayuntamientos y diputaciones están devolviendo -a quienes lo reclaman- todo lo embargado "de más" desde 2020 en vista de la sentencia del Supremo, mientras que la Seguridad Social lo está haciendo o no dependiendo de la dirección provincial.

A los afectados, la carta de la Defensora del Pueblo Europeo es la última que les queda, puesto que son pensionistas con pagas limitadas y el coste de demandar por lo legal en España superaría en muchos casos a las cantidades embargadas. "Sabemos que están jugando a eso", protesta Fuentes, "pero nosotros no vamos a parar. Si algo tenemos es tiempo", asegura el portavoz de los jubilados.