Guerra abierta entre los propietarios de viviendas de uso mixto (residencial y turístico) y los gestores de los complejos turísticos canarios. La Ley Turística de 2013 ha ocasionado un conflicto que hasta ahora parecía dormido, pero que ha despertado como una amenaza para 50.000 propietarios después de las sanciones aplicadas por el Gobierno de Canarias contra los dueños de apartamentos de complejos turísticos que no quieren alquilarlos, sino usarlos como su casa o segunda residencia.

Maribe Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, denuncia en conversación con El Independiente que los poseedores de viviendas en complejos turísticos se hicieron con sus casas hace más de 50 años con la capacidad de darlas un uso turístico, pero no con una obligación. "De repente el gobierno autonímico saca una normativa que no se atrevían a aplicar porque vulnera el derecho a la propiedad privada, aunque la normativa puede ser aplicable para la actividad turística, pero es que nuestras casas son de uso mixto. ¿Qué hace una norma turística sobrepasando el Código Civil, el derecho a la propiedad privada, la constitución española y las normas de libre competencia de la Unión Europea?", lamenta Doreste.

La representante de la asociación que nace como respuesta al "peligro de la estabilidad de miles de propiedades" señala que la Ley Turística les obliga a ceder su casa a los explotadores turísticos "porque el mundo empresarial presiona a la clase política. No nos quitan la propiedad pero sí que nos quitan el uso para que ellos hagan su negocio".

Doreste incide en que la mala gestión de los explotadores ha llevado a la gente a sacar sus pisos del circuito turístico y les ha empujado tanto al alquiler vacacional como al uso como vivienda habitual o como segunda residencia. "Este lobby está presionando porque con la llegada del alquiler vacacional, que lo puede hacer el propietario de forma individual ya que es una zona con potencialidad turística, temen perder su chollo. Han tratado de perpetuar este modelo caduco y protegerlo porque venía el otro detrás. Nos quieren quitar nuestras casas para blindar su negocio. Esta ley deja al legítimo propietario a los pies del caballo de lo que quiera hacer el explotador turístico, protegido por la clase política", lamenta la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística.

Denuncia de "expropiaciones encubiertas"

Fuentes de la Consejería de Turismo han informado a EFE de que se han producido seis multas por esta la modernización de esta ley entre los años 2020, 2021 y 2022, cuyos protagonistas han recibido sanciones que van desde 2.253 a 9.015 euros por infracciones "muy graves" de la legislación de Canarias, que obliga desde 2013 a dedicar esos inmuebles al uso turístico establecido por el planeamiento, por más que el afectado invoque su derecho a la propiedad para intentar darle un uso residencial.

Solo quedan libres de esa obligación aquellos que demuestren que hacen un uso residencial de su apartamento desde antes de 2017, una excepción que se introdujo pensando en el grave problema que se producía en islas como Gran Canaria, donde la propiedad de esos complejos vacacionales ha estado muy atomizada desde hace décadas y son muchos los dueños que no explotan su apartamento, sino que lo usan como primera o segunda residencia, incluso empadronándose.

"El Gobierno de Carnarias te obliga a darle uso turístito a tu casa aunque sea de uso mixto, pero no solo a eso, te obligan a que lo entregues a los explotadores porque a ti directamente no te dejan hacerlo. Esto es una expropiación encubierta. Sin que haya razón de interés general y sin que haya indemnización por medio", condena Doreste.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ley Turística recalcan su interés por "una actividad turística de verdad que genere riqueza aquí y no la alojativa pura y dura". "A estos empresarios no les hacen falta nuestras casas, pero simplemente no nos quieren ahí. Esta Ley expulsa al canario y al legítimo propietario de las zonas con potencialidad turística para controlar un territorio que no mejora la economía local porque su modelo es el del todo incluido que ni si quiera declaran aquí", añade Doreste, que plantea una solución para los explotadores de las viviendas con posibilidad turística: "El que quiera utilizar la propiedad para su negocio que la compre y no hay ningún problema, lo que no pueden pretender es que el patrimonio que he conseguido con los ahorros de mi vida los ceda sin ningún requisito".

Tom Smulders, vicepresidente de FEHT (Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo) ha apuntado recientemente en declaraciones a Radio Televisión Canaria que lo que los empresarios defienden es que "cumplan la ley las personas que han venido desde 2017, sobre todo los que han llegado últimamente, que piensan que pueden hacer lo que les da la gana", y ha puntualizado que el uso residencial de los apartamentos y el alquiler vacacional "tiene que ver con que se hayan perdido 68.000 camas turísticas en todo el archipiélago". 

Doreste ha advertido que la Plataforma de Afectados por la Ley Turística llegará al Tribunal Estrasburgo si hace falta para defender el derecho a lo que consideran que es suyo. "La ley establece que para el propietario disidente, el que no se atenga a la norma, será multado y se producirá la figura de sustitución del propietario. Es una vergüenza. El Gobierno Canario exige que les demos nuestras viviendas a los empresarios a cambio de nada, lo que vulnera el derecho a la propiedad, que dice que es el uso, disfrute e incluso destrucción de lo que el propietario decida", concluye.