Tranquilidad absoluta tras la luz verde de los accionistas al traslado de la sede social a Países Bajos. Es lo que se respiraba este jueves en el seno de Ferrovial después de haber cosechado un respaldo del 93,3% del capital para un plan diseñado con el fin de dar el salto a cotizar en Estados Unidos. La compañía no espera ningún as en la manga del Gobierno que intente boicotear una operación que ya está en marcha y que ha generado profundo malestar en Moncloa.

"Se tendrían que inventar una ley en un mes", dicen fuentes próximas a la empresa. Ese es el plazo que tienen los accionistas que hayan votado en contra para ejercer el derecho de separación, que implica vender sus acciones a un precio fijo de 26 euros y abandonar el capital de la empresa. Si lo hacía más de un 2,45% del mismo, los planes de Rafael del Pino que reclamaban los fondos e inversores extranjeros aún tenían la posibilidad de verse frenados. Pero según los cálculos de la empresa, del 5,8% que voto en contra, solo un 0,29% corresponde a otros accionistas que no sean la sociedad Siemprelara del hermano del presidente, Leopoldo del Pino, que controla un 4,25% de las acciones.

En la empresa se esfuerzan en trasladar su satisfacción por el "aplastante" respaldo cosechado en el cónclave, con un histórico 77,6% de quórum, en el que el propio presidente avisó sobre hipotéticas represalias por parte de un Ejecutivo que ha tratado hasta el último minuto de frenar el traslado de uno de los buques insignia de la construcción española.

"Quiero manifestar nuestra confianza en que se respetará la soberanía de la junta y que prevalecerá esta soberanía dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea", aseveró del Pino ante un auditorio que dirigió sonoros aplausos a las intervenciones de los accionistas que criticaron la deriva del Gobierno en este caso. Uno de los representantes de los accionistas minoritarios calificó "excesivos, improcedentes y al borde de la ilegalidad los ataques que han realizado las autoridades españolas al proyecto de fusión".

Tras la presión de la última semana, el Ejecutivo ha expresado su respeto por la decisión adoptada. Desde el departamento que dirige Nadia Calviño han asegurado que el Ejecutivo va a continuar trabajando "de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento".

La única opción que se ha barajado públicamente desde el Gobierno es el coste millonario que puede tener para la compañía el hecho de perder determinados beneficios fiscales si la Agencia Tributaria deduce que el traslado se debe únicamente a un intento de ahorrar impuestos. Algo que Del Pino negó en rotundo durante su intervención. "Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla", sostuvo.

Ferrovial podría tener que pagar impuestos por las plusvalías latentes típicas de una operación de este tipo. Fuentes del sector cifran en unos 150 millones de euros el posible golpe que no llegaría, en todo caso, hasta dentro de muchos meses o años. El organismo de Hacienda tardará todavía un tiempo en revisar la declaración del impuesto de sociedades que le remita la empresa al final del ejercicio.

Por contra, la compañía ha hecho gran acopio de diversos informes jurídicos y económicos que blindan todo el procedimiento que implica la reorganización societaria mediante la fusión transfronteriza inversa de la matriz española Ferrovial SA con la filial neerlandesa Ferrovial International SE.

Una documentación con la que están convencidos de poder contestar a cualquier requerimiento por parte del fisco que les evite un desembolso extraordinario si les deniegan el derecho a acogerse al régimen especial de fusiones, que hace fiscalmente neutra la operación. Cuentan con el respaldo de grandes despachos y bufetes de abogados de primer nivel, tanto americanos como españoles.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se limitó a señalar durante la tarde que "en su caso, [el Gobierno] vigilará si es necesario hacer algún tipo de medida desde el punto de vista fiscal y de seguimiento de la empresa".

La pelea por la doble cotización

Por otro lado, desde el Ejecutivo no dan su brazo a torcer y siguen insistiendo en que "las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan". En opinión del departamento que dirige Calviño, este extremo "ha quedado claro" tras los análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), cuyos informes no se han hecho públicos.

A partir de ahora, la compañía dará los pasos legales necesarios hasta consumar la fusión con la otra compañía radicada en Países Bajos. Ferrovial S.A desaparecerá como tal del Registro Mercantil español, aunque la empresa abrirá una filial de su firma neerlandesa en España, al frente de la que se situará uno de los hijos de Del Pino.

A continuación, y si todo va según lo previsto, la hoja de ruta de la empresa pasa por solicitar la cotización en la bolsa de Ámsterdam como paso previo a la entrada en el mercado estadounidense, donde aspira a penetrar en algún índice que le acerque a los inversores que le interesan para expandir su negocio.

Del Pino negó la versión del Gobierno y aseguró que la fórmula elegida es una vía "contrastada" para cotizar directamente en un plazo breve ya que "no es fácil ni inmediato" hacerlo desde nuestro país, donde tanto el proceso como el plazo de ejecución son "inciertos".

Además, destacó que actualmente más de un 90% del valor de Ferrovial en términos de capital procede de su actividad internacional, más del 90% de los inversores institucionales son internacionales y un 75% del valor de la compañía corresponde a activos ubicados en Norteamérica. Por su parte, el consejero delegado, Ignacio Madridejos, detalló que Ferrovial sigue centrada en sus mercados principales, que son Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Polonia e India. También está estudiando oportunidades en otras regiones como Australia, el resto de Europa o Latinoamérica en el marco de su apuesta por el crecimiento sostenible, desarrollando y operando activos de infraestructura de alto valor concesional.