La nueva ley de vivienda que han acordado las fuerzas del Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- con sus socios parlamentarios ERC y Bildu implicará que los caseros no puedan subir el precio del alquiler por encima del IPC en las renovaciones anuales de los contratos con sus inquilinos.

"Durante el presente 2023 se aplicará el limite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y, en adelante, se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual", dice el documento del acuerdo que han presentado ERC y Bildu este viernes en el Congreso.

"El IPC ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo", argumentan las fuerzas independentistas.

"Gana la política del diálogo, el consenso y que hace posible blindar derechos. Me siento especialmente orgullosa porque esta ley va a tener ADN socialista", ha declarado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Antes del 31 de diciembre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) definirá el nuevo índice de referencia.

Fruto de la larga y tensa negociación, se rebaja la definición de "gran tenedor" de 10 a 5 inmuebles. "Las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición de 'gran tenedor' de los 10 inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los 5 inmuebles que finalmente se incluirán en la Ley", reza el texto.

"Estamos ante un acuerdo importante de enorme trascendencia en lo social y lo político", ha dicho el portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute. Entre otras medias que contiene el acuerdo, se contempla que "los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario".

Además, se eliminan las cláusulas que permitían no aplicar las medidas que contiene la Ley si había un acuerdo entre las partes. "Desde una posición preponderante del propietario sobre el inquilino que suele darse de manera habitual, el inquilino podría verse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene la Ley para conseguir el contrato", justifica el texto.

Regulación de mercados tensionados

Los portavoces parlamentarios también han explicado que "los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos
contratos.

Dichos topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y
propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

En este sentido, el acuerdo implica mejorar y facilitar las condiciones para la declaración de zona tensionada, abarcando más áreas para la aplicación de las medidas de control.

"La declaración de áreas tensionadas se declarará cuando se cumpla una de las dos condiciones que la Ley establece: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada", se detalla en el acuerdo presentado por Bildu y ERC.

La norma emanada del Consejo de Ministros fija un marco normativo estatal, pero las competencias de vivienda residen en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso, serán estas instituciones las que decidan, cuando se apruebe la norma, si aplican o no los topes al alquiler.

Desahucios

La norma incorpora nuevas medidas relativas a los desahucios. En este sentido, se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada. Según el texto del acuerdo, también se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.