El sector inmobiliario ha mostrado una fuerte oposición contra los planteamientos de la nueva ley de vivienda que ha pactado el Gobierno con sus socios parlamentarios de Bildu y Esquerra Republicana (ERC) y que implica límites a la subida del precio de los alquileres por parte de los propietarios.

"El Gobierno ha vuelto a mostrar su ceguera al continuar sus políticas coercitivas frente a los propietarios de vivienda, obviando que el verdadero elefante en la habitación del mercado del alquiler es la falta de oferta", critica Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario idealista.

Se trata del argumento más extendido entre el sector, que ve cómo una norma de estas características puede ser contraproducente en términos globales para los inquilinos. Este año se aplicará aún el límite a los precios al alquiler del 2 % en vigor, mientras que en 2024 será del 3 % y, en adelante, se creará un nuevo índice que permita mantener las subidas de cada renovación anual por debajo del IPC.

En este sentido, desde Idealista recalcan que todas las medidas aprobadas hasta este momento en materia de arrendamientos "solo han conseguido drenar más y más la oferta disponible y aumentar los problemas de acceso al alquiler, con especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos".

Desde el portal llegan a decir que el límite del 2% a las actualizaciones de los alquileres que lleva un año en vigor "ha tenido un efecto devastador en el mercado". Aunque Iñareta reconoce que "ha ayudado a las personas que ya estaban de alquiler", señala que "ha supuesto una enorme complicación para todas aquellas personas que necesitan encontrar una vivienda actualmente".

Los procesos para entrar en una nueva vivienda por parte de los inquilinos son cada vez más exigentes ante una demanda creciente y una oferta que, según sostienen los portales especializados, no deja de menguar.

"Con las medidas anunciadas, como el tope a los alquileres, la situación solo está abocada a empeorar. Las experiencias recientes de Berlín y París, y la más cercana de Barcelona, muestran que los resultados de estas políticas, lejos de mejorar el mercado del alquiler, lo han empeorado: reducen dramáticamente la oferta disponible y aumentan las tensiones sobre los precios", abunda el portavoz de Idealista.

Desde el Partido Popular se han mostrado muy críticos con la norma. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "topar precios, intervenir en el mercado puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y puede derivar al final del periodo en un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos en alquiler".

Precisamente, su partido es reacio a aplicar la norma en aquellas Comunidades donde gobierna. La voz más crítica con la normativa que ha acordado el Gobierno es la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que recurrirá el texto en los tribunales cuando sea aprobado "siempre que ataque" a las competencias autonómicas. "Todo lo que sea intervenir va a llevar a España a la pobreza más absoluta", dijo tras conocerse el acuerdo.

Precisamente, la posibilidad que unas comunidades apliquen la norma y otras no provoca serias dudas en el sector inmobiliario. Habrá "mucha heterogeneidad a nivel territorial, puesto que ya hay formaciones políticas que han anunciado que no aplicarán esta ley en aquellas comunidades donde gobiernan", dice el director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font. Y, "obviamente, estos desequilibrios territoriales derivarán en inestabilidad", añade.

Los portales critican el momento en el que se pretende poner en marcha la nueva ley. "Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, se acaba imponiendo una política de vivienda partidista y cortoplacista, cuando debería ser más consensuada y a largo plazo", prosigue Font. La intención del Gobierno es aprobarla definitivamente en mayo, antes de las elecciones autonómicas y municipales.

Un mercado de más difícil acceso

La nueva ley de Vivienda que debe pasar todavía por el Congreso y el Senado se centra únicamente en proteger al colectivo de inquilinos y deja a los propietarios, "desprovistos de seguridad jurídica". Esto provoca "una situación que obstaculiza la generación de un clima de confianza", añade la directora de Estudios del portal Fotocasa. "No parece que estén teniendo en cuenta la realidad actual del mercado, en la que la falta de oferta de vivienda en renta es la principal problemática que está impulsando los precios al alza", abunda.

Su conclusión es que la nueva ley no mira al largo plazo, sino que únicamente da un respiro a los inquilinos que ya tienen contrato. Pero los nuevos inquilinos o colectivos vulnerables como los jóvenes que buscan vivienda por primera vez o que se introducen en el mercado, "probablemente se encontrarán con un mercado del alquiler cada vez más limitado en cuanto a oferta y menos dinámico, en el que será muy difícil entrar".

En este sentido, considera que las limitaciones al precio del alquiler tanto para pequeños como para grandes propietarios desincentivan a que estos mantengan e introduzcan nuevas viviendas en el mercado.

Desde Idealista van más allá y aseguran que las medidas que contiene la futura ley de vivienda "suponen el inicio de una nueva renta antigua que imposibilitaba la actualización de los alquileres y tuvo como consecuencia la aniquilación del mercado del alquiler y el grave deterioro de las viviendas arrendadas, por falta de incentivos para mantenerlos".

¿Qué se necesita entonces para equilibrar el mercado y estabilizar los precios? Principalmente, todos señalan la ampliación de la oferta. En este sentido, piden introducir medidas estimulantes e incentivadoras para impulsar que se amplíe el parque de vivienda en alquiler. 

El líder de los 'populares' ha apuntado precisamente en ese sentido y ha anunciado que su partido va a presentar una propuesta "para crear empleo haciendo vivienda" y para construir vivienda "a precio tasado y con un alquiler tasado, especialmente para las rentas medias, rentas bajas y personas jóvenes".