La vivienda ha recuperado el protagonismo en la política económica del Gobierno en las últimas semanas. Los anuncios del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha recopilado la estrategia que ya tenía en marcha la Sareb para prometer la movilización de 50.000 viviendas públicas y una inversión de 4.000 millones de euros para financiar otras 43.000 viviendas, contrastan con la partida dedicada al programa de vivienda social en alquiler del Plan de Recuperación.

Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 20 de diciembre de 2022, ese programa cuenta con una dotación de 1.000 millones. Sin embargo, sólo 500 millones se han transferido a las comunidades autónomas y se han aprobado. La cuantía es prácticamente la misma que la que suman las licitaciones de la Dirección General de Carreteras (DGC), de 478 millones de euros, hasta noviembre de 2022.

De hecho, la mejora de las carreteras españolas es la segunda partida con más presupuesto de entre las inversiones directas del Ministerio que dirige Raquel Sánchez. Adif contaba con una dotación de 5.974 millones de euros, de los 7.603 que se contemplaban para este tipo de inversiones. La DGC tenía una dotación de 858 millones, de los que se habían adjudicado 334 millones hasta noviembre.

Cabe señalar que la política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas, por lo que el margen de actuación del Gobierno pasa por dotar de recursos a las autonomías. De hecho, tal como publicó este periódico, la Sareb ya ha puesto a disposición de comunidades y ayuntamientos algunas de las viviendas con las que cuenta e incluso ha firmado acuerdos de compraventa.

En el caso de las carreteras, en estas inversiones se incluyen las vías de competencia estatal. Las inversiones que se realicen en aquellas que gestionan las comunidades autónomas no están incluidas en estas cifras, por lo que el presupuesto total que España destina a la mejora de las carreteras con fondos europeos es mayor.

Hasta el 13 de abril de este año, y según datos recopilados por este periódico a través del boletín semanal del Plan de Recuperación, el Ministerio ha licitado mejoras en carreteras por 92 millones de euros. La cifra de contratos adjudicados es algo mayor, de 156 millones de euros. No obstante, los datos que ofrece el Ministerio siguen siendo de diciembre del pasado año. Una cuestión que no está exenta de críticas en el sector.

"No tenemos datos fiables. Cuando uno ve los de un lado y de otro, al final no encajan", lamentó este jueves Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), durante una jornada sobre fondos europeos organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Además, sugirió que los plazos de ejecución "igual deben empezar a pensar en flexibilizarse porque a lo mejor no llegamos". A mediados de junio de 2026 debería estar todo ejecutado.

Para Carlos Gasca, director técnico del citado organismo, "es humanamente imposible hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en la Administración autonómica y local". "Está todo tremendamente atomizado y tenemos dudas de que haya capacidad en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos para poder analizar de forma objetiva la cantidad ingente de ofertas, puntuarlas objetivamente y adjudicar los contratos", añadió.

Un informe realizado por el Observatorio de la Inversión en Obra Pública del citado Colegio de Ingenieros resalta que "en todos los niveles de las Administraciones, se echa en falta que se disponga de los datos de ejecución real de las inversiones comprometidas, ni del grado de avance de los distintos proyectos que estarían en ejecución".

"Esta circunstancia se acentúa en el caso de las Comunidades Autonómicas y los Entes Locales. A la fecha de este informe [18 de abril de 2023], no es posible disponer de estos datos de ejecución real ni es posible valorar de forma objetiva sus posibles efectos sobre el conjunto de la economía real en todo el territorio", añade el texto.

Desde la patronal de las concesionarias Seopan, su presidente Julián Núñez pidió que la Administración "ponga toda la carne en el asador para licitar todo lo licitable de aquí a finales de año". La patronal que agrupa a las grandes del sector (ACS, Acciona, Ferrovial, Sacyr, OHL, FCC...), recordó la necesidad de establecer un nuevo mecanismo de revisión de precios para garantizar la ejecución de las obras.

Por su parte, Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), defendió que "el 80% de los fondos movilizados es un éxito. "La Unión Europea nos lo dice así con el cuarto pago que harán en abril", presumió antes de señalar que "el objetivo es que esté el 100% movilizado".

"La incertidumbre es la que es y estamos viendo que se está calentando el mercado y que no es sencillo poner en marcha a un ritmo mínimo como necesitamos. Tenemos dos o tres años para acometer actuaciones que no son de gran entidad, pero que son muchas e importantes para cumplir el hito", explicó Juan Pedro Fernández Palomino, director general de Carreteras del Mitma.

De las reformas a la ejecución

"En los fondos Next Generation nos quedan unos meses de licitación y a estas alturas nos tenemos que centrar en la ejecución", añadió, por su parte, Concha Santos Pedraz, presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).

En lo que se refiere a la carretera, Pablo Sáez Villar, presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), considera que hasta el día de hoy, la actividad se ha centrado en las reformas y cree que dados los plazos tan acotados que contempla el plan de recuperación, "la parte de transformación es fundamental".

En este sentido, pidió "una evaluación del grado de cumplimiento y de la proyección de cumplimiento final de los fondos Next Generation". "Si da como resultado que sobra dinero, la infraestructura puede levantar la mano y decir que puede hacerlo", sostuvo. En todo caso, consideró que "hasta el día de hoy, la carretera está olvidada". Y en cuanto a la conservación de las mismas, con buena parte de la red ejecutada, "el olvido es mucho mayor", insistió.

Joan Franco Poblet, presidente de Tecniberia, razonó que si no estuviesen cumpliendo los plazos, la Comisión Europea no estaría realizando los desembolsos de dinero. Sin embargo, coincidió en que España ha "empezado dándole más peso a las reformas que a las inversiones (…) y eso puede dar lugar a justificar la sensación de que el dinero no está llegando todavía a la economía real".

En ingeniería, concedió el presidente de la asociación española de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos, "hemos notado una mayor licitación y una mayor licitación ha implicado una mayor contratación pública". Pero también puntualizó que convendría "reducir la excesiva atomización de las convocatorias" y criticó el corto plazo de presentación de ofertas en algunas de ellas, así como la "excesiva centralización de las convocatorias en el Gobierno de España".