La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, desveló este fin de semana una de sus propuestas electorales. “Necesitamos una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos”, afirmó. Belarra volvió a señalar al dueño de Mercadona, Juan Roig, al que llamó “capo” del “oligopolio alimentario”, y al que acusó de “especular con los alimentos”.

La propuesta no está, de momento, muy elaborada. Podemos no concreta ni quiénes serían los proveedores, ni cuáles serían los márgenes, ni los precios, ni dónde se ubicarían esos supermercados públicos. Hasta el momento, lo que recoge la propuesta es que esta creación de supermercados públicos “haría, en términos coloquiales, que se les acabase el chollo, pudiendo ofrecer precios más bajos a las familias y condiciones laborales más dignas a los trabajadores y trabajadoras, así como mejores precios a los pequeños y medianos productores agrícolas y productores locales”.

Así, la iniciativa incluye mejoras de las condiciones laborales para los empleados de un sector que logró subidas salariales, para este ejercicio, superiores al 3% en la mayoría de grandes cadenas de supermercados. Si bien los convenios colectivos registraron un incremento medio del 2,78%, según la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social; cadenas como Lidl, Mercadona o Dia pactaron con sus empleados subidas más abultadas.

Sueldos en Mercadona, Carrefour y Lidl

Mercadona, líder en cuota de mercado (25,3%), aplicó una subida del 5,7% a los sueldos de sus trabajadores. Según consta en la memoria anual de la cadena de supermercados, el sueldo más bajo, para aquellos empleados base que tienen menos de un año de antigüedad es de 1.507 euros brutos, 1.282 euros netos. Las cuantías ascienden a los 1.375, 1.505 y 1.654, en términos netos, si tienen entre dos y más de cuatro años de experiencia.

La segunda cadena en cuota de mercado, según Kantar, es Carrefour (9,8%). En la cadena de origen francés, que forma parte de la patronal de grandes almacenes (Anged), la subida salarial para este año fue del 4,5%. Para los próximos ejercicios, empresarios y sindicatos firmaron un alza de hasta el 17% hasta 2026. En 2024, la subida será igual que la de este año, mientras que para 2025 se incrementarán un 3% y en 2026, lo harán un 2%.

En el mismo convenio se incluyen también los trabajadores de Eroski, los de Alcampo y los de El Corte Inglés. Así, en estas grandes superficies, el salario mínimo es de 18.000 euros al año, por encima del sueldo base de un funcionario de nivel A1 (17.049,72 euros anuales) si no se tienen en cuenta complementos ni trienios, y según consta en el documento de retribuciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lidl también pactó con los sindicatos una subida por encima de la media de los convenios, en concreto del 3,5% para este año y de al menos el 3% para los dos próximos años. Además, en la negociación se incorporó una cláusula de revisión para actualizar los salarios en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC), de esta forma, las subidas podrían llegar a ser de hasta el 19% en cuatro años.

Dia, con el 4,4% de la cuota de mercado, actualizó el convenio para sus empleados de tienda y almacenes con subidas de entre el 8 y el 12% en los próximos dos años. Para el personal de oficina, la compañía actualizó los salarios un 5% para este año para los empleados con salarios inferiores a los 30.000 euros.

Así, aunque la propuesta de Podemos incide en mejorar las condiciones laborales de los empleados de los supermercados, lo cierto es que se trata de un sector donde la negociación colectiva ha logrado más avances salariales para los empleados que en otros. Las subidas de las principales cadenas de supermercados superan en todos los casos los incrementos pactados para los empleados públicos.

Empleo estable y diverso

Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) apuntan a este periódico que “las subidas salariales han sido generalizadas” en todo el sector y subrayan que entre el 85 y el 90% de los contratos son de larga duración, por lo que el empleo que generan los distribuidores es estable. Las empresas van dando pasos para cerrar la brecha de género que existe, pese a que se trata de un sector en el que el 70% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres. 

Según el I Informe de la Distribución Alimentaria de Proximidad en España, “las más de 600 franquicias asociadas en 2021 generaron alrededor de 2.300 empleos, en un importante porcentaje ocupados por colectivos de inmigrantes extranjeros o emprendedores nacionales, que se arraigan en entornos necesitados de servicios, como son los rurales”.

“No hay oligopolio”

Una de las críticas de Podemos hacia el modelo de distribución actual es que consideran que se produce un “oligopolio” por la concentración de la cuota de mercado. Pero desde el sector defienden que “tenemos un formato muy equilibrado entre operadores y un consumidor que valora mucho el precio. No hay un oligopolio, tenemos el formato más competitivo”, en declaraciones de José María Bonmatí, director general de AECOC.

«Veo difícil una aportación de valor del sector público con tantos operadores para que los productos lleguen con precio asequible al consumidor», argumentó Bonmatí, tras calificar las manifestaciones de la líder morada como «fuera de la realidad». «Parecen que están en la era de la posverdad», concluyó.