La subida de las cotizaciones sociales que comprende la reforma de las pensiones aprobada en marzo traerá consigo la destrucción de al menos 140.000 empleos en cuatro años, según calcula el Banco de España. El cambio legislativo, por tanto, no solo será insuficiente para equilibrar el sistema y terminar con su déficit, sino que en base a esta estimación preliminar provocará estos efectos desincentivadores sobre la creación de empleo -aunque limitados- al aumentar los costes laborales.

Aunque la última parte de la reforma de las pensiones se aprobó en marzo, esta es la primera vez que el supervisor ha ofrecido una opinión sobre la misma, en el marco de su informe anual. Esto se debe a que el Banco de España presentó su anterior informe tan solo seis días después de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto, por lo que no tuvo tiempo de incluir sus valoraciones en el documento anterior.

Ya otras instituciones económicas como BBVA Research y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) habían advertido de este posible impacto sobre el empleo. Eso sí, los cálculos del BdE arrojan resultados muy por debajo de estas otras casas de estudios. BBVA hablaba de 240.000 puestos de trabajo perdidos a largo plazo -sin especificar años- y Fedea de 117.000 en un año tras el despliegue completo de la norma y de casi 240.000 puestos de trabajo en el periodo de tres años.

En cualquier caso, el Banco de España se esfuerza en remarcar que esta aproximación es teórica, preliminar y rodeada de todo tipo de interrogantes, puesto que nunca se ha realizado un cambio así sobre las cotizaciones en el mercado de trabajo y el impacto que tendrá es incierto. Por eso insiste en que la cuantificación del efecto que el incremento en los costes laborales que se deriva de estos cambios normativos aprobados recientemente podría tener sobre el empleo, los salarios o la competitividad de la economía española "es compleja y extraordinariamente incierta".

Además, el cálculo tampoco se ha hecho en base a la nueva reforma, sino que parte de una fórmula obtenida de uno de sus ejercicios de simulación en base a la evidencia empírica anterior. Y es la siguiente. "Un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%". En el mismo capítulo dos del informe anual, el Banco también resalta que el aumento de las cotizaciones planteado es de 2,7 puntos porcentuales cuando se desplieguen todas las medidas incluidas en la reforma, citando cálculos de la AIReF.

Pero a priori la estimación del Banco es que la medida supondría una caída del empleo y que ese impacto "incidiría negativamente sobre las estimaciones de ingresos y supone un riesgo a la baja sobre la situación financiera del sistema de pensiones español", según ha asegurado el director de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán. Aquí, el portavoz destaca el riesgo a la baja "no despreciable" -recoge el informe- sobre las estimaciones de ingresos derivadas de esa pérdida de empleo.

Más allá de eso, el informe no entra a valorar si el impacto que se podría producir es pequeño o grande. Desde el Ministerio de Seguridad Social han asegurado en diferentes ocasiones que este cálculo de la AIReF sobreestima la subida planeada de cotizaciones sociales, puesto que en el departamento de Escrivá calculan que el incremento será de 1,4 puntos.

Hay que recordar que estos impuestos al trabajo aumentarán con la reforma de las pensiones en su mayoría por el destope de las bases máximas de cotización, aunque también influirán la cuota de solidaridad (ese recargo a las cotizaciones para los salarios más altos) y el mecanismo de equidad intergeneracional (la subida extra de las cuotas para financiar las pensiones, en vigor desde el pasado enero).

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el cálculo efectuado por este medio en base a la fórmula del BdE toma como referencia la población ocupada que según el INE había en España en el primer trimestre de este año, de 20,45 millones. Pero previsiblemente esta cifra se queda pequeña, puesto que el Gobierno espera que la tasa de paro, actualmente en el 13%, se reduzca por debajo del 10% en 2026, con consecuentes aumentos del número de ocupados, por lo que esta estimación sería un mínimo o punto de partida que aumentaría si los trabajadores crecen.

"Será necesario adoptar nuevas medidas"

Por otro lado, el organismo aprovecha la ocasión para constatar algunas cosas más que conocidas, como que el gasto en pensiones aumentará por el envejecimiento de la población y por la vinculación de estas prestaciones con el IPC, o que el ahorro calculado por el Gobierno por los incentivos para retrasar la edad de jubilación son optimistas, en comparación con las estimaciones de otras instituciones. Asimismo, remarca que las medidas aprobadas por el Gobierno no serán suficientes.

"El análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en nuestro sistema de pensiones desde 2021 —si bien está sujeto a una elevada incertidumbre— apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera", recoge el nuevo Informe anual del Banco de España. Será así puesto que el sistema de pensiones español "probablemente deberá afrontar mayores obligaciones de gasto a largo plazo que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos".

Por último, hay que señalar que la reforma de las pensiones prevé la activación de un mecanismo extraordinario que entrará en funcionamiento, o no, dependiendo de cómo evolucionen los ingresos. Es algo que se estimará en 2024 y 2025, y una parte importante dependerá del informe de envejecimiento que publicará la Comisión Europea en 2024, "pero el análisis del conjunto de medidas de distintas instituciones sugiere que previsiblemente se tendrán que anunciar nuevas medidas en 2025", ha constatado Gavilán.

En ese sentido, el Banco recomienda, "especialmente teniendo en cuenta la relevancia de los cambios implementados" que se lleve a cabo "una evaluación rigurosa, continua y transparente de la magnitud de sus efectos [de la reforma de las pensiones], incluyendo sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional".

Y en esa línea pide un análisis que revele el alcance de los incentivos a posponer la edad de jubilación, más un estudio sobre los posibles efectos sobre el mercado de trabajo y la competitividad de las empresas del incremento de las cotizaciones sociales, así como analizar sus consecuencias redistributivas para dotar de transparencia al sistema, debido a que parte de la subida de las cotizaciones no dará lugar a mayores derechos de pensión y a que las medidas se desplegarán de forma progresiva.