Ninguno de los accionistas que votó contra la marcha de Ferrovial a Países Bajos en la reciente junta general de accionistas ha ejecutado el denominado derecho de separación, que implicaba vender las acciones del grupo a un precio de 26 euros por título.

Así, la compañía presidida por Rafael del Pino mantiene sus planes para trasladar la sede social fuera de España, en un movimiento que contó con la férrea oposición del Gobierno.

Tras el fin del plazo de un mes que fijó la empresa para que aquellos accionistas disconformes pudieran salir del capital, Ferrovial asegura que no le consta que ninguno haya reclamado ejercer dicho derecho. El próximo miércoles se dará por cerrado el proceso, a falta de que se corrobore esa información sobre la que la constructora no espera cambios.

Tampoco dice tener constancia de que ningún acreedor se haya opuesto al traslado de la sede social, que contó con un respaldo del 93,3% del capital presente en la junta de accionistas celebrada el 13 de abril. La firma había puesto como condición para seguir adelante con sus planes que los derechos de separación de los accionistas críticos no superasen los 500 millones de euros.

La única incógnita era lo que podría ocurrir con el hermano del presidente, Leopoldo del Pino, que votó en contra de la decisión de trasladar la sede. Sin embargo, decidió no ejercer el derecho de separación. No en vano, controla un 4,15% del capital del grupo. El resto de los que votaron en contra apenas suponían un 0,29% del capital.

A partir de ahora, la hoja de ruta pasa por cotizar en la bolsa de Ámsterdam para solicitar más tarde la entrada en el mercado estadounidense, donde pretende acceder en la segunda mitad del año.