La economía sumergida, el tabú de la campaña aunque supera el 20% del PIB

Si ha atendido durante las últimas semanas a las promesas electorales es probable que haya oído todo tipo de propuestas, desde las relacionadas con la vivienda a las más ligadas a las ciudades o al medio ambiente. Pero hay un tema que no están tocando los candidatos: el de la economía sumergida. Ningún partido lleva propuestas para reducirla en su programa marco a las autonómicas, ni lo están sacando a relucir en sus mítines y discursos. Como si no existiera.

Las actividades ilícitas tienden a ser un tema tabú en periodo de elecciones porque atajarlas podría repercutir negativamente en las expectativas de voto de los partidos. Y mejor dejar las cosas como están, que las papeletas nunca sobran. No obstante, diferentes estudios estiman que la economía sumergida en España representa más del 20% del PIB, por lo que estarían circulando fuera de los cauces oficiales alrededor de 300.000 millones de euros.

¿No interesaría, entonces, atajarla? ¿Es tan difícil aumentar las inspecciones de Hacienda y de Trabajo con este fin? Y, ¿quiénes son aquellos que desarrollan su vida en b, lejos de los ojos del Estado, y por qué lo hacen?

En este asunto, como en tantos otros, existen un buen puñado de premisas falsas. En primer lugar, la idea de que con un más o menos comedido aumento de la plantilla de inspectores la recaudación se dispararía, y Hacienda ingresaría una cantidad tan superior a la actual que permitiría bajar sustancialmente la presión fiscal a la que hacen frente los españoles -ahora está alrededor del 38%, según Hacienda-.

Algo así como lo que proponía Podemos en las elecciones de 2016 -entonces sí-, o como lo que buscaba Unai Sordo (CCOO) esta pasada semana, cuando pedía "meter en la trena" a quienes utilicen sistemáticamente la economía informal. Según el líder del sindicato, la economía sumergida "da tantos beneficios que las multas no pueden tener un efecto disuasorio por muy altas que sean", de manera que a quien "sistemáticamente la ley sabiendo lo que hace hay que llevarlo a la cárcel".

En segundo lugar, subyace la sensación de que la actividad en b se da porque parte de los trabajadores prefieren no pagar impuestos. Que esa es la razón por la que solicitan a sus empleadores que no les den de alta. De la misma manera, parece que la economía sumergida hace referencia a actividades puntuales, aisladas, e incluso en la sombra, cuando no sucede exactamente así.

La falta de datos

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga lleva 40 años estudiando la economía sumergida y antes de responder a las preguntas deja claro que el principal problema con la economía sumergida es que no hay datos oficiales. Todas las estimaciones, aproximaciones y cálculos publicados sobre el tema se basan o bien en datos de encuestas como las de Población Activa (EPA) o la de usos del tiempo (EET), ambas del INE, o bien en modelos econométricos, que dan una idea de la evolución de la economía y de dónde pueden estarse desarrollando este tipo de actividades, pero en cualquier caso no dejan de ser una interpretación de lo que sucede.

En el caso de las estimaciones que parten de encuestas, el Instituto Nacional de Estadística pregunta a las personas si trabajan o no y cuánto lo hacen; después, se trata de estimar las horas de trabajo no declaradas. Por ejemplo, si un individuo asegura estar trabajando al mismo tiempo que cobra una prestación por desempleo se asume que está trabajando en b. De ahí se obtienen los datos de esos informes que sitúan las actividades ilícitas en sectores concretos, regiones concretas, países concretos. “Pero estos métodos de estimación pueden dejar mucho que desear”, recalca Santos Ruesga.

Es algo que también señala Santiago Lago Peñas, que igualmente es catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo e investigador sénior de Funcas. Lago asimismo participó como experto en la elaboración del libro blanco para la reforma fiscal, encargado por Hacienda y publicado el año pasado.

"Desafortunadamente, no contamos con estimaciones oficiales, como sí existen, por ejemplo, sobre las balanzas fiscales regionales. La inmensa mayoría de trabajos son académicos y ofrecen una horquilla de resultados que va cambiando en el tiempo", asegura, recordando que en el libro blanco se remarcaba la necesidad de que el Ejecutivo impulse un grupo de trabajo oficial, con expertos diversos e independientes para analizar estas cuestiones y realizar estimaciones. Por el momento, el Gobierno ni siquiera publica estimaciones sobre este tema, algo que reivindican los economistas y sus propios inspectores.

Ni erradicarla solucionaría todos los males, ni estar en b una decisión del trabajador

Sobre las otras dos cuestiones, Santos Ruesga es claro: ni se sabe cuánto se recaudaría en caso de lanzar una estrategia más firme de lucha contra la economía sumergida, por lo que no sería la solución a todos los males, ni los efectos serían solo positivos. Explica que no está tan claro que toda esa producción en b se pueda trasladar directamente al cauce legal, puesto que también llevaría al cierre de empresas, o a la subida de precios de productos de consumo frecuente que son hoy más baratos porque la empresa que los fabrica se está ahorrando parte de los costes de forma ilícita.

A la vez, insiste en que los trabajadores son la parte más vulnerable de la cadena que les lleva a quedar fuera de la ley, remarca que en rara situación son ellos quienes eligen quedar en esa situación, y también que se suelen dedicar a actividades más visibles de lo que se piensa. Un trabajador que está contratado a media jornada pero que realmente hace la jornada completa y el agricultor sin contrato que recoge los productos que después se venden en algunos de los mayores supermercados de España son ejemplos frecuentes de actividad informal, que repercuten negativamente en la economía bastante más que el caso de un estudiante que “echa una mano” cuidando unos jardines, una piscina o a niños en su tiempo libre y cobra en mano, o que ocupaciones ligadas al crimen.

Dónde, cuándo, quiénes

Entonces, ¿quiénes se dedican a la economía sumergida exactamente? Los estudios apuntan a que se da sobre todo en el sector primario (agricultura, ganadería, pesca, extracción de minerales), en la construcción y en la hostelería. Es decir, actividades de baja cualificación, donde el empleado está más indefenso a causa de su menor formación y cultura laboral y jurídica.

Es por eso que se deduce que en España el empleo informal estaría más concentrado en las regiones de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, donde representaría más de un 25% de su PIB. Por eso, la lucha contra este tipo de actividad no solo tiene que ver con la inspección, sino con el modelo económico, ya que en actividades más productivas y empresas más grandes es más complicado operar fuera de la ley.

Sin embargo, en este mapa del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de otros estudios revela que, pese a las grandes diferencias entre comunidades autónomas, la economía sumergida no es algo residual en ninguna: incluso Madrid, la que tendría una tasa más baja, sería del 16%, aún muy por encima del 12% que marca la media europea.

A nivel comunitario, España estaría por encima de la media. Según un estudio de referencia elaborado por los economistas Leandro Medina y Friedrich Schneider y publicado en 2017, la economía sumergida del país representaría el 17,2% del PIB, mientras que la media europea estaría en el 16,6%. Por debajo, con un menor peso de la actividad de este tipo, estarían Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, mientras que con más actividad informal estarían Italia y Grecia.

Sobre el cuándo, aunque tampoco está del todo confirmado, la teoría apunta que se genera más economía sumergida en tiempos de crisis, ya que el mayor desempleo obliga a parados a aceptar ocupaciones sin regular. De la misma manera, también da la sensación a los expertos de que el reciente hábito de pagar de forma digital ha llevado a reducir el volumen de estas actividades. Por último, la pandemia podría haber cambiado en parte el fenómeno, pese a que los economistas remarcan que aún está claro de qué manera, ni hasta qué punto es un factor que estaría contribuyendo a la mayor recaudación que este año ha registrado Hacienda.

"Mi impresión es que la digitalización de los pagos y la mayor consciencia de la pérdida de derechos que les supone a los trabajadores trabajar en b, ambos procesos provocados por la pandemia, ha reducido la economía sumergida y, de ahí, el fraude fiscal y a la Seguridad Social. Las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social muestran un crecimiento del empleo exagerado, teniendo en cuenta lo que está creciendo el PIB y lo que dice la EPA. Hablamos de cientos de miles de empleos", apunta Santiago Lago.

Por todo ello, el Gobierno en su informe de prospectiva España 2050, asegura que su sexto objetivo de aquí a entonces es "reducir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE" antes de que llegue ese año. Su idea es hacerlo reforzando los recursos de la administración tributaria dedicados a la inspección, porque en los Veintisiete, de media, cuentan con una proporción mayor de empleados con estas funciones.

Pero también menciona la necesidad de mejorar la comunicación entre la Agencia Tributaria, las haciendas autonómicas y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de impulsar nuevas tecnologías para esa Inspección, y de reforzar la comunicación y la concienciación. En eso la plantilla de dicho departamento le pide que se ponga manos a la obra, porque coincide: no hay tiempo que perder.