La Comisión Europea recomienda a España que acabe a finales de año con las medidas de apoyo a la energía que aprobó para aliviar las facturas disparadas por la guerra de Ucrania. En consecuencia, el Gobierno impulsó varias medidas y prorrogó las rebajas fiscales ya aprobadas en el verano de 2021, dado que los precios eléctricos se dispararon hasta máximos históricos.
Este mes de abril el Gobierno había prometido a Bruselas, en el Programa de Estabilidad 2023, que iría "retirando durante 2023 y 2024 las medidas extraordinarias de apoyo en respuesta al impacto de la guerra". Y es ahora cuando la Comisión aconseja que se haga antes, y que en caso de que de nuevo aumenten los precios de la energía, se vuelvan a aprobar ayudas pero en esta ocasión orientadas a los más vulnerables, no de forma generalizada como actualmente.
"Recomendamos que España tome medidas para poner fin a las medidas de apoyo a la energía a finales de 2023 utilizando los ahorros que este genere para reducir el déficit. En caso de que los precios de la energía suban y de que se requieran medidas de apoyo, hay que asegurarse de que se dirigen a proteger a los hogares y empresas más vulnerables, que se son asumibles fiscalmente y de que se mantienen los incentivos para ahorrar energía", escribe la Comisión en sus recomendaciones del Semestre Europeo, publicadas este miércoles, donde opina sobre el mencionado Programa de Estabilidad.
Garantizar que España tiene capacidad para gestionar los fondos
Otra de las recomendaciones pide que España mantenga el ritmo de implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia -el paquete de reformas que se implantarán en el país a cambio de recibir fondos que el Gobierno no tendrá que devolver-. Pero además Bruselas sugiere asegurarse de que España tiene "tienen "suficiente capacidad administrativa" para gestionar los fondos, ya que la parte del plan que habrá que implementar durante los próximos años va a aumentar progresivamente.
En la actualidad la oposición ya critica el bajo ritmo de despliegue de los fondos europeos, aunque la propia Comisión defiende que el país está ejecutando las cantidades más rápido que ningún otro estado, aunque sea de manera más lenta de lo que en un principio se preveía. Como parte de las medidas ligadas al Plan de Recuperación, se ha aprobado la reforma laboral, la de pensiones y la del sistema de cotización de los autónomos, entre muchas otras.
El gasto, limitado al 2,6%
Del lado fiscal, la Comisión insiste en que el Gobierno debe garantizar una política fiscal prudente y que debe limitar el incremento del gasto en el 2,6%. Es decir, que el próximo ejercicio España no debería gastar más de un 2,6% más de lo que gaste este año. Esta petición tiene que ver con la necesidad de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB. En 2022 se situó en el 4,81%, y este año la intención es reducirlo al 3,9%, y de nuevo hasta el 3% en 2024.
Esta petición es una buena noticia para el Gobierno, que ya tenía previsto gastar el próximo año un 2,6% en comparación con este ejercicio, frente al 2,7% de este año respecto al anterior y de nuevo hasta el 3% en 2024. Así, si España cumple con lo prometido, abandonaría el Procedimiento de Déficit Excesivo en 2024.
"España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En concreto, vulnerabilidades relacionadas con la alta deuda pública y privada", recoge el texto, aunque al mismo tiempo reconoce que se está reduciendo, que el paro está bajando y que las políticas públicas están siendo "favorables". Esta conclusión contrasta con la valoración que hace el Gobierno, que ignora la parte de que España esté registrando aún desequilibrios y se congratula de que en 2024 el país formará parte del grupo que no presenten desequilibrios macroeconómicos por primera vez desde 2012.
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