En los últimos días, el debate sobre si España es un país racista se ha convertido en una cuestión de Estado. Los insultos recibidos por el jugador del Real Madrid Vinícius JR. han detonado la opinión pública sobre una discriminación que en nuestro país sufren millones de personas y que se manifiesta en muchos aspectos, también en el económico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio mensual de las personas extranjeras que trabajan en nuestro país es de 575 euros menos de media que el de un trabajador con nacionalidad española.
La discriminación se produce en todos los sectores: en Industria, en la Construcción y en los Servicios y, con datos de 2018, se puede calcular que asciende a unos 5.000 euros al año menos. Esto sucede independientemente del tipo de jornada, aunque la brecha salarial es inferior en la jornada parcial.
“Sucede lo mismo que si miramos los datos entre hombres y mujeres. (Los extranjeros) desarrollan trabajos más precarios, no acceden a los puestos de mayor categoría”, explica Mikel Mazkiaran, abogado y miembro de la asociación SOS Racismo. Esto justificaría que las remuneraciones de los extranjeros sean, de media, inferiores, que las que reciben trabajadores nacionales.
Esta realidad se plasma en las categorías profesionales de los extranjeros. Según los datos del INE, sólo el 9,44% de los directores y gerentes en España son de origen extranjero, frente al 29% que desarrolla ocupaciones elementales. En cuanto a los técnicos y profesionales científicos o profesionales de apoyo, la representación de los extranjeros es inferior al 10%, igual que en el caso de los empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.
La formación, sin embargo, no justifica que los trabajos a los que acceden las personas migrantes en España estén peor remunerados. De hecho, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) demuestran que el 46,64% de los extranjeros que trabajan en nuestro país tienen educación superior. Para Mazkiaran, existe “un desfase importante en lo que respecta al tipo de trabajo que ocupan y a la titulación que poseen estas personas”. La brecha, indica el abogado, también se produce en el caso de los trabajadores españoles, aunque en menor medida.
Así lo indica también el Informe sobre la Integración de la Población Extranjera en el Mercado Laboral Español, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que recoge que “si nos concentramos en los trabajadores que poseen un mismo nivel de formación, la presencia de extranjeros siempre tiende a ser más relevante en los niveles de cualificación más bajos, lo que induce a pensar necesariamente en un problema de sobrecualificación generalizada de las personas extranjeras”.
El mismo informe, que aporta datos de 2021, señala que “el porcentaje de temporalidad de los contratos es casi el 36% entre los extranjeros frente al 23,4% de los españoles”. En esta línea, y como recogen varios informes del Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB, por sus siglas en inglés), se puede concluir que los extranjeros ocupan sectores y puestos más vulnerables. “Son los primeros que quedan expulsados del mercado laboral cuando hay una crisis”, resume el portavoz de SOS Racismo.
Este conjunto de datos se materializa en una tasa de paro superior a la media para el resto del país. Con datos del primer trimestre de este año, la tasa de paro de los extranjeros en España asciende al 19,9%, siendo del 21,54% para aquellos inmigrantes que no proceden de la Unión Europea. Para los españoles, la tasa de paro es del 12,15%, un punto por debajo de la media entre toda la población activa, del 13,26%.
El abogado destaca que también existe un factor de “situación administrativa” que complica el acceso al mercado laboral de las personas extranjeras. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifran en al menos 150.000 las personas que residen de forma irregular en nuestro país. “Es cierto que algunos de estos residentes irregulares podrían estar trabajando informalmente, pero, en todo caso, se trata de un impedimento esencial en materia de integración laboral plena”, concluyen.
Discriminación en procesos de selección
Además, no es solo que los extranjeros ocupen puestos de peor remuneración y tengan peores condiciones laborales en cuanto a los contratos. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha publicado las conclusiones de un experimento que demuestra que existe un “sesgo discriminatorio hacia los perfiles de hijos de inmigrantes” en los procesos de selección.
Las conclusiones del estudio apuntan a que “los hijos de españoles tienen un 36% más de posibilidades que los hijos de los inmigrantes de ser elegidos para superar el primer proceso de selección en las ofertas laborales”. Por nacionalidades, “en comparación con los hijos de españoles, los hijos de marroquíes tienen un 50%, los hijos de peruanos casi un 30% y los hijos de chinos un 31,7% más de probabilidades de ser rechazados”.
Los hijos de españoles tienen un 36% más de posibilidades que los hijos de los inmigrantes de ser elegidos para superar el primer proceso de selección"
Dependiendo de si las ofertas de empleo son para puestos que requieren cualificación o no, se producen situaciones distintas. El informe recoge que “en un número relativamente importante de casos de ocupaciones cualificadas (4,6%) se produjera una situación de discriminación positiva en los que el currículo que fue seleccionado fue el de ascendencia inmigrante (sobre todo china) y no el de ascendencia autóctona contrastando con que en ocupaciones de poca cualificación ocurriera justamente lo contrario y fueran seleccionados los candidatos de origen español”.
Acceso a la vivienda y fiscalidad
Otra diferencia significativa entre los españoles y los extranjeros es el acceso a la vivienda. Así, según datos del INE, el porcentaje de extranjeros que viven en régimen de alquiler es muy superior a la cifra de españoles que no vive en un inmueble de su propiedad. Así, el 64,2% de los extranjeros extracomunitarios residen en una vivienda en alquiler a precio de mercado, un 6,6% también de alquiler pero a un precio inferior al precio de mercado y solo el 24,3% son propietarios de la vivienda donde viven. Los porcentajes en el caso de los españoles ascienden al 80,3% para los propietarios y al 13% para los inquilinos.
Esto se explica por dos razones, según Mikel Mazkiaran. En primer lugar, “por el propio proceso migratorio”, ya que al llegar al país, la primera opción para instalarse en España es la de una vivienda en alquiler. En segundo lugar, “si el poder adquisitivo es menor, eso genera que no tengan recursos suficientes para acceder a una vivienda en propiedad”. Por último, Mazkiaran puntualiza que “todas las limitaciones generan exclusión. Las limitaciones llevan a ser usuarios de infraviviendas porque son rechazados en otros casos, lleva a barrios y zonas concretas”, resumen.
En el ámbito fiscal también existen diferencias que perjudican a los inmigrantes. Un análisis realizado por el economista Ángel Martínez Jorge y publicado en El País, muestra que los mayores de 16 años nacidos en la Unión Europea o en el resto del mundo soportan un tipo efectivo mayor que los españoles, incluso si están en el mismo decil de renta. Es decir, con un mismo nivel de ingresos, los extranjeros pagan más impuestos directos. Las razones para que esto sucede son diversas y están poco analizadas, pero el autor llega a la conclusión que puede deberse a un desconocimiento del sistema fiscal y de sus deducciones, sobre todo en las relativas a la vivienda en propiedad o a la compra de la misma.
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