El personal de la Inspección de Trabajo está cansado de decir que ya no puede más. Es una de las razones por las que irá a la huelga indefinida el 26 de junio, algo con lo que llevan amenazando meses. De llevarse a cabo, será la primera de la historia que celebran inspectores, subinspectores y personal administrativo del cuerpo. Pero creen que es imprescindible un año y medio después de que firmasen con el Ministerio de Trabajo un acuerdo para reformar el cuerpo, que esta semana Hacienda ha decidido meter en un cajón.
Ana Ercoreca es inspectora de trabajo desde 2008 y presidenta del sindicato de inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) desde 2018, una de las ocho organizaciones sindicales convocantes del paro (CCOO, CIG, CSIF, UGT, SITSS, SISLASS, UPIT y USESS). Contesta a las preguntas de El Independiente en la semana clave para el conflicto ante la ruptura de las negociaciones entre los dos ministerios competentes para la reforma de la Inspección. El personal clama que cuidar al cuerpo es esencial para que puedan velar por los derechos laborales, y se muestra atónito por la falta de voluntad del Gobierno para cumplir lo que ya es ley.
Pregunta.- Llevan desde diciembre amenazando con una huelga que empezará a ser indefinida en unos días. ¿Por qué protestan?
Respuesta.- Todo arranca en 2015, cuando se aprueba la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo, que dice que tenemos que tener una estructura. Nos ponemos en marcha reuniéndonos cada 15 días, se llega a un acuerdo y se diseña cuál tiene que ser la estructura y el plan estratégico, algo que culmina el 3 de diciembre de 2021. Allí estaban María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Pero pasan los meses y no se cumple ni una cosa ni la otra. Y ahora, después de meses en los que ya nos habían dicho que ya se iba a aprobar la relación de puestos de trabajo (RPT) que se pactó, nos informan de que por motivos políticos no va a salir adelante.
P.- Y por eso piden la dimisión de Díaz.
R.- Y la de Montero. Ahora creemos que la responsabilidad es de Hacienda porque Trabajo ha hecho toda su parte, pero lo cierto es que esto no está saliendo adelante. El ministro de Seguridad Social ha conseguido solucionar el problema con su plantilla, la ministra de Justicia también, y aquí ahora el problema es conjunto. Puede ser que sea más culpa de Hacienda, porque según Trabajo es Hacienda quien ha decidido que se retira, pero Yolanda Díaz también tiene responsabilidad y por eso pedimos la dimisión de ambas. Ellas tienen que explicar para qué han estado funcionarios destinando tiempo, esfuerzo y salarios pagados por ti y por mí trabajando en cosas que luego han decidido meter en un cajón.
P.- ¿En qué consistía exactamente ese acuerdo de julio de 2021 que no se está aplicando?
R.- El plan estratégico, que está publicado en el BOE, es una radiografía del mercado de trabajo y ve dónde existen problemas: en los contratos a tiempo parcial, en los temporales, con los becarios… y a partir de ese diagnóstico se designan líneas de actuación que consisten en cambios que hay que llevar a cabo en la Inspección de Trabajo. Hay que optimizar, hay que crear unidades, responsabilidades, hay que cambiar el modelo y el sistema de la inspección. Los compañeros del nivel 26 están haciendo lo mismo que el resto, pero cobrando 300 euros menos. A día de hoy hay gente que ejerce de coordinador sin cobrar como tal. Necesitamos una subdirección de informática, más medios, más organización. Todo eso se cambia. También incluye subidas de sueldos porque se crean más puestos y porque llevamos mucho tiempo con un incremento enorme de competencias.
P.- Como dice, ahora Trabajo acusa a Hacienda de bloquear la negociación. ¿Por qué creen que no se aplica lo ya firmado?
R.- No lo sé, pero eso es algo que tiene que justificar Hacienda, porque de la noche a la mañana, teniendo todo el trabajo técnico hecho decide que no sale adelante. Tendrá que explicar por qué está incumpliendo un plan estratégico. Lo que tienen que hacer es cumplirlo, porque ellos lo firmaron. La Administración tiene que dar ejemplo, es como si yo tuviera a una empleada de hogar sin dar de alta. El Gobierno dice que los ciudadanos tienen que cumplir la ley, cuando ellos mismos no cumplen lo que publican en el BOE.
P.- ¿Cuáles van a ser vuestros siguientes pasos?
R.- Denunciar en todo momento el colapso, que no hay medios, que no se pueden hacer las cosas, e intentaremos que [el Ministerio de Hacienda y también de] Función Pública entre en razón. La Inspección no tiene medios ni tiene estructura para llevar a cabo lo que se está anunciando, ¡es que vamos a un anuncio semanal de cosas nuevas que tenemos que hacer por parte de Yolanda Díaz! Que si supervisar a las empleadas de hogar, la prohibición de trabajar durante olas de calor, antes, los informes de los ERTE, la reforma laboral, los planes de igualdad, la habilitación del Covid… no puedes salir diciendo que hacen falta condiciones de trabajo dignas cuando lo que hacen falta son inspectores. La carga de trabajo se ha incrementado de una forma brutal. Esto está saliendo adelante gracias al esfuerzo de todos los trabajadores, porque tenemos vocación de servicio público, pero llega un momento que los propios trabajadores y los funcionarios no podemos más. Y puede ser que escuche a todos colectivos y a nosotros no.
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