Con la convocatoria de elecciones generales para el domingo 23 de julio, queda la duda de qué sucederá con el buen puñado de leyes ya aprobadas por el Ejecutivo que la oposición ha prometido derogar, pero sobre todo se desconoce qué sucederá con las leyes que estaban a punto de salir adelante. Es cierto que aunque las Cortes se disolverán mañana, el Gobierno no estará en funciones hasta después de los comicios, por lo que podrá seguir sacando adelante leyes en cada Consejo de Ministros.

Además, cuando el Congreso está disuelto la Diputación Permanente -la versión "reducida" de esta Cámara, con 68 miembros divididos en grupos según los resultados de las últimas elecciones- tiene entre sus funciones convalidar o derogar los decretos leyes que apruebe el Gobierno, así que esas medidas en teoría pueden seguir siendo convalidadas de aquí a finales de julio. Otra cosa es que los ministros calculen que no les compensa dedicar esfuerzos a terminar esos trabajos, por un motivo u otro, o que no consiga negociar su aprobación con la situación actual.

Sea cual sea el caso, lo que ahora está claro es que el Gobierno tiene entre manos una gran cantidad de iniciativas de corte económico que viene prometiendo desde hace meses y que ahora podrían quedarse en el aire. Son las siguientes.

La nueva factura de la luz

Millones de españoles están pendientes de lo que ocurra en el sector energético. La reforma de la tarifa PVPC estaba cerca de aprobarse en el Consejo de Ministros, pero con el adelanto electoral podría verse afectada.

De hecho, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen Muñoz confirmó recientemente que "próximamente estará aprobada" la nueva tarifa regulada de la luz. Algo que, por ahora, el Ejecutivo pone en cuarentena. Fuentes ministeriales indican que al tratarse de un “real decreto no debe pasar por las cortes”, sin embargo se pide cautela y no lanzar campanas al vuelo.

La reforma del sistema eléctrico español era una de las exigencias que impuso la Comisión Europea el año pasado para que se aprobara el mecanismo ibérico. El objetivo de esta nueva metodología es la de desligar el PVPC del mercado mayorista de la electricidad (pool), que, al haber sido el más afectado por la escalada de los precios energéticos, ha convertido a los consumidores domésticos en los grandes damnificados de la espiral alcista.

Tradicionalmente, el precio de la tarifa regulada ha sido la opción más económica para los españoles. Sin embargo, con el estallido de la guerra en Ucrania el precio de la electricidad fue extremadamente volátil y el coste por megavatio se disparó hasta máximos históricos. La nueva tarifa PVPC seguirá siendo calculada tomando en cuenta los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel).

Sin embargo, a diferencia de la versión actual, se reducirá progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario. En su lugar, se incorporarán los precios más estables ofrecidos por los mercados a plazo del Mibel, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros.

Con todo, la oscilación de precios entre máximos y mínimos diarios también se reducirá de manera significativa en comparación con la actual. Así, esta oscilación se reducirá de un 27% a un 17%, mientras que en la media mensual a lo largo del año se reducirá del 23% al 16%.

Del Estatuto del Becario a la reforma de la Inspección de Trabajo

El Estatuto del Becario llevaban negociándolo más de un año el Ministerio de Trabajo, sindicatos mayoritarios y organizaciones de empresarios, pero aún no estaba cerrado, sobre todo por las dificultades para alinear a las tres partes sobre cómo limitar las prácticas extracurriculares para evitar que con ellas se abuse del trabajo de estudiantes. Yolanda Díaz dijo hace dos semanas que la reforma saldría "con carácter inmediato", pero desde entonces no se han producido avances en la mesa.

Por otro lado, el personal de la Inspección de Trabajo ha convocado una huelga indefinida a partir del 26 de junio, y ahora están celebrando paros parciales a diario, para protestar porque el Gobierno aún no ha puesto en marcha una reforma de su estructura que se pactó en julio de 2021 y publicó en el BOE a finales de ese mismo año. Ahora el Ministerio de Trabajo acusa al de Hacienda de bloquear la iniciativa por motivos políticos, y la convocatoria de elecciones complica aún más que lleguen a un acuerdo.

En cambio, del lado del Ministerio de Seguridad Social confirman que sí seguirá adelante la flexibilización del arraigo por formación, que busca agilizar la regularización de extranjeros que ya viven en España para que puedan acceder más rápido al mercado de trabajo. Es algo que estaba previsto que se aprobase en cuestión de días y a través de una instrucción, por lo que no requerirá ningún trámite parlamentario.

Por otro lado, la última parte de la reforma de las pensiones, esa orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema sobre todo a través del incremento de las cotizaciones, fue convalidada por el Congreso en marzo pero todavía podía recibir enmiendas en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, proceso que ahora queda interrumpido -pero el decreto ya está, y continúa, en vigor-. En la misma situación queda la primera parte del Estatuto del Artista.

La Autoridad del Cliente Financiero y el observatorio empresarial

También la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero fue aprobada en el Congreso la pasada semana, con el objetivo de proteger a los clientes de bancos, aseguradoras y productos financieros. El siguiente paso era el visto bueno del Senado, donde ya se encontraba el proyecto de ley. Ahora la Asociación de Usuarios Financieros ASUFIN teme que quede en un cajón, y este lunes su presidenta ha manifestado su "esperanza" por que "el nuevo Gobierno no abandone este proyecto".

También por parte del Ministerio de Asuntos Económicos estaba previsto la puesta en marcha de un Observatorio de Márgenes Empresariales en el mes de junio, una iniciativa que había pedido Comisiones Obreras, que insistía en la necesidad de contar con información oficial sobre los márgenes de las empresas -esto es, lo que las empresas se quedan tras la venta de cada producto, descontando los costes- para utilizar esa información en la negociación de convenios colectivos.