El Consejo de Ministros Extraordinario celebrado para disolver el Congreso de los Diputados y adelantar las elecciones general al próximo 23 de julio ha dejado como segundo titular el acuerdo para aportar 440 millones de euros para "espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional".
El acuerdo sustituye al anterior celebrado en 2020 y tendrá una duración de dos años prorrogable por un máximo de otros dos años. La cuantía del trato 440 millones de euros, se eleva notablemente respecto a los 66 millones de euros que se fijaron en el plan de 2020 y supera en 163,7 millones de euros las ayudas directas de 276,7 millones de euros a los sectores agrícolas por la sequía.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estos 276,7 millones, algo que desde el campo se tomó como un balón de oxígeno más que como una salvación, ya que no solo irán a herbáceos, sino que hay muchos cultivos en situaciones de sequía muy severa, como los frutos secos, el olivar o la viña, que pueden requerir este apoyo.
La cifra referenciada tras el Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo aumenta en 85 millones de euros lo movilizado por el Estado para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino. Los ganaderos dispondrán de una ayuda de 355 millones de euros para compensarles por el incremento de los costes de producción, muy por debajo de los 440 milones de euros de los que dispondrá el Ministerio de Hacienda y Función Pública para publicidad electoral en medios.
La ganadería extensiva, principalmente la ovina-caprina y el vacuno, ve agravada su situación por la ausencia de pastos. Los ganaderos tienen que recurrir a la compra de pienso y forraje para mantener a sus animales. En el caso de estos últimos su precio se ha duplicado en el último mes y se atisban problemas de abastecimiento durante los próximos meses.
El anuncio se ha producido en un contexto muy especial, a tan solo 54 días para las elecciones generales anticipadas por el Gobierno después de la debacle en las elecciones autonómicas y municipales del 28-M.
Se trata de una decisión que tomó el presidente Pedro Sánchez para contener la sangría del PSOE y frenar el debate interno. De esta manera, Sánchez busca minimizar los daños en su organización, consciente de que en diciembre el resultado podría ser peor.
El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en el ámbito estatal.
El Ejecutivo ha informado de que la adjudicación del acuerdo marco se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, evaluándose las ofertas mediante criterios económicos.
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