Uno de los cambios que ha supuesto la pandemia del coronavirus tiene que ver con las citas previas en la administración pública. Algunas instituciones no permiten realizar ningún tipo de gestión sin cita, pese a ser algo habitual antes de la llegada del virus, y también a pesar de que la emergencia por la pandemia ha terminado. En protesta, tanto ciudadanos como expertos en derecho han puesto el grito en el cielo durante los últimos meses, alertando del riesgo de discriminación que supone exigir obtener una cita previa sobre todo para la población de edad más avanzada o con pocas capacidades digitales o recursos para disponer de tecnología en el hogar. Ahora, es el Consejo Económico y Social (CES) quien este miércoles ha advertido sobre el "malestar" y la "insatisfacción" ciudadana que esta situación está provocando.

El CES considera preocupante el hecho de que "no haya presencialidad para atender a los ciudadanos en los servicios públicos", y advierte de que este hecho puede llevar a que España termine apareciendo en rankings internacionales de pequeña corrupción, a raíz de la aparición de un mercado negro de citas para aquellos que lo las consiguen por la vía oficial. Arguye que aún no se ha convertido en una conducta generalizada, pero precisamente por eso "hay que cortarlo ya". "Es una advertencia", afirmó el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, en la presentación de su última Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España.

Para el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, eso de que pedir cita previa sea obligatorio para ser atendido en sus oficinas es "un bulo", a pesar de que así constaba en su web hasta hace unas semanas. Mientras que antes de la pandemia el ciudadano podía entrar a las oficinas y coger allí mismo un número para ser atendido, con el Covid se decidió que allí no entraba nadie "si no era con cita previa", como ya explicó Ricardo Aguirre, portavoz del sindicato CSIF en la Seguridad Social y también administrativo del organismo a este periódico. Al mismo tiempo, varias asociaciones de jubilados, como la Plataforma de Pensionistas de l’Alacantí, se manifestaban ante las oficinas del INSS de su ciudad a grito de «que vuelva ya la cita presencial».

"Desde el punto de vista de la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social, a lo largo de 2022 siguieron detectándose importantes dificultades en su tramitación, por demoras en la concesión de citas, falta de disponibilidad de citas presenciales en las oficinas de la Seguridad Social y retraso en el acceso a las prestaciones. Aunque se tomaron medidas al respecto, se requiere todavía un refuerzo de la plantilla de la Administración de la Seguridad Social, además de medidas específicas dirigidas a mejorar la atención presencial y ampliar la atención telefónica", cita en su informe el CES. Precisamente hace un par de semanas, y tras llegar a un acuerdo con el Ministerio, la plantilla de Seguridad Social levantó la huelga que había convocado para protestar por la falta de plantilla con la que realizar sus funciones.

El CES ahonda en que la digitalización es positiva, porque está trayendo "grandes beneficios a las personas consumidoras y usuarias" pero alerta de que al mismo tiempo está generando "perjuicios en términos de acceso a servicios, especialmente a los prestados por las administraciones públicas que, sobre todo, a raíz de la pandemia, han incrementado el número de trámites que implican acceso digital". "El sistema de organización de la atención ciudadana mediante un servicio de cita previa accesible solo por vía telemática y la falta de intuitividad/accesibilidad de las plataformas dispuestas para el acceso a los servicios que requieren trámites administrativos, añadido a la complejidad de estos últimos en algunos casos, han provocado inaccesibilidad e insatisfacción creciente en el ámbito de los servicios públicos de atención al ciudadano".

Desde el Ministerio de Seguridad Social siempre han mantenido que la cita previa es tan solo una manera de ordenar las gestiones, y también han precisado que se atiende sin ella a todo aquel que acude a una oficina del INSS, si precisa que su trámite es urgente. Sin embargo, expertos en derecho administrativo aseguran que no es legal exigir una cita previa en ninguna administración, salvo en casos de verdadera excepcionalidad como fue la pandemia.

Cabe recordar que la cita previa obligatoria no es algo que solo exija la Seguridad Social. Otras instituciones que también la han venido exigiendo al menos hasta hace unos meses han sido la Junta de Andalucía, multitud de sedes del Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Barcelona y la Policía Nacional para Extranjería y para obtener y renovar el DNI y el pasaporte, entre otras. Desde los sindicatos entienden que se trata de algo directamente relacionado con la falta de manos en la Administración, que empuja al Estado a tomar medidas de este tipo.