Seguridad Social se ha propuesto recuperar los cobros indebidos del ingreso mínimo vital (IMV) con más celeridad. Para ello, ha puesto sobre la mesa un nuevo plan de intensificación que consiste en la realización de horas extraordinarias en aras de reclamar las cuantías a personas que hayan percibido más dinero público del que les correspondía. A cambio, y según el procedimiento que lleven a cabo los empleados públicos, se les recompensará con una cuantía u otra.

Cuando un ciudadano solicita el IMV, la Seguridad Social cruza sus datos con los de la Agencia Tributaria. No obstante, los datos sobre rentas no siempre están actualizados. Este sería uno de los motivos por los que se producen estos cobros indebidos. Y es que si se producen cambios significativos en los ingresos de esa persona, también cambia la cuantía que percibe como ingreso mínimo.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el departamento que dirige José Luis Escrivá, del que depende esta prestación, informa a los empleados públicos que “dado el importante número de deudas pendientes por reclamar que se han venido generando [...] resulta necesaria la implantación de un nuevo plan de intensificación que agilice el procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas”.

Así, el plan de intensificación se centra en cuantías percibidas en 2021 cuando se realizaron “controles de renta” correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 2019 y 2020, según consta en un correo interno. Este plan de horas extras durará 4 meses y se iniciará el próximo 15 de junio, según las previsiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Remuneraciones

Como en la anterior propuesta del Ministerio, que publicó este periódico, se han cifrado en distintas cuantías las remuneraciones que percibirán los empleados que acepten realizar estas tareas fuera de su jornada laboral. Así, la administración abonará 10,5 euros por cada acuerdo de inicio tramitado y por cada resolución definitiva de deuda emitida. A 3,5 euros se pagarán las resoluciones de aplicación del procedimiento de compensación directa. El INSS calcula que para las tareas mejor pagadas se destinarán unos 30 minutos, mientras que para las resoluciones de compensación se necesitan unos 10 minutos. 

Es decir, el empleado público deberá comunicar al beneficiario de la prestación que se ha producido un cobro indebido y que se debe reintegrar esa deuda a la Seguridad Social. A continuación, el ciudadano podría presentar alegaciones o documentos que muestren lo contrario. Por último, se pasaría a la resolución definitiva de deuda que consiste en compensar en los siguientes cobros las cuantías que se han recibido de forma incorrecta.

Perdón de las deudas

Este plan de intensificación llega seis meses después de que la Seguridad Social “perdonase” estos cobros indebidos si no superaban el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas y si en el hogar que percibía el IMV había al menos un menor de edad.

En concreto, en el Real Decreto 20/22 del 27 de diciembre, apuntaba que “no hacerlo supondría que la unidad de convivencia tenga que devolver, mediante la aplicación de descuentos sobre las sucesivas mensualidades de la prestación de ingreso mínimo vital, o mediante las otras modalidades reguladas en los procedimientos general y especial de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, importes muy reducidos, lo que, lejos de paliar su situación, implicaría una reducción tal de la cuantía total mensual del ingreso mínimo que haría que la situación de especial protección se agravase”.

Mediante ese Real Decreto se modificó la ley del Ingreso Mínimo Vital, por lo que aunque no se ha cifrado la cuantía que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere recuperar, si las cuantías no superan el 65% de las pensiones no contributivas estas no podrán ser reclamadas a los hogares en los que haya menores.

Aunque no se conoce la cifra total que espera recuperar el departamento de Escrivá, sí puede asumirse que serán pagos inferiores a los 314,99 euros, que representan el 65% de la cuantía máxima de las pensiones no contributivas, de 484,61 euros mensuales. Fuentes del Ministerio confirman que no se puede saber por adelantado cuál es la cantidad que recuperarán las arcas públicas.

“Necesidades estructurales”

Fuentes sindicales subrayan que este nuevo plan de intensificación muestran que la Seguridad Social tiene “necesidades estructurales” que no se pueden cubrir “con planes que duran algunos meses” y que llevan a cabo trabajadores “interinos”. De hecho, las mismas fuentes apuntan que estos planes se estarían aceptando por parte de los interinos por miedo a perder su contrato con la administración pública. Sobre las cuantías que ha fijado el Ministerio, señalan que “parece un mercadillo” por la forma de compensar en minutos y euros que se ha establecido en esta ocasión.

Por otra parte, consideran que este plan es, además, una “decisión política, igual que lo fue el perdón de las deudas en su momento”, añaden. No obstante, reconocen que el plazo para reclamar estos cobros es de 4 años.

Desde Seguridad Social apuntan que este plan de intensificación forma parte de las iniciativas para "mejora de la atención presencial en las oficinas" del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). "Se están abriendo varios procesos para desarrollar otras tareas fuera del horario de apertura de las oficinas, de forma que el horario de apertura se focalice en la atención presencial", añaden.

Este aspecto también está siendo criticado por los empleados públicos, que consideran que el Ministerio quiere evitar las quejas de la ciudadanía mejorando la atención pública, mientras que retrasa las tareas de gestión de expedientes y de prestaciones al relegarlas a la realización de horas extraordinarias.

En 2022, las quejas ciudadanas aumentaron un 73%, tal como publicó El Independiente. La mayoría de las quejas venían por la insatisfacción en la atención que reciben los ciudadanos. En concreto, el 64% de las reclamaciones responden a esta circunstancia. De estas, el 39% señalan que los tiempos de tramitación de la Seguridad Social son excesivos.

Beneficiarios IMV

Hasta finales de mayo, según los datos publicados por el Ministerio, los beneficiarios del IMV ascienden a los 1,8 millones, en 627.957 hogares. Del total, el 43% son menores y teniendo en cuenta la cifra de hogares, en casi el 67% hay al menos un menor. Por ello, el real decreto que perdona las devoluciones de los cobros indebidos tiene una importancia significativa, ya que excluye de esta obligación a la mayoría de los beneficiarios.