El Gobierno enviará este miércoles a Bruselas la petición para acceder a otros 84.000 millones de euros que forman parte del Plan de Recuperación. La bautizada como adenda a dicho plan actuará como un órdago preelectoral: a tan solo un mes y medio de los comicios, el Ejecutivo solicita a la Comisión Europea un dinero a cambio de un buen número de reformas e inversiones que no sabe si podrá acometer, o si será un Gobierno de diferente signo político quien deberá hacerlo.

Pero desde el Ministerio de Asuntos Económicos, a cargo de la solicitud, insisten en que se trata de un enorme trabajo llevado a cabo minuciosamente a lo largo de muchos meses. Con reuniones con las comunidades autónomas, los gobiernos locales, sindicatos y empresarios, diputados y senadores, y, sobre todo, con la Comisión Europea, para tratar de ajustar al máximo la petición con las expectativas de Bruselas, con tal de conseguir un sí rotundo. Que no podía quedar en saco roto.

Remarcan, a la vez, que haber retrasado la petición del dinero por las elecciones casi seguro habría impedido que España pudiera disponer de él, puesto que el plazo de solicitud terminaba el 31 de agosto y elaborarla es un trabajo que conlleva muchos meses. Por tanto, enmarcan la aprobación de la adenda por parte del Consejo de Ministros este martes en un contexto de responsabilidad política con todo el país, una responsabilidad solo busca que España aproveche todos los fondos que la Comisión ha puesto a su disposición.

Si en julio el actual Gobierno pierde las elecciones, esas reformas ya están prometidas a Bruselas a cambio del dinero y el nuevo presidente o presidenta será quien deberá renegociar, si así lo desea, el plan. No obstante en Economía por ahora recalcan que la mayor parte del dinero irá destinado al tejido productivo, esto es, a las empresas del país y no a reformas gubernamentales como sí sucedía con la primera parte del Plan. Por tanto, a quien entre en Moncloa le interesará mantener la ecuación tal y como está, a riesgo de comprometer planes ya anunciados.

12.00 millones para el PERTE chip, 6.000 para el de energías renovables

Desde el momento en el que Bruselas reciba la solicitud de la adenda, que durante la tarde de este martes aún no se había enviado, tendrá hasta dos meses para emitir un veredicto sobre la misma. Una vez aprobado el plan, España podrá pedir 84.000 millones de euros en préstamos -a un menor tipo de interés que el obtenido por el Tesoro Público-, así como a otros 10.300 millones en transferencias -que España no tendrá que devolver-.

¿A qué se destinarán estos fondos y cómo se canalizarán? En el momento en el que se redactó este artículo, Economía no había enviado a los medios el conjunto de la documentación con el contenido de la adenda, pero sí aseguró que la misma contenía 30.000 millones para reforzar los proyectos estratégicos que ya están en marcha (12.000 millones para el PERTE chip, 6.000 millones para el PERTE de energías renovables e hidrógeno verde, 3.000 millones para el del ciclo del agua y otros 3.000 para el de la descarbonización industrial).

Además, se creará un fondo dotado con 20.000 millones para financiar inversiones sostenibles en las comunidades autónomas, en sectores como el de la vivienda, el agua o los residuos. Asimismo el ICO gestionará fondos que pondrán a disposición de las empresas 22.500 millones para financiar proyectos de inversión relacionados con la transición verde y la transición digital. Otro fondo otorgará bonificaciones fiscales por favor de 2.000 millones a las inversiones verdes de familias y empresas.

Tipos de interés más bajos que los del Tesoro

La particularidad principal de estos préstamos será que ofrecerán financiación a tipos de interés más bajos que los del Tesoro Público, así como largos plazos de amortización. En concreto, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha asegurado que el coste será el mismo que el coste de emisión de la Comisión Europea, que a día de hoy está en torno a 30 puntos básicos por debajo del que ofrece el Tesoro español en un plazo de 10 años. Esta financiación no tiene impacto en la deuda ni en el déficit, pero sí lo tendrán los diferentes préstamos que el propio Gobierno solicite, cuando lo haga.