El Gobierno ha esperado esta semana a enviar la adenda del Plan de Recuperación a Bruselas. Se trata del documento donde el Ejecutivo amplía las reformas e inversiones del plan inicial y añade cuál será la estrategia para canalizar los 84.000 millones de euros a los que nuestro país puede acceder en forma de créditos. Esta solicitud de fondos llega más tarde que la de otros países como Portugal o Italia que solicitaron estos créditos hace meses.

Haber esperado casi dos años desde que el Gobierno presentó el Plan de Recuperación para pedir estos créditos tiene consecuencias para España, entre ellas, que las condiciones de financiación son hoy peores que el año pasado, cuando las subidas de tipos de interés todavía no se habían producido. Fuentes conocedoras de la situación justifican que otra consecuencia es que será más fácil ejecutar el Plan si los recursos llegan por fases y no todo a la vez.

El Gobierno llevaba repitiendo desde enero que la adenda se enviaría "en las próximas semanas", sin embargo, el documento no se ha remitido a la Comisión Europea hasta esta semana. La vicepresidenta, Nadia Calviño, señaló que presentar ahora la adenda es un ejercicio de "responsabilidad" porque "la fecha límite para solicitar los préstamos terminaba en el mes de agosto y no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones".

Sin embargo, las reuniones del Ejecutivo con los agentes sociales y con otros partidos políticos se llevaron a cabo durante el primer trimestre. De hecho, según consta en la adenda, la última mesa del diálogo social sobre el Plan de Recuperación se celebró en febrero, cuatro meses antes de que se adelantasen las elecciones.

Subidas de los tipos de interés

El coste de financiación que tendrán los créditos no se puede conocer por el momento, ya que dependerán de en qué momento se produzca el desembolso, tal como explican desde el Ministerio de Asuntos Económicos. Sin embargo, teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) es de esperar que estos sean más caros que los recibidos por Italia, Portugal o Rumanía en 2022.

Según datos de la Comisión Europea, cuatro países han solicitado y recibido préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Son los mencionados anteriormente y también Grecia.

Desde julio de 2022, el BCE ha subido los tipos de interés en siete ocasiones. La última subida se produjo en mayo de este año y elevó al 3,75% el coste de financiación, su nivel más alto en 15 años. La próxima reunión del supervisor bancario europeo se producirá la próxima semana y su presidenta, Christine Lagarde, ha dejado la puerta abierta a más subidas.

Esto supondrá que el coste de financiación siga elevándose en los próximos meses, cuando España y las empresas de nuestro país quieran optar a estos créditos para impulsar reformas. No obstante, desde el Ministerio de Asuntos Económicos subrayan que "los préstamos procedentes de la Comisión Europea son con condiciones favorables y dan acceso a una financiación sostenida a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y con plazos largos de amortización".

"Todos los préstamos de la Comisión tendrán un plazo de amortización de 30 años, con 10 años iniciales de carencia en el pago de principal. El perfil financiero llevará a que los préstamos tengan una vida media de 20 años, por lo que alargarán la vida media de la cartera de deuda del Tesoro, que se sitúa cerca de los 8 años", añaden.

Así, aunque dependerá de la evolución final de los tipos, desde el departamento de Calviño calculan que el ahorro financiero de estos préstamos con respecto a los bonos del Estado será de "aproximadamente 30 puntos básicos".

Dos meses para recibir el 'ok' de la Comisión

Tras recibir el plan español, la Comisión Europea tiene dos meses para validar la adenda. Una vez aprobado el plan, España podrá pedir 84.000 millones de euros en préstamos así como a otros 10.300 millones en transferencias -que no tendrá que devolver-. Estos 10.300 millones adicionales corresponden al cálculo actualizado que Bruselas llevó a cabo tras conocerse el crecimiento económico de los países miembros de la Unión Europea en 2020.

Si tras los comicios se produjese un cambio de gobierno y este quisiese modificar el contenido del Plan de Recuperación deberá renegociar con la Comisión Europea o solicitar una prórroga para su ejecución. Por otra parte, si se revirtieran reformas que estén incluidas en el Plan, España tendría que devolver parte de los recursos económicos recibidos, tal como fija el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.