El Gobierno de Pedro Sánchez tiene varias tareas energéticas pendientes antes de que finalice su mandato tras convocar prematuramente unos nuevos comicios. Una de ellas era la de sacar adelante la reforma de la tarifa del mercado regulado eléctrico y, salvo sorpresa mayúscula, el próximo martes en Consejo de Ministros será aprobada.

Así lo corroboró la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la inauguración de la III Cumbre de Autoconsumo y Comunidades Energéticas organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

La titular de la cartera energética señaló que los cambios que afectarán a la tarifa regulada de la luz que aprobará el Ejecutivo estará "en línea con lo que ha sido el trabajo de este último año", con el documento que se lanzó a información pública por el Ministerio y las recomendaciones de mejora que se han recibido de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"La tarifa regulada actual está directamente indexada al precio del mercado mayorista y, lo cierto es que aunque esperamos que no se vuelva a repetir el tipo de turbulencias que hemos vivido en el año 2022, esto generó una gran inestabilidad, perjudicando enormemente a los pequeños consumidores y a las familias más grandes", remarcó la vicepresidenta segunda durante el encuentro del sector fotovoltaico.

La nueva factura , por tanto, afectará sólo a aquellos usuarios que tienen contratada la tarifa PVPC, que con los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia rondan los ocho millones y medio de personas. Una cifra muy inferior a la que había antes de que comenzara la crisis energética en 2021, cuando se superaban los 10,5 millones de contratos.

Así será el nuevo cálculo

Con todo, la nueva tarifa prevé elaborar una cesta con el coste del megavatio horas diseminado en el que hará un cálculo con los precios de los mercados a largo y a medio plazo, pero también manteniendo la referencia de lo que ocurre en el pool diario. Este reparto entre productos a plazo permite, por un lado, “indexar (al menos parcialmente) el PVPC a señales de precio de con un claro componente de largo plazo”, y al mismo tiempo "introducir productos de más corto plazo que permiten igualmente a las comercializadoras de referencia ajustar con mayor precisión su portfolio de energía a las verdaderas necesidades de suministro”, explica el Ministerio en la consulta pública que lanzó hace meses.

En particular, se propone que, para la señal de precio a plazo, el reparto entre los productos anteriores se haga de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual suponga un 54%. Es decir, que la variación entre el precio máximo y el mínimo se reducirá un tercio y pasará del 27% al 17% durante la jornada diaria, y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo.

La reforma, por tanto, pretende reducir la volatilidad diaria que se vinculan a la PVPC para incorporar las referencias a los mercados de futuro. Según las estimaciones del Ministerio, dichos mercados estarán representados por el 25% en 2023, el 40% en 2024 y 55% en 2025.

Finalmente, y asociado a la fórmula precisa de determinación del coste de la
energía, los técnicos han diseñado un esquema que permite mantener intactas
las oscilaciones del mercado diario, sin socavar la indexación a los productos a
plazo antes mencionado. Por tanto, “se logra el doble de objetivo de cobertura ante las oscilaciones de los mercados diarios en el largo plazo antes mencionado, al tiempo que se mantiene incólume la señal de precio de corto plazo del mercado diario”, tal y como explica el Ministerio en la consulta pública lanzada.

2024, fecha tope

Teresa Ribera también confirmó que el Ejecutivo dará de plazo hasta 2024 para que el sistema eléctrico adapte la nueva reforma para “poder ofrecer esta tarifa sin problemas y que todos, consumidores y comercializadores, puedan ajustar sus propuestas y sus ofertas a esta nueva realidad, más segura y mucho menos volátil", dijo.

Cabe recordar que el cambio de la tarifa del mercado de PVPC era una de las obligaciones que tenía que cumplir el Gobierno de Sánchez para que Bruselas diera el visto bueno a la creación y posterior ampliación del mecanismo ibérico, que desacopla el precio del gas en el mercado eléctrico.