El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO están ultimando el texto del conocido como estatuto del becario, la nueva norma que por primera vez regulará los derechos de los estudiantes en prácticas. La intención de Yolanda Díaz es firmarlo el jueves, aunque dar por segura una fecha es complicado después de meses en los que el acuerdo se anunciaba como "inminente" pero nunca terminaba de cuajar. Por el momento, fuentes sindicales confirman que continúan puliendo detalles, y que esperan poder tenerlo más o menos cerrado este martes, para que sus respectivas ejecutivas lo evalúen.

Pero en un momento en el que los empresarios se han descolgado de la negociación todavía podría haber margen para que las organizaciones sindicales consigan incluir algunas de sus reivindicaciones, esas que estaban quedando fuera por la insistencia del Ministerio de Trabajo de suavizar la nueva ley con tal de lograr un acuerdo tripartito, es decir, entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales de empresarios. Sin embargo, ahí el margen para apuntarse victorias es limitado, sobre todo porque el Gobierno necesita el apoyo de otros partidos para lograr que el Estatuto sea aprobado en el Congreso -ahora, en la Diputación Permanente, que sustituye al Congreso tras su disolución por la convocatoria de elecciones-.

El anuncio de un próximo acuerdo, que tuvo lugar el pasado viernes, ha provocado la fuerte contestación por parte de los rectores y de la asociación de fundaciones universitarias, que argumentan que millones de becarios podrían perder sus prácticas a causa de la nueva norma. En cambio, según la ministra, el estatuto erradica la figura de los falsos becarios, una fuente más de precariedad en el país. "No podemos sustituir puestos de trabajo por personas en prácticas de formación. Expulsa del ordenamiento jurídico esos falsos becarios, que son esas zonas grises del derecho laboral", ha asegurado este lunes.

¿Quién lleva razón? Para empezar, hay que tener en cuenta que el último borrador del estatuto del becario no prohíbe las prácticas gratis, sin cobrar, como en un principio sí se planteó. Tampoco elimina las prácticas extracurriculares, esto es, las que los estudiantes suelen realizar fuera de los planes de estudios de sus carreras, grados medios o superiores, como también se valoró. Muchas de las medidas que en un primero momento se consideraba que era imprescindible que incluyese la norma se han descafeinado, en pro de un mayor consenso.

Lo que sí incluirá: remuneración de gastos y vacaciones

El estatuto obligará por ley a las empresas a pagar los gastos en los que incurra el becario en el desempeño de sus labores. Algo tan sencillo hasta ahora no aparecía escrito en ninguna norma, lo que según el Gobierno daba lugar a abusos. Además, los trabajadores en prácticas tendrán derecho a vacaciones y a descansos como el resto de compañeros, y también se verán beneficiados de los límites legales de jornadas. Y si las empresas incumplen, se enfrentarán a sanciones que aún están por terminar de determinar.

Asimismo se explicita que los becarios deben poder compatibilizar sus labores con sus clases u otro tipo de obligaciones a nivel normativo, y que pueden acceder a los servicios que el resto de trabajadores tienen a su disposición, como el comedor o el parking. Pero lo más importante será la limitación, ahora por ley, de las horas que un estudiante que realiza prácticas extracurriculares podrá realizar en la empresa, que quedará en las 480 horas. El número de becarios de los que una empresa puede disponer también se fija en el 20% de la plantilla, salvo que en el convenio se aumente este límite hasta el 30%.

La obligación de cotizar, otro foco de conflicto

¿Por qué protestan entonces las universidades y las empresas? CEOE desde el principio se mostró de acuerdo en que las empresas tuvieran que pagar los gastos a los estudiantes, y también en que tuvieran derecho a vacaciones. Ahora, fuentes de la patronal explican que su oposición viene de que no están a favor de negociar leyes una vez se han convocado elecciones, aunque también argumentan que la limitación del número de horas -de las prácticas extracurriculares- y el tema de los gastos perjudicarán al alumnado, en el primer caso porque serán menos atractivos para las empresas y en el segundo porque les generarán más burocracia.

En el caso de la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue), creen que más de un millón de estudiantes podrían quedarse sin poder realizar prácticas con el Estatuto. Aseguran que 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios, aunque no han explicado las razones. De su lado, la Conferencia de Rectores (CRUE) también ha expresado su oposición, pero sobre todo a la obligación de que los becarios coticen a la Seguridad Social, algo que no forma parte del estatuto del becario sino de la reforma de las pensiones.

Los rectores han pedido una moratoria a esta parte de la ley, que debe entrar en vigor el 1 de octubre, porque consideran que generará una carga burocrática imposible de asumir. Hasta ahora, solo aquellos becarios que percibían una remuneración cotizaban a la Seguridad Social, pero con los últimos cambios todos los estudiantes deberán hacen estas aportaciones, ya sean las prácticas remuneradas o no, por lo que esta actividad será tenida en cuenta como parte de la vida laboral de cara a la jubilación.