La okupación ilegal de viviendas ya aparece como una de las preocupaciones de los españoles en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el barómetro del mes de junio, el 1,7% de los encuestados considera que es un problema, pero solo un 0,4% lo sitúa como el principal problema español. Línea Directa ha visto aquí un filón y ha lanzado una cobertura antiokupación, que cubre hasta 33.900. Desde la aseguradora afirman que “es una necesidad”. Sin embargo, Mapfre no se muestra de acuerdo y apuntan que la sociedad no lo está pidiendo. 

En 2022, las denuncias por okupaciones ilegales recibidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disminuyeron un 3,2%. La estadística, que no discrimina entre los tipos penales de allanamiento de morada y de usurpación del derecho de uso de un inmueble que conforman este fenómeno, revela que en 2022 se presentaron 16.726 denuncias por esta causa, frente a las 17.274 de 2021, el máximo de la serie histórica. Sobre estos números, no se puede saber cuántas denuncias son por personas jurídicas o por grandes tenedores. Por su parte, los datos del Consejo General del Poder Judicial señalan que en 2022 hubo 2.785 juicios verbales por okupación ilegal de viviendas en España, lo que supone un 20% menos que en 2021. 

Según los datos más recientes del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, las infracciones penales por okupaciones de viviendas han descendido un 11% en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior. A 31 de marzo se han contabilizado 3.898 infracciones penales relacionadas con las okupaciones de inmuebles, frente a los 4.385 casos del primer trimestre de 2022.

A pesar de que los datos muestran una disminución, la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, defiende esta cobertura, que se contrata por 10 euros al año junto al seguro del hogar con la compañía, porque según apunta “nadie se debería plantear que no exista”. Y compara con el número de incendios que se producen en viviendas: “En España hay unas 16.600 denuncias por okupación y unas 17.000 por incendios. Nadie se plantea que no sea necesario un seguro para incendios”, apuntó durante su intervención en el XL Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Apie en Santander.

“De verdad, creo que la innovación y escuchar a los clientes es tremendamente importante”, añadió Ayuela. Esta cobertura ofrece asesoramiento judicial, legal y el desalojo de la vivienda. En este sentido, la reclamación realizada por Línea Directa cubre hasta 10.000 euros en gastos legales y jurídicos. Ofrece 1.800 euros para suministros y 4.800 euros para un alojamiento preventivo hasta que se recupere la vivienda, la misma cifra si la vivienda es alquilada. Además, ofrece 7.500 euros por responsabilidad civil. 

En el otro lado de la balanza está Mapfre. Antonio Huertas, el presidente de la aseguradora, se mostró tajante con la postura de la compañía en este sentido: “Tenemos que ser serios”. Huertas explicó que hay que ofrecer productos que cumplan una necesidad social. El presidente quiso hacer de menos al problema de la ocupación ilegal, pero apuntó a que no había necesidad de tener esa cobertura. Además, recordó que Mapfre tiene un programa de protección de alquiler que garantiza el pago de renta cuando el inquilino no lo hace. 

Para la consejera delegada de Línea Directa sí que hay una necesidad y añadió que las aseguradoras “tienen la obligación de detectar las necesidades de los clientes y ofrecer respuestas de forma eficiente económicamente”. Ayuela incidió en que en España no había ningún seguro integral para las consecuencias que se originan a familias que son okupadas. “Lo que estamos viendo por parte de nuestros clientes es una enorme aceptación por parte de este seguro tan innovador”, añadió.