La Seguridad Social y sus organismos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General (TGSS) han visto mermados sus plantillas en los últimos años. En una década, los empleados han pasado de ser 35.551 a ser 30.499, un descenso que se explica por jubilaciones no cubiertas y procesos de incorporación que se alargan durante años.

En el lado contrario, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social han incrementado su plantilla. A cierre de 2022, había 23.082 personas trabajando en ellas, frente a las 21.898 de 2012. Así consta en las estadísticas del personal al servicio del Sector Público Estatal, que publica la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La situación puede empeorar en los próximos años si las incorporaciones no se aceleran. Según el Boletín Estadístico de personal de las administraciones públicas, la mayoría de los trabajadores de la Seguridad Social tienen más de 50 años. Aunque con datos menos actualizados que los de la IGAE, este documento muestra que de los 22.626 trabajadores que había a finales del primer semestre del pasado año, 18.600 superan esta edad.

Por ello, desde los sindicatos vienen reivindicando medidas al Gobierno. Además de la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social para reorganizar los recursos del organismo, también piden un plan a varios años para reforzar la plantilla. Solo entre enero y julio del pasado año, el INSS vio menguada su plantilla en un centenar de funcionarios.

El Gobierno se ha comprometido a reforzar la plantilla, pero fuentes sindicales critican que «solo entra una cuarta parte de los que son necesarios». El mes pasado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones logró parar la convocatoria de huelga de CCOO y Csif con el compromiso de incorporar a más de 3.525 efectivos. Además, se acordó cubrir de forma definitiva los puestos que ahora mismo ocupa personal temporal, y es que en los últimos meses, se había optado por la incorporación de interinos.

El Ministerio y los sindicatos pactaron también la creación de la Escuela de Formación de la Seguridad Social y la recuperación de los comités de seguridad y salud específicos para este departamento.

Aumento de las quejas

La falta de personal había repercutido en la atención percibida por los ciudadanos. Tanto es así que en 2022, el INSS recibió 15.640 quejas ciudadanas, un 73% más que el año anterior y la mayor cifra de la serie histórica.

La mayoría de las quejas eran derivadas de la insatisfacción en la atención que reciben los ciudadanos. En concreto, el 64% de las reclamaciones respondían a esta circunstancia. De estas, el 39% señalaba que los tiempos de tramitación de la Seguridad Social eran excesivos. 

Ante estos datos, el Ministerio está poniendo en marcha distintas medidas para mejorar la atención presencial. «Se están abriendo varios procesos para desarrollar otras tareas fuera del horario de apertura de las oficinas, de forma que el horario de apertura se focalice en la atención presencial», apuntaban fuentes del departamento consultadas por este periódico.

Como ha explicado este periódico, entre estas medidas se encuentra la posibilidad de realizar horas extraordinarias para garantizar la atención ciudadana por las tardes o remuneraciones adicionales para que la Seguridad Social recupere cobros indebidos del ingreso mínimo vital.

Este aspecto también está siendo criticado por los empleados públicos, que consideran que el Ministerio quiere evitar las quejas de la ciudadanía mejorando la atención pública, mientras que retrasa las tareas de gestión de expedientes y de prestaciones al relegarlas a la realización de horas extraordinarias.