El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través del Instituto de Estudios Fiscales, ha encargado la elaboración de un informe sobre el impacto que la subida del salario mínimo ha tenido sobre el consumo de los hogares españoles. El trabajo lo realizará la Universitat Autònoma de Barcelona, se entregará en diez meses y ha costado 7.644 euros, según consta en la licitación, publicada en el portal de transparencia de la Administración General del Estado.

Las razones del encargo, por el momento, no son públicas. Desde Hacienda aseguran que se trata de uno de los muchos contratos que el IEF realiza a la Universidad de Barcelona "habitualmente" y "sobre otras muchas materias". Precisan, en esa línea, que el Instituto acaba de adjudicar 27 contratos de investigación del estilo. Sobre si el informe final será público o no, las mismas fuentes tan solo indican que dependerá de si los autores lo estiman oportuno, y que quizá pueda aparecer en alguna revista académica.

En la base de la convocatoria que desde Hacienda han compartido con El Independiente, no se exige el estudio de esta materia concreta sino que se pide la inscripción de solicitudes para que el IEF financie proyectos de investigación que, en general, tengan que ver con los ingresos públicos, el presupuesto y los gastos públicos, el derecho financiero y tributario, la igualdad de género y la sociología fiscal. Que deben ser inéditos y que serán evaluados por el propio Instituto. Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo han asegurado desconocer la existencia de este encargo.

Pero este "encargo rutinario" resulta especialmente llamativo en un año en que el Ministerio de Trabajo ha subido el salario mínimo hasta el 60% del salario medio español, es decir, hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas (15.120 euros brutos anuales, desde enero). Y no solo por eso, sino sobre todo porque la insistente intención de Yolanda Díaz de aumentarlo de forma sucesiva ha generado todo tipo de susceptibilidades desde el mundo de la economía, con los empresarios vaticinando un fuerte impacto para las compañías del país y otros advirtiendo del golpe que podría suponer para las cifras del paro, que finalmente no se ha dado.

El informe del Banco de España de los 100.000 puestos de trabajo perdidos

En esa línea, un informe del Banco de España estimó que la subida del SMI de 2019 había provocado la pérdida de unos 100.000 puestos de trabajo entre empleos destruidos y puestos que no se crearon. Sin embargo, otros estudios más recientes, como uno que encargó el propio Ministerio de Trabajo a la Fundación Iseak apuntaba más bien a 27.000 empleos, una cifra muy baja y apenas perceptible en un mercado laboral que está registrando cifras históricas todos los meses. También -y sobre todo- destacaba que el incremento cumplió uno de sus grandes objetivos: reducir la desigualdad salarial.

El choque entre ambas instituciones estaba servido, y se exacerbó aún más cuando Trabajo decidió no publicar los tres informes que había encargado realizar sobre el mismo tema, negándose incluso a atender las exigencias del Consejo de Transparencia. Yolanda Díaz alegaba que esta es la manera habitual de proceder en el Gobierno, que suele encargar decenas de informes a expertos y utilizarlos de manera interna, sin divulgarlos. Así lo repitió este martes en una rueda de prensa, remarcando que «nunca» publica estos trabajos. 

La postura soliviantó a diferentes economistas, que criticaron que Trabajo no publique estudios elaborados con dinero público y que van a utilizarse para implementar políticas públicas, y que lo decida así, posiblemente, al no favorecerle lo que en ellos se narra. Después, los tres informes se filtraron -elaborados por la Fundación Iseak, dirigida por la economista Sara de la Rica, la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense-, y concluyeron que aumentar el salario base redujo la desigualdad salarial entre los trabajadores que lo recibieron, así como que la mejora también se extendió a los sueldos superiores, por un «efecto rebote».

Un nuevo trabajo después de un incremento del 47%

Ahora, este nuevo informe podría suponer un nuevo avance en el debate, por lo general polarizado y falto de un respaldo académico fuerte. Si se cumplen los plazos proporcionados por el Instituto de Estudios Fiscales, será alrededor del próximo verano cuando los resultados estarán listos, y quizá algo después se den a conocer. Este medio han intentado sin éxito conocer la identidad de los autores y el propósito del informe, pero actualizará esta información cuando la Autónoma de Barcelona le dé a conocer la información.

Hay que recordar que Pedro Sánchez va a terminar la legislatura como el segundo presidente español que más ha aumentado el salario mínimo, desde los 735 euros mensuales en los que lo dejó Mariano Rajoy hasta los 1.080 euros a los que llegó en enero. La diferencia es de un 47%. Será el segundo puesto que Felipe González en sus 14 años al frente del país lo aumentó un 129%, de las 28.440 hasta las 64.920 pesetas. El salario mínimo en España empezó siendo de 1.800 pesetas (10 euros) durante el franquismo.