La elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria del BCE están teniendo, en los últimos trimestres, un impacto adverso sobre la situación financiera de los hogares. Así lo constante el Informe de la situación financiera de los hogares y las empresas del primer semestre del Banco de España. El encarecimiento de la cesta de la compra y del servicio de la deuda supone un aumento del número de hogares que no cubre el gasto esencial. La mayor inflación y la subida de los tipos de interés ha hecho que el número de hogares que no puede hacer frente a los gastos esenciales con su renta bruta total se haya elevado al 9%.
Los datos del supervisor muestran que en 2020, el número de hogares que no cubría los gastos esenciales con su renta bruta total era del 7%, por lo que en estos dos años, la elevada inflación y la subida de tipos ha hecho que aumente en dos puntos porcentuales. Algo menos ha subido el porcentaje de hogares en una situación especialmente frágil, definidos como aquellos que no pueden cubrir el gasto esencial ni con su renta ni con sus depósitos a la vista durante más de un mes. Este colectivo ha aumentado del 3,4% al 4,1%.
No obstante, hay que hacer hincapié en los hogares con menor renta que no pueden hacer frente a los gastos esenciales ni con la renta ni con los ahorros, que aumenta del 14,6% al 17% en 2022, un porcentaje sustancialmente más elevado, tal y como señalan en el informe del Banco de España.
Por gastos esenciales se entienden bienes de primera necesidad como la alimentación y los suministros básicos de agua, electricidad o telefonía. Y se añade el alquiler y el pago de la deuda. El Banco de España destaca que los hogares con menor renta tienen una posición más vulnerable frente al aumento de la inflación por la composición de su cesta de consumo y su menor capacidad de ahorro. Así, el consumo de los hogares en el quintil inferior de la distribución de la renta absorbe prácticamente los ingresos disponibles y tiene un mayor sesgo hacia bienes y servicios de primera necesidad. Concretamente, estos hogares dedican un 55% de sus ingresos al gasto en bienes de primera necesidad, como la alimentación y los suministros básicos —agua, electricidad, telefonía, etc.—, frente al 30% del quintil mediano.
Si además se incluyen los alquileres de la vivienda principal o el servicio de la deuda (intereses más amortización), el gasto esencial suponía el 79% de los ingresos entre las rentas más bajas, frente al 44% en el quintil mediano. Además, la inflación ha tenido una incidencia notable en los bienes y servicios básicos, “por lo que los hogares con menores ingresos han soportado una inflación más alta que la que se desprende para el conjunto de la economía”, explican desde el Banco de España. De hecho añaden que entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, la inflación experimentada por el 30% de los hogares de menor renta habría sido de aproximadamente el 11,3%, frente al 9,7% en el caso del 30% de los hogares de mayor renta.
También ha aumentado el número de hogares que no podrían hacer frente a los gastos esenciales sin su renta durante más de seis meses. Este colectivo pasa del 4,5% al 5,8%. En el caso de hogares que se engloban dentro de la renta más baja también es un porcentaje mucho mayor, que ha aumentado del 19,1% al 22,9%.
Con todo esto, el Banco de España apunta a que el menor nivel de renta y el mayor impacto de la subida de precios son los dos factores que están aumentando la vulnerabilidad de las familias con los recursos más bajos. El análisis del Banco de España toma como punto de partida la informaciòn de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) de 2020 (última disponible) y el organismo reconoce que, en todo caso, no ha podido tener en cuenta "algunos elementos relevantes que han afectado a la evolución de la situación financiera de los hogares en los últimos trimestres".
Ante estos resultados, el Banco de España explica que el escenario inflacionista y de mayor tipos de interés incide en la mayor vulnerabilidad de los hogares con menores ingresos. De esta manera, el supervisor recomienda la introducción de medidas de política económica focalizadas en apoyar a este colectivo. No obstante, en el informe matizan que las ayudas desplegadas en forma de transferencias de renta a los hogares con rentas bajas, el incremento puntual de las pensiones no contributivas, la introducción del ingreso mínimo vital, o la reforma del código de buenas prácticas habrían contribuido, entre otras medidas, a amortiguar algunos de los efectos de la inflación.
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