Sumar propone que el salario mínimo gane cada año poder adquisitivo

Yolanda Díaz ha presentado este jueves el programa completo de la coalición Sumar. En las casi 200 páginas que lo componen, incluye algunas de las medidas que ya venía anunciando a lo largo de los últimos meses, pero también otras nuevas. Entre las más novedosas está la propuesta de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima del IPC anual "para mantener la ganancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran".

"La subida del SMI llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo en el marco del diálogo social en los últimos cuatro años ha demostrado ser el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad y la brecha de género. Ahora, además, los incrementos del SMI deben servir para impulsar el crecimiento salarial general de nuestro país", defiende el texto.

La actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo aprovecha las iniciativas que ha llevado por bandera a lo largo de los últimos cuatro años, y entre ellas no podía faltar el salario mínimo, que ahora está en 1.080 euros al mes en 14 pagas, mientras que cuando Mariano Rajoy abandonó el poder se situaba en 735 euros. Siguiendo esa línea, el texto presume de la reforma laboral, con la que Sumar se plantea alcanzar una tasa de paro en la línea con la media europea (7%) como objetivo principal de la legislatura, así como reducir por ley la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas.

"Además, se debe controlar mejor las horas extras y compensarlas con tiempo libre, eliminar los horarios variables sin control, regular los horarios de los servicios públicos y procurar una gestión más flexible de la distribución de la jornada anual o del tiempo", asegura, en línea con la propuesta de Más País de conseguir una jornada laboral de cuatro días o 32 horas semanales.

Los cuidados tienen un papel principal en el programa. La principal medida en esta línea es una prestación universal por hijo menor de 18 años de 200 euros al mes. De cara a la juventud, el texto incluye, por supuesto, la herencia universal de 20.000 euros para jóvenes de 23 años, así como la creación de una cesta de la compra básica a precios asequibles, algo que Díaz ya pidió el año pasado, pero no consiguió.

De nuevo siguiendo la línea de la legislatura, Díaz garantiza que las pensiones continuarán subiendo con la inflación y plantea incrementar también por encima del IPC las mínimas y las no contributivas, "hasta que su cuantía alcance, al menos, el umbral de la pobreza". Eso sí, las ventajas para los mayores aparecen más bien limitadas, puesto que casi se reducen a un plan de ayudas para la compra de audífonos, de manera que los pensionistas que los necesiten y que tengan ingresos inferiores al salario mínimo vean financiado el 80% del coste.

Pero las propuestas de Sumar no se quedan ahí. A continuación, las más señaladas dentro del plano económico: del banco y la eléctrica públicos a la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, pasando por los mayores impuestos a las clases más altas.

Más impuestos para las rentas muy altas

En el plano fiscal, Sumar apuesta por aumentar el IRPF a las rentas muy altas (por encima de los 120.000 euros anuales, que suponen alrededor del 2% de la población española) y subir el 45% del tipo marginal actual hasta llegar al 52% para las rentas de más de 300.000 euros. También apuesta por aumentar los tipos de las rentas del ahorro, acercándolos a los de las rentas del trabajo, hacer efectivo el tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las grandes empresas e implementar un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente.

Continuando con los gravámenes extraordinarios que el Gobierno ha aprobado este año para hacer frente a la crisis de inflación, Sumar ve necesario mantener los impuestos extraordinarios sobre las energéticas y financieras hasta completar la reforma del impuesto de sociedades. El programa también entra en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, para el que se propone establecer un tipo mínimo en el conjunto de España que las regiones no puedan rebajar

Un banco y una eléctrica públicos para luchar contra "el oligopolio"

En el plano energético, el programa incorpora medidas como la "reducción del oligopolio eléctrico", que implica separar la actividad de distribución de energía eléctrica de la generación y comercialización, "evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante". A la vez recupera la idea de Podemos de crear una eléctrica pública que gestione las centrales hidroeléctricas según finalicen las concesiones.

Sumar también tiene propuestas para el sector bancario. De hecho, una que podría englobar todo sería la creación de un banco público “para que contrarreste el oligopolio bancario y se pueda rebajar el coste de las hipotecas”. Este organismo se crearía a partir del ICO y de la red de oficinas de Correos. Un banco que también lleve los servicios financieros a la España vaciada.

En este sentido, Yolanda Díaz quiere acabar con la exclusión financiera que provoca el cierre de oficinas y cajeros. En primer lugar, quieren regular, con el acuerdo con las comunidades autónomas, los umbrales mínimos de servicios básicos que deben prestar las entidades bancarias por territorio, para asegurar que todas las personas del país tengan acceso a ellos. En segundo lugar, se garantizará el derecho de las personas usuarias que lo necesiten o lo deseen a realizar sus gestiones de forma personal en las oficinas bancarias

El partido liderado por Díaz también quiere regular la remuneración de los depósitos bancarios y recortar las comisiones bancarias, ya que consideran que con la subida de tipos “ya están ganando mucho”. El programa nombre a una figura como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que cayó con la convocatoria de elecciones.

Mil euros para los afectados por la subida del euríbor

Por lo que respecta a las hipotecas, la líder de Sumar ya anunció la creación de un bono social para los hipotecados. Díaz propone abonar 1.000 euros por hogar de forma directa a todos los afectados por la subida del euríbor. La propuesta está hecha para hipotecas variables con una antigüedad máxima de 10 años. Es decir, desde 2013, que sean la primera hipoteca y con un máximo de 250.000 euros y para viviendas con un precio de compra de hasta 300.000 euros. Sumar cifra en un millón de hogares aquellos con una mayor carga de intereses. Esta medida tiene un coste global de mil millones de euros que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca, que propone mantener.

Asimismo, el partido propone establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas. “Las rápidas, contundentes y permanentes subidas de los tipos de interés que ha llevado a cabo el BCE están provocando incrementos de las cuotas hipotecarias inasumibles para muchos hogares con hipotecas a tipos variables”, explican en el programa, por lo que la propuesta de portabilidad de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo “pretende romper el corralito de hipotecados en cada banco que ha logrado el sector para maximizar beneficios”.

Se trata, siguiendo la estela de la portabilidad telefónica, de promover la portabilidad de hipotecas, por novación o subrogación, obligando a que las entidades de crédito publiquen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sus ofertas de crédito hipotecario junto a los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades.

2 millones de viviendas sociales

En materia de vivienda, la formación promete que si llega a gobernar, constituirá en menos de diez años un parque residencial de dos millones de viviendas sociales en alquiler, a razón de 200.000 inmuebles al año. Para ello pretende destinar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de media, lo que podría rondar los 10.000 millones de euros.

Proponen asimismo la rehabilitación de 500.000 viviendas al año, abordando el aislamiento térmico así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente eficientes. Fuentes del sector de la construcción consultadas por El Independiente consideran muy complicado llevar a cabo una medida de este calado, entre otras cosas, por falta de mano de obra.

En materia de alquileres quien que sea obligatoria la declaración de mercado tensionado prevista por la Ley de Vivienda en todos los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos y que no quede al albur del color político de los gobiernos regionales. A mayores, se plantean que en esas áreas de mercado tensionado se puedan condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda a que el comprador resida en la misma, la destine a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido.

Límites al turismo

También prometen limitar el alquiler turístico, de habitaciones y de temporada, para evitar que los caseros se salten las normas fijadas por la recientemente aprobada Ley de Vivienda. Y proponen el aumento de la duración mínima de los contratos de arrendamiento, con la voluntad de que se conviertan en indefinidos. Prevén causas de resolución excepcionales que protejan al propietario y prometen crear juzgados especializados para resolver los conflictos que genere el derecho a la vivienda.

En cuanto al turismo, los de Yolanda Díaz prometen establecer límites a las plazas hoteleras "en función de la capacidad de carga ecológica y social de los territorios", así como desarrollar "un paquete de tasas turísticas que sirvan para garantizar el derecho al lugar de sus habitantes.

Tasas por viajar en avión

En materia de movilidad, Sumar quiere también que en 2040 no circulen en España vehículos con motores de combustión interna. La medida va más allá que la prohibición aprobada por la Unión Europea que se prohíbe la venta de vehículos con motores de combustión, incluidos los de diésel, gasolina e híbridos, a partir de 2035. 

También prometen redirigir las inversiones ferroviarias de alta velocidad a los servicios de Cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años. Prometen asimismo impulsar estrategias que promuevan el trasvase de usuarios del avión al ferrocarril, reduciendo las tarifas de los billetes de alta velocidad y larga distancia para mejorar la conectividad territorial y promoviendo los trenes nocturnos.

Además, quieren limitar el uso de los jets privados y aplicar una tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión que entraría en vigor a partir del segundo vuelo anual.