El Gobierno aprobó este martes la que calificó como" la mayor oferta de empleo público de toda la historia de España", que comprende 39.574 plazas, según Hacienda un 15% más que la de 2022. Pero los datos son engañosos en tanto que no incluyen cuántos de esos puestos de trabajo se terminan cubriendo definitivamente, ni, del lado contrario, cuántos se quedan vacíos, bien porque no se presenten suficientes personas a las oposiciones o bien porque se sobrepase el tiempo límite para cubrir las plazas.

"El retraso en las convocatorias de oposiciones está dificultando que se cubran todos los puestos de esas ofertas masivas. Se anuncian números muy importantes pero en el desarrollo posterior no se terminan de cubrir, y con los 8.000 no garantizamos que se esté generando empleo. Hay que insistir en que hay un déficit de las plantillas muy importante y que está poniendo en cuestión los servicios esenciales", lamenta un portavoz de Comisiones Obreras.

El sindicato ha terminado no firmando el acuerdo de la nueva oferta de empleo público (OEP), que sí han ratificado UGT y CSIF, ya que consideraba que Función Pública estaba ocultando datos importantes por primera vez en este tipo de proceso de negociación. Por ejemplo, y así lo comunicaron desde la organización a este periódico, el Ministerio no compartió el número de empleados públicos que han causado baja a lo largo de 2022, cifra que desde CCOO consideran imprescindible para poder empezar a negociar una nueva oferta.

Lo que se conoce como bajas vegetativas comprende el número de funcionarios que han dejado su puesto, bien sea porque se han jubilado, porque han fallecido o porque han abandonado. Ante la falta de esta cifra que solo posee el Gobierno, el sindicato sospechó que lo que se planteaba como un incremento de puestos públicos histórico no iba a ser real, ya que previsiblemente solo obedecería a cubrir el número de bajas del año 2022, que según sus cálculos habrían aumentado un 20% frente a 2021, sobre todo por motivos demográficos -ligados a la jubilación de la generación del baby boom-. Y lo que Función Pública estaba ofreciendo era un aumento del empleo de precisamente el 20%.

Finalmente, según lo comunicado por el Ejecutivo a lo largo de 2022 se registraron 18.621 bajas, que ahora van a cubrirse con el mismo número de plazas que se ha convocado para cubrir con la tasa de reposición. Más allá de esa cifra, se han convocado 8.625 plazas completamente nuevas, buscando lo que el Gobierno llama "crear empleo neto". Desde UGT y CSIF esperan que estas cifras cumplan con el compromiso del Ejecutivo de crear un 20% de empleo público, pero reconocen que lo han firmado tan solo confiando en que ese acuerdo se va a cumplir, aun desconociendo el número de bajas.

Por otro lado, lamentan que los datos que se han comunicado hoy se estén mezclando puestos de trabajo, lo que distorsiona las cifras y dificulta conocer exactamente cuántos puestos pertenecen a cada sector. Es decir, hay que tener en cuenta que en todo momento Hacienda y Función Pública habla de plazas de toda la Administración General del Estado (AGE), más en la Administración de Justicia, en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, aunque lo habitual es que el Gobierno las comunique por separado, puesto que los sindicatos que han estado negociando esta convocatoria solo representan a los trabajadores de la AGE.

Sin embargo, este martes María Jesús Montero anunció la convocatoria de casi 40.000 plazas, sumando las 29.818 para la AGE; las 1.907 para Justicia; 2.833 para la Policía; 2.875 para la Guardia Civil y también las 2.141 para las Fuerzas Armadas, que ya se aprobaron el 3 de mayo. En conjunto, aseguró que la oferta era un 15% superior a la del año pasado, y también justificó que la convocatoria no tiene motivos electoralistas, sino que simplemente han cumplido con su deber de legislar.

En esta línea, desde los sindicatos sí reconocen que la oferta responde más bien a la presión que han ejercido desde las organizaciones que a motivos políticos, puesto que fue el Gobierno quien decidió retrasar la convocatoria para no influir en las elecciones autonómicas y municipales. Después, cuando se adelantaron las generales, el Ejecutivo prefería no convocar las plazas por el mismo motivo, pero los sindicatos presionaron porque temían que un hipotético escenario de repetición electoral -o de difícil formación de un nuevo gobierno- retrasase tanto las cosas que terminase no saliendo la oferta -la ley no permite recuperar después las plazas no ofertadas el año anterior-.

De su lado, desde Hacienda aseguran que aún no se puede conocer cuántos puestos se están cubriendo de convocatorias anteriores, puesto que es una cifra que implica a demasiados organismos. Y confirman que los 8.000 puestos nuevos son empleo neto, que no se está perdiendo puestos de trabajo. En contraposición, desde CCOO son claros: "El efecto real de la oferta del año pasado es cero, porque ni ha finalizado la convocatoria. No hay aún ni un solo aprobado con cargo a la oferta de 2022. ¿De qué me sirve entonces una oferta con números históricos? De nada".