El escenario político ha cambiado radicalmente en los últimos años. El último Gobierno ha sido el primero de coalición después de que dos partidos políticos de izquierda llegaran a un acuerdo para poder gobernar. Las encuestas previas al 23 de julio apuntan a la necesidad, otra vez, de pactos para poder formar un Ejecutivo. Los empresarios están atentos al devenir de los comicios. Todos ellos se decantan por la estabilidad y seguridad jurídica. La mayoría prefiere un Gobierno que no esté condicionado ni por Vox ni por Sumar, es decir, sin socios políticos.
Las encuestas dan como ganadora la candidatura del Partido Popular, liderada por Alberto Núñez Feijóo. Con un programa que promete aligerar la carga burocrática de las empresas y atraer inversiones a nuestro país, los populares captan las demandas de algunos sectores empresariales que han venido denunciando la inseguridad jurídica que han provocado algunas leyes aprobadas durante la presente legislatura, como la ley de vivienda. No obstante, en declaraciones oficiales, las principales organizaciones empresariales evitan posicionarse.
“Estaremos con el gobierno que salga de las urnas”, repiten las fuentes consultadas por este periódico. “No queremos posicionarnos”, comentan desde ATA, una de las asociaciones de autónomos más críticas durante la negociación de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia.
Sobre la entrada de Vox en el Gobierno, si el PP ganase las elecciones y pactase con la formación de Santiago Abascal para lograr una mayoría, los empresarios piden “lo mismo que si entra Sumar, que se respeten las reglas del juego y que haya certezas”. En los mismos términos se expresó recientemente el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, después de que el Gobierno incluyese una modificación sobre el despido durante las bajas por paternidad en un real decreto de incluía la prórroga de medidas económicas para paliar el impacto de la guerra de Ucrania. “No tiene sentido que se estén cambiando las reglas del juego cada tres días”, criticó.
De forma extraoficial, otras voces son más críticas con otras candidaturas. Fuentes del sector de la construcción alertan sobre la propuesta que defiende Sumar, la formación que lidera Yolanda Díaz, en relación a la puesta a disposición de 2 millones de viviendas en los próximos 10 años, entre rehabilitación y nuevas construcciones. “Eso puede destrozar el mercado”, advierten. La ley de Vivienda ha sido uno de los proyectos legislativos que más críticas ha recibido por parte del sector. No solo el sector de la construcción, también las inmobiliarias se han pronunciado en contra de la norma. No es de extrañar que tanto el PP como Vox planteen su derogación si ganan las elecciones.
Banca y energéticas
El sector bancario también apuesta por la estabilidad con esperanza de un gobierno que facilite una agenda política “reformista, consistente y continuista en el tiempo”. Desde el sector consideran que esta política continuista se realiza sin necesidad de socios del Gobierno. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank (del que el Estado es propietario de un 16,1%), se mostró prudente en el Curso de Verano de Santander y aseguró que están esperando “cómo se decanta la situación política actual” para tomar las decisiones pertinentes.
Una fuente financiera añade que "es difícil generalizar pero los bancos lo que quieren es que el país vaya bien. Si va bien la economía, van bien los bancos. En ese sentido es cierto que los gobiernos del PP tienen mejor historial en gestión". "Cuanto menos se dependa de terceros para evitar peajes y servidumbres, mejor", indica, decantándose por un Gobierno sin coaliciones.
En el sector energético reiteran la seguridad jurídica que pasa “porque no haya cambios todos los días”. También apuestan por un “Gobierno fuerte, que no sea un día ‘a’ y al día siguiente ‘b’”, algo que pasaría por un Ejecutivo sin socios políticos. No obstante, fuentes cercanas al sector sí que apuntan que se percibe que quieren un cambio, sobre todo, por el tema de tasas, impuestos y nucleares.
En este punto, no obstante, hay que tener en cuenta que el gobierno actual de coalición del PSOE y Unidas Podemos puso en marcha el impuesto temporal a la banca que gravaba al 4,8% los intereses y comisiones (ingresos) de todas las entidades que hayan facturado más de 800 millones de euros en 2019. Los bancos ya han pagado este impuesto de 2023 y quedaría el de 2024. Algo parecido piensan las eléctricas, que también vieron como hace un año el Gobierno anunció un nuevo gravamen. El tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019.
En su programa electoral, el PSOE apunta a que evaluarán la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en una entrevista concedida a Financial Times que modificará los impuestos extraordinarios y temporales que el Gobierno de Pedro Sánchez impuso a bancos y compañías energéticas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Sin embargo, el líder popular no se comprometió a derogarlos impuestos, sino que los dotaría de una mejor cobertura legal, ya que fueron “mal diseñadas”.
Por lo que respecta a Vox, el partido liderado por Santiago Abascal no hace mención a estos dos tributos en su programa electoral. Pero sí que propone "la mayor reforma fiscal de la historia de España" con dos únicos tramos de IRPF y con el IVA al 0%. Finalmente, Sumar sí que estudia prorrogar estos dos impuestos. De hecho, una de las propuestas de este partido es dar 1.000 euros directos a todos los afectados por la subida del euríbor que provendrían de este gravamen.
Tampoco ven con buenos ojos una posible irrupción de Vox desde el sector de las renovables. Desde el sector defienden “una legislatura con garantías y que, en todo momento, se apoyen proyectos e inversiones para las renovables porque es el futuro energético”. “Debemos llegar a pactos de estado y lamentamos las actitudes de ciertos partidos que no se toman en serio esta materia. En caso de que accedan al Gobierno estas formaciones podríamos tener incertidumbre jurídica”, advierten.
Abogacía y Círculo de Empresarios
No obstante, otros sectores consultados, como el de la abogacía creen que la formación de Abascal puede impulsar “reformas necesarias” que el Partido Popular no tiene en su agenda. Las mismas fuentes descartan apostar por una coalición de izquierdas.
Por otra parte, desde el Círculo de Empresarios hicieron público un listado de medidas para que aplique el Gobierno que salga de las urnas, tras el 23 de julio. Entre ellas, se incluía el retraso de la edad de jubilación de forma voluntaria, entre los 68 y los 72 años, una medida que ven con buenos ojos desde Vox. “Todo lo que sea ganar grados de libertad y dejar hacer individualmente y voluntariamente me parece absolutamente natural”, pronunció el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
¿Qué opinan en los mercados?
Los inversores también estarán atentos a las elecciones del 23 de julio, pero sus movimientos en los mercados no estarán condicionados por lo que salga de las urnas. O por lo menos así lo aseguran desde las gestoras. Beltrán de la Lastra, presidente de la gestora Panza Capital, explica que las compañías del Ibex y de la bolsa española son internacionales, no tienen su negocio solo en el mercado doméstico. Sobre los inversores, De la Lastra apunta que se busca siempre un gobierno estable: “Tienen la piel bastante dura en cuanto a las elecciones. Puede haber cambios de gobiernos y no pasar nada en los mercados”.
Por su parte, Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan para España y Portugal, ha señalado que no se centran en el contexto político a la hora de invertir. Sí que tienen en cuenta el macroeconómico, pero en lo que sí que detienen a analizar es la compañía y qué perspectivas de crecimiento tienen.
Pero ¿qué pasará en los mercados españoles el día después de las elecciones generales? No se puede predecir, pero según la historia bursátil que ha recabado XTB, el resultado suele ser negativo. Según el informe, desde la creación del selectivo nacional en el año 1992, de las diez sesiones posteriores a la fecha electoral, en nueve de ellas el mercado acabó con una caída media del 2%. Además, en aquellas situaciones en la que las elecciones conllevaron un cambio de partido en el poder, la caída se acentúa hasta el 3%.
Según los datos, si atendemos a la clasificación por partidos, la rentabilidad media ponderada generada por el Partido Popular se sitúa en el 9,71%, mientras que la del PSOE alcanza el 6,49%. Más allá de qué partido político gobierne, el Ibex 35, principal índice de la bolsa española, se ha comportado según el periodo democrático y el contexto económico. XTB ha realizado un estudio sobre el comportamiento del índice en sus diferentes etapas con los presidentes.
Si se mira por presidentes, Felipe González, primer presidente socialista (1982-1996), ha sido el que mayor rentabilidad anualizada ha tenido en el Ibex, con un 13,8%. Hay que tener en cuenta que el selectivo español comenzó en 1992, con 10 años de Gobierno de González. Le sigue José María Aznar, presidente del Gobierno por el PP (1996-2004), que obtuvo una subida anualizada del 11,8%. Después viene Mariano Rajoy, presidente por el PP (2011-2018), con un alza anualizada del 7,07%. Por último están los dos presidentes del Gobierno por el PSOE: José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que obtuvo una revalorización anualizada del 4,44%, y Pedro Sánchez (2018), del 3,35%.
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