La división en el Gobierno por la entrada de capital saudí en Telefónica es palpable. Al Ejecutivo, como a Telefónica y al resto de agentes implicados, le pilló de sorpresa el anuncio de Saudí Telecom en el que informaba de su posición en la operadora española como máxima accionista.

Según ha cogido poso la irrupción de STC en Telefónica, la cuestión dejó de pasar meramente empresarial a tratarse en una cuestión de Estado. Y, lo cierto, es que lo es. La compañía, tal y como ha venido explicando este periódico, posee numerosos contratos con la administración pública, maneja millones de datos sensibles y es dueña de infraestructuras clave para las telecomunicaciones de España. De ahí que el Ejecutivo esté analizando por ley la llegada de capital extranjero a una empresa denominada estratégica para los intereses del país.

"Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios, teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España", dijo Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos en funciones.

El Gobierno se divide entre los que piensan que la llegada de inversores extranjeros es una buena oportunidad para que las empresas españolas sigan creciendo internacionalmente sin olvidar que se deben salvaguardar los intereses nacionales y los que no ven del todo claro que sea buena idea que Arabia Saudí se plante en el consejo de administración de Telefónica y pueda acceder a información confidencial que maneja la operadora. Es aquí donde Defensa resultará clave ya que será el departamento de Margarita Robles el que tendrá la decisión de vetar o dar luz verde a la operación. Y según explican las diversas fuentes consultadas por este periódico, el ministerio se muestra reacio a que STC se aposente dentro de la operadora española.

La firma saudí está exenta del denominado 'escudo anti opas' que con carácter general obliga a las empresas extranjeras a pedir la autorización del Ejecutivo español si supera el 10% del capital en una empresa estratégica española, pero sí se podría ver afectada por la vinculación de Telefónica España con el sector de la defensa, en cuyo caso el umbral de la participación que exige el aval previo del Consejo de Ministros baja al 5%.

El Ministerio de Defensa, según ha podido confirmar este periódico, ya está revisando con sus técnicos la documentación y los pros y contras que podrían suponer la entrada de Arabia Saudí en el accionariado de Telefónica. Y, de acuerdo a los diversos informantes, Margarita Robles tiene la intención de vetar la operación. De hecho, la titular de la cartera ya fue muy crítica y dura ante las preguntas de los periodistas.

"La prioridad para nosotros es que la defensa nacional estén siempre absolutamente protegidas. La defensa es esencial y fundamental, y precisamente la normativa que tiene España ha querido ser muy estricta cuando haya inversiones extranjeras que puedan aceptar a la defensa y a la seguridad", sostuvo.

No obstante, esto no quiere decir que la operación se vaya a vetar. Si bien el Ministerio de Defensa será el que analice la entrada de Arabia Saudí en Telefónica, la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros y bajo este escenario existe una gran incertidumbre debido a los diferentes pareceres de los ministros.

Cruce de declaraciones

No solo existen discordancias entre los dos partidos del Gobierno, ahora en funciones. También lo hay dentro del propio partido socialista. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dejado claro en varias ocasiones durante los últimos días que no quiere que Arabia Saudí adquiera el 9,9% de Telefónica.

Pocas horas después de sus últimas declaraciones, Nadia Calviño reprendió a la candidata por Sumar e indicó que “España es un país serio” a la vez que dejó entrever que el Gobierno abraza las inversiones extranjeras en empresas españolas siempre que cumplan los estándares de seguridad para los intereses nacionales.

Pero con la apuesta decidida de Margarita Robles por tumbar la entrada de STC en el accionariado de Telefónica se abre un debate dentro del propio PSOE, hasta ahora inédito. Fuentes empresariales, en conversación con este periódico, recalcan que la decisión final del Gobierno “no está nada clara” ya que Pedro Sánchez, ausente en los últimos días por dar positivo en coronavirus, aún no se ha pronunciado de forma oficial, si bien alegan que el presidente tiene un pensamiento más cercano al de Nadia Calviño.

Sorpresa en el Gobierno

El movimiento de Arabia Saudí en Telefónica ha provocado “perplejidad” dentro del Gobierno, según apuntan fuentes cercanas a Moncloa consultadas por este periódico. Los principales ministerios económicos del Ejecutivo entienden que un movimiento de tal calado que “puede marcar el futuro de una compañía tan importante como la de Telefónica se haya resuelto de esta manera”.

En este sentido, las fuentes consultadas deslizan que el Ejecutivo tiene cierto malestar con la cúpula directiva de la operadora puesto que entienden que “deberían haber activado mecanismos de seguimiento” meses antes, justo cuando la banca de inversión contratada por STC comenzó a acumular acciones para, finalmente, dar el salto al capital social de la operadora.