El pasado mes de junio, Línea Directa puso en marcha una cobertura antiokupación con su seguro del hogar que cubre hasta 33.900 euros en caso de que ocupen la vivienda. En estos tres meses, más de la mitad de los seguros del hogar que se han contratado se han hecho con cobertura antiokupación, que tiene un precio de 10 euros extra al año. Esta cobertura se está viendo, sobre todo, en las primeras viviendas. Desde la aseguradora se muestran satisfechos con los datos y aseguran que la okupación es un problema que preocupa a los ciudadanos, por lo que ven esta cobertura necesaria.

De hecho, desde Línea Directa han hecho una encuesta en la que se concluye que el 77% de los ciudadanos españoles aseguran que la okupación es un problema social y les preocupa. No obstante, según el barómetro del CIS del mes de julio, ‘la ocupación de viviendas’ solo es un problema para el 1,5% de los ciudadanos. 

Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, explica que hay alarma social y que se intensifica cuando sucede en algún lugar cercano como la urbanización donde se vive o la localidad en la que tienes la vivienda. No obstante, los datos señalan que en 2022, las demandas por okupación cayeron un 3,25% hasta las 16.726 denuncias, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Más allá de las denuncias, que no siempre prosperan, hay que mirar los juicio verbales posesorios ingresados por okupación ilegal de viviendas, en el CGPJ. Los datos del Poder Judicial evidencian que en 2022 ingresaron 2.785 verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas en España, un 19,9% menos que en 2021, cuando se notificaron 3.479 procedimientos. 

Ante estos datos, Garre explica que la cobertura es necesaria para prevenir: “se producen casi los mismos casos de okupación que de incendios y a todos nos parece sensato tener un seguro anti incendio”. Esta cobertura ofrece asesoramiento judicial, legal y el desalojo de la vivienda. También ofrece la habilitación de la vivienda como el cambio de la cerradura. Asimismo, los suministros de la vivienda como gas, agua, luz… con un gasto de hasta 300 euros al mes hasta 6 meses. Esta cobertura también ofrece un alojamiento al propietario hasta que se desocupe la vivienda con un límite de hasta 800 euros al mes hasta 6 meses. Si la vivienda es alquilada, el seguro ofrece hasta 800 euros al mes por las pérdidas de rentas del alquiler hasta 6 meses. Si la ocupación provoca daños a terceros, el seguro cubre 7.500 euros por responsabilidad civil.

Según los datos de la encuesta realizada por la aseguradora, el 24% considera que hay una posibilidad media y alta de que okupen su vivienda y el 31% asegura conocer a alguien que haya sufrido una okupación de algún tipo. 

Solamente el 8% de la sociedad piensa que la “okupación” de viviendas es un fenómeno residual sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos políticos. Para los españoles, la “okupación” de viviendas cuenta con unas causas variadas: la lentitud de la justicia (28%), la permisividad de los políticos (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido al alto precio (23%). Además, casi 3 de cada 4 ciudadanos (73%) piensan que las penas para este tipo de prácticas “son muy laxas” y que “no existe seguridad jurídica”. Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Los españoles ante la ‘okupación’ de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas”, elaborado por Línea Directa Aseguradora a partir de los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda España.

El endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones preferidas para mitigar las “okupaciones” según el 60% de los españoles, muy por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%).

El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro de los objetos de debate. En este sentido, el 53% de los españoles es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez en caso de que no se demuestre ‘in situ’ la propiedad o la existencia de un contrato vinculante. El 35% está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos. Además, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro “antiokupación”, siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas más valoradas.