"La parálisis política envía una señal de desconfianza hacia un país que se dirige a un estancamiento debido a la inoperancia de sus responsables políticos a la hora de abordar las grandes reformas pendientes". Es uno de los diagnósticos expresados por el presidente de la patronal Anged, Alfonso Merry del Val, la organización empresarial que agrupa a grandes compañías de la distribución como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Alcampo o Ikea.

El mismo día de la primera sesión de la investidura del candidato del PP Alberto Núñez Feijoó, el dirigente de la patronal ha señalado que "el resultado más evidente" de la "interminable batalla política y del olvido de la competitividad de las empresas es una parálisis de reformas y un empobrecimiento de nuestra economía". "Hemos pasado de rozar el sueño de la convergencia en renta per cápita con la media europea a una preocupante decadencia", ha sentenciado durante la clausura de la Asamblea Anual.

En su opinión, la lucha partidista "ha monopolizado casi en exclusiva la acción de Gobierno y ha relegado el análisis del sistema productivo español y las medidas para hacerlo más eficiente y competitivo". En este sentido, ha incidido en que uno de los principales problemas estructurales de España es la baja productividad, "que se traduce en un menor crecimiento de las empresas y en un freno para la inversión y el empleo".

Según Eurostat, desde 2009 la productividad en España ha avanzado 10 puntos menos que la media europea. En particular, desde 2019 hemos perdido 3,8 puntos de productividad, abriendo una brecha de cinco puntos con los socios de la Unión Europea.

La patronal que agrupa también a empresas como Tendam, MediaMarkt, Eroski, C&A, Fnac o ToysR'Us, pone el foco en la mejora de la productividad para garantizar un crecimiento sano de la economía a largo plazo. "No podemos marginar a los empresarios porque son la base sobre la que se construye la riqueza de un país, el pilar para sostener la inversión y los servicios públicos", ha abundado Merry del Val.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reconocido que "el comercio es uno de los sectores que más soportan la sobrerregulación". En este sentido, ha destacado que en los últimos cinco años, en Europa se han dictado 5.000 páginas de normas que las compañías tienen que aplicar tras el posterior desarrollo normativo por parte del Estado, las Comunidades y las autoridades locales.

"Los empresarios exigimos estabilidad, diálogo y unidad del país, que es lo que hay que defender. Para que todo funcione lo más importante es la estabilidad, porque las empresas se montan cuando hay confianza", abundado tras criticar que se haya tachado a la distribución como culpable de la inflación. "Hemos estado oyendo sin parar que la inflación era de márgenes y no de costes", ha afeado.

En este sentido, Merry del Val ha lamentado que "muchas veces parece que las empresas han quedado reducidas a un conjunto de sujetos pasivos cuya única función es pagar impuestos y cuotas sociales para financiar los presupuestos". Y ha reprochado que los beneficios empresariales "sean seriamente cuestionados, olvidando que, sin ellos no es posible la inversión".

Garantizar reglas de juego claras

Por otro lado, Anged y la consultora Lasker han presentado los resultados de una encuesta a 100 directivos y profesionales del mundo empresarial en la que se apuntan algunas claves que debería abordar la agenda de reformas que reclaman.

En concreto, un 51% de los encuestados cree que para recuperar la confianza de las empresas hay que garantizar unas reglas de juego claras, previsibles y ágiles. En esta línea, un 45% aboga por simplificar las cargas burocráticas y los trámites para aumentar la productividad.

En cuanto al mercado laboral, un 37% cree que hay que seguir avanzando en la flexibilidad para adaptarse mejor a los cambios y un 31% ve necesario mejorar el sistema educativo y universitario para incorporar nuevos perfiles.

En material de impuestos, los encuestados señalan tres prioridades: más incentivos para la inversión, la I+D y el empleo; mayor estabilidad en el sistema tributario y evitar nuevos tributos que no respondan a razones de eficiencia. Por otro lado, en la transición hacia una economía sostenible, un 58% ve imprescindible garantizar la proporcionalidad de las medidas para que puedan ser viables