Este miércoles el consejo de administración de Telefónica se ha reunido de forma ordinaria para abordar diferentes cuestiones de la compañía. Sobre la mesa estaba la operación llevada a cabo por Saudí Telecom, de la mano de Morgan Stanley. El operador asiático y el banco de inversión llevaron en secreto la adquisición de compras de acciones de la compañía española para que STC irrumpiera con un 9,9% del total del capital social.

Según informan fuentes financieras, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha explicado durante la reunión la operación a los principales accionistas de la operadora. BlackRock, con el 4,98% del total del accionariado; CaixaBank, con el 4,87%; BBVA, con el 4,83, y Criteria Caixa con el 2,5% son las principales sociedades con representación en el consejo de administración

El máximo órgano ejecutivo está compuesto por 15 miembros, además de un secretario y un vicesecretario no consejeros. Saudí Telecom, si finalmente obtiene los permisos por parte del Gobierno, va a reclamar un asiento dentro del consejo de administración de Telefónica, tal y como ya avanzó este periódico. El propio José María Álvarez-Pallete, de acuerdo a los informantes, ha trasladado esta idea a los principales accionistas. Las mismas voces remarcan que “la operadora ya trabaja en un futuro en el que está presente STC dentro de la principal teleco de España”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la operadora y con los principales accionistas de Telefónica, pero han preferido no hacer comentarios sobre los asuntos tratados en el consejo de administración. Cabe destacar que no se han hecho públicos los diferentes puntos del día a tratar.

Tal y como revelan fuentes cercanas al consejo de administración, la reunión ha transcurrido con “normalidad” y los principales accionistas españoles “han transmitido la confianza en la compañía” si bien destacan que se han producido comentarios “de inquietud” por las formas en las que se desarrolló la operación por parte de Morgan Stanley y de STC.

La alta dirección de Telefónica, por tanto, ya se prepara para el desembarco de Arabia Saudí en el accionariado. José María Álvarez-Pallete continúa apostando y creyendo en su gestión y, por eso, va a reunir a los inversores el próximo noviembre en el que presentará el nuevo plan estratégico de la compañía. Dicha hoja de ruta, como han sostenido desde la propia compañía, se basa en el crecimiento de la empresa, tener una mayor rentabilidad para sus inversores y ser más sostenibles.

Desde que se conociera la noticia de que Saudí Telecom tenía la intención de adquirir el 9,9% del total de Telefónica, José María Álvarez-Pallete ha mantenido contactos con los principales responsables de la operadora asiática. La primera vez fue a las pocas horas de que STC comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la operación. El presidente de la operadora, que se encontraba en Estados Unidos, voló hasta Arabia para conocer las intenciones del nuevo accionista y para explicar el nuevo plan estratégico, así como para negociar el papel de Saudí Telecom dentro del consejo de administración.

El Confidencial afirma que durante la semana pasada el presidente de Telefónica se reunió en Estados Unidos con la alta dirección de Saudí Telecom para volver a acercar posturas.

El Gobierno quiere limitaciones

Como se mencionaba anteriormente, el Gobierno tiene que dar el plácet a la operación. STC tiene que remitir una solicitud al Gobierno, en concreto al Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles, para formalizar la entrada en el capital de Telefónica. Por el momento, la empresa está redactando la documentación para ser enviada al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este periódico contó que existe división dentro del Ejecutivo ya que hay ministerios como el de Defensa que no quiere a Arabia Saudí dentro de la compañía, si bien Pedro Sánchez y Nadia Calviño no quieren entrar en conflicto con un país estratégico.

En este sentido, Bloomberg afirma que el Gobierno dará finalmente el beneplácito a la operación, pero con condiciones. Las limitaciones estarían en línea con las impuestas en 2021 al fondo australiano IFM Global Infrastructure en la compra del 23% de Naturgy. Entre esas condiciones incluyen el respaldo a ciertas políticas corporativas, como la inversión en proyectos importantes para el país; el mantenimiento de la sede en España; una política prudente de pago de dividendos y un ratio de apalancamiento con grado de inversión.