Shakira creó “un entramado societario” de al menos 20 empresas con sedes en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Malta y Panamá con el único objetivo de pagar menos impuestos en España. Es, al menos, lo que sostiene la Fiscalía en una nueva querella presentada esta semana contra la artista, donde la acusa de evadir dinero en 2018 para ahorrarse el pago de seis millones de euros en IRPF y patrimonio, cuando ella misma afirmaba ser residente fiscal aquí.
Según la querella, que sorprende por su contundencia al respecto, la cantante colombiana era perfectamente consciente de que tenía que pagar esos tributos en España, puesto que entonces residía oficialmente en Esplugues de Llobregat (Barcelona) junto al exfutbolista Gerard Piqué y sus dos hijos. Pero se esforzó en urdir una burda red, a juzgar por el informe, con el fin de sortear sus obligaciones fiscales, y lo hizo de forma voluntaria. Si así lo decide el juzgado, la archiconocida artista será investigada por estos hechos justo cuando estaba a punto de concluir el otro juicio por fraude fiscal que tanta repercusión mediática ha tenido durante los últimos años, y que hacía referencia a años anteriores.
“Movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las arcas del Estado lo que le correspondía, de manera consciente y voluntaria presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP por el ejercicio 2018, omitiendo declarar rendimientos y deduciéndose gastos que no le correspondían, consiguiendo reducir el importe a ingresar en la Agencia Tributaria y en la Agència Tributària de Catalunya”, sostiene la fiscal en su contundente escrito, al que ha tenido acceso este periódico.
Empresas sin empleados ni actividad
Fue en ese juicio cuando Shakira defendió que hasta 2015 no era residente en España, puesto que los ejercicios anteriores procuraba no pasar aquí los 183 días del año que exige la ley para ser considerado residente fiscal. Bien: ahora, en el escrito que motiva este artículo, la Fiscalía mantiene que “al ser residente fiscal en España” en 2018, Shakira “estaba obligada” a tributar por todo lo que facturaba a nivel mundial, y pagar lo que le correspondía tanto de IRPF como de patrimonio. Pero creó sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá, Países Bajos, Luxemburgo y Liechetenstein, países considerados de fiscalidad laxa, para reducir esa cantidad.
Concretamente, la Fiscalía la acusa de omitir declarar el ingreso de 12,5 millones de dólares por la gira El Dorado, más otros 2,5 millones que residenció en dos sociedades, y además se dedujo por duplicado gastos por valor de 3 millones de euros, más otros gastos que no podía deducirse, por más de 3,5 millones. En consecuencia, la fiscal calcula que dejó de pagar a la Agencia Tributaria más de cinco millones de euros en concepto de IRPF y 773.000 euros a la Agencia Tributaria Catalana por el impuesto de patrimonio.
¿Cómo operaban esas sociedades? Todas estaban relacionadas entre ellas, siendo unas propiedades de otras, o directamente estaban participadas al 100% por Shakira. Unas facturaban los ingresos de su carrera musical y de publicidad, otras se dedicaban a su patrimonio inmobiliario y otras a su patrimonio financiero. Y tenían algo en común: ninguna tenía actividad más allá de tratar de conseguir que la cantante pagase menos impuestos, según la acusación de la Fiscalía que citamos a continuación.
“Todas estas sociedades y entidades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna”
“Todas estas sociedades y entidades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos (...). Estas sociedades y entidades fueron interpuestas con el único objetivo de tributar por una cantidad inferior (...). La única relación que la querellada tuvo con las Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá, Holanda, Luxemburgo y Liechtenstein, fue el domicilio de las sociedades y entidades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional y mantuvo su patrimonio. En consecuencia, todas estas sociedades y entidades fueron instrumentales utilizadas por la querellada, por lo que la totalidad de los ingresos y los gastos que constaban formalmente generados en ellas debían ser atribuidos a la querellada en su declaración de IRPF. En igual sentido, todo el patrimonio que constaba en ellas debía ser atribuido a la querellada en su declaración de IP”.
La lista que reproducimos muestra cómo Shakira se valió de un buen puñado de sociedades “movida por el deseo de tributar lo menos posible”, como una que obedece a las siglas AC, constituida en Luxemburgo por otra sociedad maltesa propiedad de Shakira al 100%. Esta sería la sociedad que contabilizó el resultado de su gira fuera de EEUU. Según la fiscalía, Shakira firmó diferentes acuerdos con las autoridades de Luxemburgo que le permitieron tributar muy poco (a un tipo del 1,29% sobre los ingresos declarados). Lo más flagrante, para la fiscal, es que la cantante llegó a contratar a personal que no tenía funciones en la empresa, simuló una cesión de derechos que no sucedió en la realidad, así como un supuesto poder de negociación que tampoco tenía lugar, puesto que era ella quien tomaba las decisiones.
"En consecuencia, AC fue una sociedad instrumental utilizada por la querellada que no ejerció ninguna actividad, por lo que la totalidad de los ingresos y los gastos contabilizados por esta sociedad debían ser atribuidos a la querellada en su declaración de IRPF". De forma parecida sucedía con otra sociedad que responde a las siglas GGT, constituida en España, también propiedad al 100% de Shakira. En esta ocasión, la empresa servía para contabilizar ingresos y gastos de los conciertos de la gira El Dorado fuera de EEUU. E igualmente la empresa no ejerció ninguna actividad, los trabajadores contratados ya eran trabajadores de Shakira con anterioridad y no consta que desarrollase ninguna función.
En tercer lugar, el escrito hace referencia a GT, una sociedad estadounidense con GGT como único socio, que tenía el fin de contabilizar ingresos y gastos de los conciertos en EEUU de la gira El dorado. A continuación, la Fiscalía reproduce la siguiente lista de compañías, de las que no aporta más detalles aparte de su domiciliación y socios, en los casos en los que estos se conocen, para mostrar la red que tejió la artista.
El Ministerio Fiscal, además, recuerda que los hechos pueden ser constitutivos de dos delitos penales de fraude contra la Hacienda Pública y pide que la Interpol se encargue de notificar la admisión a trámite de la querella, cuando esta se produzca, así como de transmitir a la cantante las diligencias previas y la citación para prestar declaración, ya que ahora Shakira tiene su domicilio en Estados Unidos. Por ese mismo motivo, el tribunal a cargo del mediático juicio por fraude fiscal permitió a la artista ausentarse de todas las sesiones, salvo los días que le toque declarar como acusada. Hay que recordar que la Fiscalía le ha pedido ocho años de cárcel, más el pago de una multa de casi 24 millones de euros, por defraudar otros 14 millones de euros entre 2011 y 2014.
Este periódico ha contactado con el abogado de Shakira, que ha preferido no hacer comentarios al respecto. Sin embargo, cabe señalar que cuando fue acusada en el marco del mencionado juicio que aún está por concluir, la artista mantuvo su inocencia, reiterando que nunca cometió ningún delito a sabiendas. “A mí no me interesa cometer un delito para acumular más dinero (...). Hay cosas que van por delante del dinero, como la dignidad. Si alguien me hubiera dicho, en el minuto uno me hubiera hecho residente”, manifestó, cargando incluso contra la consultora que contrató, la big four PriceWaterHouse, por “nunca” haberle advertido de ningún riesgo.
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