El Gobierno prometió a Bruselas que llevaría a cabo una amplia reforma fiscal. La medida, que formaba parte del Plan de Recuperación y que debía estar aprobada durante el primer trimestre de 2023, debía dar acceso a un desembolso de 7.000 millones de euros, que estarían ligados fundamentalmente a este hito. Con el objetivo de hacerle frente, Hacienda designó a un comité de expertos que elaboraron el bautizado como Libro blanco para la reforma fiscal, a partir del cual el Ministerio de María Jesús Montero decidiría qué impuestos modificar y cuáles no a cambio del dinero de la Comisión.

Pero los meses fueron pasando y la reforma fiscal nunca llegó. Preguntados al respecto, en Hacienda aseguraban que daban el hito por cumplido, puesto que a lo largo del año pasado se habían modificado algunas figuras impositivas -aunque fuesen temporales, se había creado el impuesto a los ricos, el de la banca y el de las eléctricas-. Y fin del debate. Ya no se habló más del asunto hasta esta semana, cuando la aprobación de la adenda al Plan de Recuperación por parte de la Comisión Europea ha hecho resurgir las preguntas sobre qué partes del famoso proyecto están ya cumplidas y cuáles están pendientes.

En ese sentido, este martes fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han dejado claro que la reforma fiscal no forma parte de los hitos que se han modificado, ni de los que se han aplazado sine die. Al contrario: se trata de uno de los que han permanecido invariables y, por tanto, está aún pendiente de cumplimiento, al contrario de lo que mantenía el Ministerio de Hacienda. Cuándo se pretende abordar y cómo va a abordarse son dudas que aún quedan por resolver, y sobre las que Economía ha preferido no pronunciarse, remarcando que no es algo que se haya planteado de cara a la adenda -la parte del Plan que ha ocupado a los equipos que lo gestionan durante los últimos meses-.

Ya algunas instituciones económicas habían advertido de que el paquete de medidas tributarias que el Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 distaba en gran medida de lo comprometido con Bruselas. Y que, por tanto, dejaba en el aire el acceso de los fondos ligados a este hito. La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) se expresó de esta manera, recalcando que las medidas aprobadas eran de corte temporal, y no cumplían con la gran reforma que en un principio se había planteado. "Estas medidas, de carácter esencialmente temporal, quedan lejos de cumplir con el compromiso de reforma fiscal acordado con Bruselas, estando este hito ligado a un desembolso de 7.000 millones de fondos europeos", rezaba un artículo publicado en el marco de los Cuadernos de información Económica de la fundación y del que entonces se hizo eco Expansión.

La idea, en cambio, era impulsar una reforma tributaria que aumentase la recaudación en España y la acercase a la media europea, algo muy distinto a sacar adelante un paquete de medidas tributarias extraordinarias y justificadas por el impacto de la guerra de Ucrania en diferentes sectores. Sin embargo, como aún no ha llegado el momento de que la Comisión evalúe el cumplimiento de este hito, todavía hay tiempo para abordarlo o para modificar la promesa, como ha sucedido con los peajes o el pago por uso de las carreteras españolas, después de una importante polémica contra la iniciativa.

En este caso, la reforma fiscal está ligada al quinto desembolso de transferencias directas, que debía recibirse en el segundo semestre de este año, aunque con la adenda se han negociado cambios en el calendario ya que todos los países iban retrasados con los plazos fijados en un principio. Ahora, y pese a la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, la idea es seguir adelante lo más rápido posible, para lo que el Gobierno en funciones procederá a solicitar el cuarto pago de los fondos tan pronto como el Consejo apruebe definitivamente la adenda.

El hito de los peajes sí ha sido modificado

Un hito que España sí ha conseguido sacar del Plan de Recuperación aunque en un primer momento había prometido cumplirlo a Bruselas ha sido el de introducir peajes en autopistas a partir de 2024. Lo impopular de la medida, unido a que el coste del transporte por carretera se ha encarecido considerablemente estos últimos años, ha llevado a que el Gobierno convenza a la Comisión de sustituir la medida por potenciar el transporte de mercancías por tren, y finalmente se ha considerado suficiente.