El Gobierno ha decidido aplazar varias decenas de compromisos que había prometido a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación. La solicitud de la adenda, que amplía en 94.000 millones la asignación para España (hasta los 163.000 millones), incluye ciertos cambios en parte por la demora en la que había incurrido el Ejecutivo por la convocatoria de elecciones, pero también por dificultades en el cumplimiento de lo enviado a la Comisión relacionados con la inflación, la guerra de Ucrania y la crisis de suministros, que están entre los motivos válidos que recoge el reglamento comunitario.

Por el momento, las modificaciones cuentan con el visto bueno de la Comisión Europea, aunque este no es el fin del camino: el Consejo de la UE, es decir, los ministros de finanzas de los Veintisiete, aún deben ratificarlo. De producirse la aprobación, los plazos se alargan y por tanto se facilita el aprobar las medidas pendientes sin dejar de recibir fondos Next Generation. Además, incluso el Gobierno en funciones puede cumplir lo prometido, puesto que no será necesario que apruebe ciertas leyes: bastará con otros instrumentos regulatorios, como una orden ministerial.

En total, son 69 los cambios acordados en la negociación. El más sonado ha sido la sustitución del cobro de peajes por uso de las autovías por promocionar el transporte de mercancías por ferrocarril. Está previsto que la UE incluya el transporte por carretera en su sistema de penalización por emisiones de CO2 a partir de 2027, lo que hacía que tuviese menos sentido empezar a cobrar tres años antes por los peajes, además, en un momento en el que este tipo de desplazamientos ya se han encarecido considerablemente a causa de la inflación.

Y en esos cambios es donde el Gobierno también ha incluido aplazar sin fecha la creación de un centro en cada provincia española para la lucha contra la violencia de género, entre otras medidas de corte social. Después de todo, el Ejecutivo ha decidido pedir una extensión en la implementación de ese hito, como recoge el documento de los técnicos de la Comisión Europea. "España ha explicado que estas 15 medidas no pueden lograrse en el plazo previsto en el Plan de Recuperación original por las restricciones de suministros de diferente naturaleza, combinadas en algunos casos con la fuerte inflación, que han retrasado su implementación o afectado a su objetivo oficinal", recoge el apartado de modificaciones.

Un mejor servicio telefónico y centros de asistencia 24 horas

Si los cambios son aprobados, como así se prevé, todas las reformas incluidas en el cuarto punto del componente 22 (Plan de Choque para el Economía de los Cuidados y Refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión) se verán aplazados sine die. Aun así deberán llevarse a cabo, puesto que no han sido sustituidas por otras como sí ha sido el caso de los peajes, pero no está claro cuándo deberán terminarse.

¿Qué incluía exactamente esta reforma? La medida más importante era la creación de centros de asistencia 24 horas a víctimas de la violencia sexual en cada una de las provincias españolas y ciudades autónomas, lo que incluía ofrecerles atención presencial, pero también telefónica y telemática. Además, se buscaba mejorar los servicios de teleasistencia que ya existen, y los servicios de control a las medidas de protección a las mujeres víctimas de otras violencias para que también abarquen a la de género.

A su vez, se pretendía ampliar los servicios de atención telefónica y telemática ahora existentes con uno nuevo de orientación sociolaboral y acompañamiento, no solo para las víctimas de violencia intrafamiliar sino también para las mujeres víctimas de la trata y la de explotación sexual. La iniciativa se apoyaba en que casi 400.000 mujeres sufren violencia sexual cada año, y estaba previsto dedicar 183 millones a la inversión, 143 ligados al Plan de Recuperación.

"El Consejo de Europa recomienda los servicios de asistencia integral 24 horas y establece un estándar de un centro de este tipo por cada 200.000 mujeres o, al menos, uno por cada provincia. En España únicamente dos provincias cuentan con este tipo de servicio (Madrid y Asturias)", recoge el propio componente, que incide en las carencias detectadas en los servicios que hoy existen para atender a estas mujeres (Atenpro y los dispositivos de control de las medidas y penas de alejamiento).

Se pospone el plan de escolarización en infantil

Además, y dentro del plano más social, también se ha pospuesto el programa que buscaba garantizar el acceso de los niños y niñas a plazas en el primer ciclo de educación infantil, es decir, de 1 y 2 años. El Gobierno ha detectado que la principal razón por la que las familias no llevan a sus hijos a centros de infantil es porque no pueden asumir el gasto que conlleva, a pesar de que se ha demostrado que su escolarización temprana mejora los resultados educativos en el futuro. Por eso, el Plan recogía invertir 670 millones de euros en total para crear plazas nuevas, infraestructuras y equipamiento, aunque la mayor parte de invertiría en gastos de personal. El plazo de implementación era entre 2021 y 2025, y ahora la Comisión ha aprobado la petición de España se retrasar esa meta un año y de reducir, en caso de que sea necesario, el presupuesto asignado.