La Comisión Europea anunció este miércoles que ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no garantizar la independencia del consejo de administración de Adif, puesto que el Estado tiene la capacidad de "ejercer una influencia decisiva" en sus decisiones, entre ellas las relativas al precio de los billetes.

A juicio de Bruselas, en la legislación española "no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de la empresa ferroviaria correspondiente", según explica la institución en un comunicado.

"Teniendo en cuenta la composición del consejo de administración, que es nombrado por el Ministerio de Transportes, el derecho del Ministerio a poner fin al mandato de sus miembros y las normas relativas a la toma de decisiones, cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del consejo de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes", afirma la institución.

Además, el Ejecutivo comunitario detecta otras deficiencias relacionadas con la transposición por parte de España de la directiva que establece el espacio ferroviario único europeo.

En concreto, están relacionadas con la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de empresas ferroviarias de acuerdo a principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.

El caso se remonta a 2018, cuando Bruselas abrió el expediente a España. Tras haber constatado que España no había resuelto todavía todas los problemas, la Comisión lanzó un ultimátum en octubre de 2019, pero todavía considera que a día de hoy "no se han abordado los puntos señalados".

Así, el Ejecutivo comunitario reconoce que España modificó su legislación relativa a la determinación de cánones por la utilización de infraestructuras, pero advierte de que "el nuevo sistema aún no está operativo".

La institución explica que Adif "goza ahora de un nivel adecuado de independencia a la hora de establecer el sistema de cánones", pero la legislación "incluye una disposición transitoria que suspende la aplicabilidad de las nuevas normas hasta que el administrador de infraestructuras apruebe y publique las nuevas disposiciones".

Además, añade que "la ley no contiene ninguna disposición que obligue a Adif a aplicar el nuevo sistema en un plazo determinado", lo que supone que "a menos que se adopten medidas rápidamente, los cánones de acceso por vía férrea se considerarán de facto impuestos que se incluirán en las próximas leyes de presupuestos españolas de 2024 y 2025".

"En estas circunstancias, existe el riesgo de que el antiguo sistema siga aplicándose hasta 2024/2025", argumenta la Comisión, para añadir después que, en consecuencia, las empresas ferroviarias "no podrán impugnar los cánones de acceso por vía férrea" en los tribunales españoles.

En último lugar, la Comisión cree que "faltan elementos clave en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y los administradores de infraestructuras", como por ejemplo "indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y con una disminución de los costes de acceso".