Transportistas y agricultores exigieron este jueves al Gobierno una respuesta contundente ante los ataques a camiones españoles sucedidos al otro lado de la frontera francesa. Medio millar de viticultores galos bloquearon el paso fronterizo de Le Perthus como forma de reclamar que no se importe vino a granel desde España. Durante la protesta, atacaron varios vehículos y quemaron ruedas. Inicialmente, saquearon un camión de tomates, después uno que transportaba vino; y arremetieron también contra otro que albergaba botellas de cava de la marca Freixenet en su interior.

"El Gobierno español tiene que tomar cartas en el asunto y salir contundentemente a defender los intereses de los productores españoles; no solo de vino, sino de todas las producciones de frutas y hortalizas y ganaderas", expone Juanjo Álvarez, secretario general de la organización Asaja, en conversación con El Independiente. "Tenemos los mismos problemas que los agricultores franceses y cumplimos la ley de la Cadena Alimentaria", defiende.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige en funciones Luis Planas aseguraron este jueves que el Ejecutivo español estuvo "en contacto con las autoridades francesas a fin de que se restablezca la normalidad y no se reproduzcan estos incidentes". "El Gobierno condena estos actos, que atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea y que perjudican los intereses de los afectados", abundaron desde el citado departamento.

Desde la asociación agraria COAG exigen ir más allá y reclaman al departamento de Planas que presente "una queja formal ante el gobierno francés por su desidia ante los recurrentes ataques a nuestros productos". Asimismo, piden a la Unión Europea que garantice de forma efectiva y contundente la libre circulación de producciones agrícolas españolas en territorio francés.

"Este tipo de actuaciones son intolerables. La crisis de rentabilidad que sufren los productores franceses también la estamos padeciendo los agricultores españoles", remarcó Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadero (COAG).

El problema -dicen en Asaja- es que "las fuerzas del orden público francesas no hacen nada y permiten los hechos que han ocurrido". "Es entrar en una dinámica de hace años que no queremos que se vuelva a reproducir con los vuelcos de nuestros camiones en Francia", advierte Álvarez.

Varios viticultores franceses vacían un camión de tomates procedente de España cerca de la frontera. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Desde el MAPA aseguraron a última hora de la tarde que las gestiones con el Ejecutivo galo se habían desarrollado "durante todo el día a través de la Embajada española en París (en particular entre los ministerios de Agricultura e Interior de ambos países)". "Como consecuencia de las mismas, el paso fronterizo está abierto desde las 15 horas y no ha habido nuevos incidentes", subrayaron. Asimismo, reiteraron que "el Gobierno español, tras los contactos habidos, espera y desea que tales actos ilegales no se vuelvan a producir".

"Nunca han conseguido solucionar nada"

Los transportistas recuerdan que los ataques de este jueves se produjeron en esta ocasión por parte de viticultores, "pero nos ha pasado ya con la fresa, con los tomates o con la carne", lamenta Dulsé Diaz, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), en conversación con este diario. "Lo peor es que se hace con total impunidad, frente a las cámaras de televisión y a la policía francesa que, una vez más, no hace absolutamente nada por evitarlo", recalca.

En línea con las asociaciones agrarias, reclaman tanto al Ejecutivo español como a la Comisión Europea que fuercen al Gobierno francés a tomar las medidas necesarias "para evitar estos sabotajes y que los culpables paguen por los actos que están cometiendo". Pese a su demanda, las esperanzas de que el Gobierno reaccione más allá de lo que ha hecho son escasas. "Nunca han conseguido solucionar nada. Llevamos 50 años así", se lamenta Díaz.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) lamentan que, "una vez más, los transportistas españoles son objeto de la agresividad y violencia de agricultores franceses, como de manera reiterada se ha venido produciendo desde que, ya en los años 90, cientos de camiones fueran gravemente atacados por agricultores franceses transportando fresas y otros productos agrícolas".

Esta asociación se ha puesto a disposición de los transportistas afectados este jueves "para reclamar al Estado francés por los daños causados por sus ciudadanos". Lo hacen citando una histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en diciembre de 1997, que ya "le condenó por pasividad y no garantizar el derecho a la libre circulación".

Viticultores franceses vacían un camión de vino procedente de España en Le Boulou, cerca de la frontera. | EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

El TJUE, prosiguen, "entendió que el Gobierno francés no garantizó la seguridad de los transportistas y actuó con pasividad ante los ataques, en concreto al no haber procurado ni adoptado las medidas necesarias para que las acciones violentas de sus ciudadanos no impidan ni obstaculicen la libre circulación de los vehículos y mercancías por el territorio europeo".

Asimismo, reclamaron la intervención del ministerio de Asuntos Exteriores español que dirige José Manuel Albares para que exija al Gobierno galo "que intervenga de forma activa para garantizar la protección y libre tránsito de los 20.000 camiones españoles que diariamente cruzan la frontera".

Francia, primer destino del vino a granel

Francia es, precisamente, el primer destino para el vino a granel español. Al país galo se fue a parar el 32% del volumen total exportado en el primer semestre y el 29,6% de la facturación total, según los últimos datos disponibles del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). Sin embargo, el citado estudio refleja que Francia ha perdido cuota como destino. Eso sí, el precio medio de los vinos a granel que se enviaron desde España bajó un 1,2%, hasta los 42 céntimos por litro.

Los viticultores franceses denuncian que esos bajos precios están destruyendo explotaciones allí. Pero en Asaja señalan que los excedentes de vino que tiene España también lo tienen otros países de la Unión Europea "y nunca ha habido problemas de tránsito de unos a otros con compras a granel". En opinión de Álvarez, no tiene sentido que se produzcan los altercados provocados este jueves, "máxime cuando se está cumpliendo la ley de la Cadena Alimentaria", que impide vender por debajo del coste de producción.

Tras Francia, son Alemania y Portugal los otros dos mercados a los que más vino español a granel se envía. A estos tres mercados, España exportó el 73% del volumen y el 66% del valor total de las exportaciones españolas de vino a granel en el primer semestre.

Otro informe del OEMV permite apreciar también que el vino a granel francés fue el único producto que cayó en valor (-14,3%) y que redujo su precio medio (-8,3%), perdiendo un 6,4% en volumen en el primer semestre. Sus exportaciones se situaron en los 93,2 millones de euros (-15,4 millones) y los 60,6 millones de litros (-4,1 millones). El granel representó el 9,3% del volumen total de vino exportado por Francia, pero apenas el 1,5% de la facturación.

Se trata de “un ataque al libre comercio español y que llega, además, en una situación complicada para todo el sector primario en su conjunto", dijo el presidente de la Interprofesional del Vino de España (OIVE), Fernando Ezquerro. Así quiso mostrar su rotunda condena "a todo acto de violencia contra las empresas vitivinícolas españolas, que cumplen escrupulosamente con todas las normativas europeas de comercio".

Desde esta organización, que agrupa también a las asociaciones agrarias, agradecieron la rápida actuación del propio Ministerio de Agricultura durantre la mañana, aunque solicitan que "se siga trabajando para evitar que se reproduzcan estas situaciones y se adopten las medidas necesarias para evitar nuevos ataques que atentan de manera injustificada contra empresas en particular y contra el sector vitivinícola español en general".