Euskadi busca aseguradora. Es la factura de imprevistos más abultada de cualquier Administración, la que debe prevenir y compensar riesgos por accidente, por descuidos con consecuencias, por denuncia o por errores de sus trabajadores. Las pólizas de seguros también son imprescindibles en la función pública. En Euskadi buscan compañía para el próximo bienio y lo hace consciente de que las primas no han dejado de subir en el último lustro y que el engorde de su estructura funcionarial les obligará a incrementar esta partida.

El Gobierno vasco acaba de sacar a concurso el aseguramiento de la prestación de sus servicios públicos. Busca las mejores pólizas para protegerse ante la multitud de contingencias que pudieran producirse en sus servicios sanitarios, de seguridad y en el resto de prestaciones públicas. Seguros con los que hacer frente a las responsabilidades civiles generales, a las derivadas de posibles accidentes o a los costes de su parque automovilístico, de helicópteros o de embarcaciones o de cualquier otro daño material de sus instalaciones. Asegurar una administración pública como la vasca no es barato. La licitación en marcha roza los 66 millones de euros y abarca un periodo de dos años.

Asumir la responsabilidad civil de decenas de miles de sus trabajadores en el ejercicio de su trabajo, o los daños en su patrimonio, o la cobertura de pólizas de vida, de accidentes o de daños materiales es una de las partidas que probablemente más ha aumentado en los últimos ejercicios. La licitación ahora abierta prevé un coste máximo de 32,9 millones de euros para 2024 y otros tantos para 2025. En el periodo 2017-2018 el coste del conjunto de los seguros apenas superó los 15 millones de euros anuales.

Incremento de pólizas

Se confía, sin embargo, que finalmente la competencia entre ofertas permita ajustar el gasto en pólizas a un precio similar al que abona actualmente: 27,12 millones al año. Los contratos de seguros en vigor concluyen el 15 de enero del próximo año y su prórroga no es posible, por lo que habrá que buscar nuevas ofertas para 2024 y 2025.

Las pólizas de seguros han subido mucho de precio. Sin duda las que cubren las responsabilidades civiles son las que más lo han hecho. En comparación con el año 2017, las primas se han multiplicado por cuatro en el caso de la administración vasca, pasando de una ‘factura’ de 684.000 euros al año a 2,88 actualmente. El segundo mayor incremento se detecta en la responsabilidad civil de carácter sanitario, cuyo coste se ha duplicado. Los seguros que cubren los daños materiales del patrimonio público se han encarecido un 65%, los de vida y accidentes un 53% y en menor medida, alrededor de un 15%, las pólizas para asegurar los vehículos, embarcaciones y helicópteros de propiedad pública.   

De todos los servicios públicos el vinculado a la seguridad es el que obliga a incrementar de modo más importante la partida de seguros. La consejería de la que depende la Ertzaintza, y en la que el uso de vehículos y otros elementos disparan la asunción de posibles responsabilidades, obligan a fijar el presupuesto más alto, cerca de 9,5 millones de euros en seguros al año.

Ertzainas, el colectivo con más coste en seguros

El Ejecutivo vasco reconoce que las pólizas de vida han sufrido incrementos elevados en su coste por el aumento significativo de incapacidades permanentes totales entre el colectivo de Ertzaintzas. Los agentes de la policía autonómica son el colectivo de la Administración vasca que incluye los mayores capitales asegurados entre las pólizas del Gobierno. Ello ha llevado a las compañías aseguradoras a “extremar sus cautelas” subiendo sus primas, señalan en el pliego de la convocatoria.

Las responsabilidades de carácter sanitario son las segundas que absorben un mayor coste. Sólo en el País Vasco este seguro roza los 8,5 millones de euros al año para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles del Servicio Vasco de Salud. En el último año las pólizas que asumieron los riesgos sanitarios han registrado un incremento en su coste del 35% en sus primas. Los cambios legislativos que han modificado la valoración de daños y perjuicios en accidentes de circulación, en vigor desde 2016, es otro de los elementos que se apunta como causa de aumento de precios aplicados por las compañías en el último lustro. Así, entre los cambios se incluye una mayor protección a las víctimas de accidentes de circulación, mejorando de modo importante las indemnizaciones por secuelas, invalidez o fallecimiento.