El acuerdo del PSOE con Sumar para la investidura de Pedro Sánchez ofrece pocas novedades respecto a lo que ya planteaban las dos formaciones políticas en la actual legislatura en materia de vivienda. Pero diferentes agentes del sector inmobiliario señalan la falta de concreción de las medidas expuestas esta semana.

Por un lado, todo el sector coincide en que seguir profundizando en el control de los precios de los alquileres no solucionará ninguno de los problemas que tiene el mercado. Y aunque valoran positivamente la intención de impulsar el parque público de vivienda, cuestionan los plazos en los que se puede conseguir un nivel que solucione el estrés de precios que sufre actualmente el mercado y que impide el acceso a la vivienda.

"El aumento del parque público de viviendas con el objetivo de alcanzar el 20% del parque total me parece fantástico, pero teniendo en cuenta que actualmente solo representa un 2% del parque total, me parece un sueño", dice Iñaki Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria. Dar un fuerte impulso a esto requeriría, en su opinión, un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas del país.

"Es una decisión muy acertada y necesaria potenciar la vivienda pública en alquiler. Sin embargo, es importante tener en cuenta los plazos desde la toma de la decisión hasta su ejecución y la creación efectiva de este parque de viviendas públicas en alquiler", añade Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres y miembro del comité asesor jurídico de Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI). En este sentido, cree necesario conocer el número exacto de viviendas disponibles y el objetivo final.

En cuanto a los alquileres, el pacto se propone seguir profundizando en lo que contempla la Ley de Vivienda. "Desde el punto de vista económico, es obvio que cualquier regulación normativa que desincentive a los propietarios provocando así que se reduzca la oferta de vivienda en alquiler, supone un incremento de estos precios de alquiler de vivienda como consecuencia de la interacción en el mercado entre la fuerte demanda existente y la reducción producida en el volumen de oferta", añade José María Basáñez, presidente del Grupo Tecnitasa.

Los portales inmobiliarios también creen que las medidas planteadas contienen poco nivel de detalle. Desde Idealista creen que el pacto presentado por Yolanda Díaz y Pedro Sánchez contiene pocas novedades respecto a lo que vienen planteando hasta ahora sus respectivas formaciones.

En Fotocasa se preguntan "de qué forma se va a poner más control sobre los alquileres", ya que hasta ahora la mayoría de medidas recogidas en la ley de vivienda dependen de la aplicación de las comunidades autónomas y eso ha impedido su aplicación a nivel estatal.

"Con este pacto se constata que la ley se centra, de nuevo, solamente en una parte del mercado del alquiler: en la protección a los inquilinos y colectivos vulnerables. Mientras, el otro eje fundamental que conforma el mercado, los propietarios, quedan desprovistos de seguridad jurídica, una situación que obstaculiza la generación de un clima de confianza y la ampliación de oferta", explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa. Más del 90% del parque de alquiler está en manos privadas.

Para su homólogo de Pisos.com, Ferran Font, tampoco hay mucha novedad respecto a la última legislatura. "La ley no se ha aplicado en ninguna Comunidad pero ha generado bastante tensión en el mercado del alquiler", explica. Lo que ha hecho es reducir la oferta y, como consecuencia, provocar mayor desequilibrio entre oferta y demanda, provocando un alza de precios, especialmente en grandes capitales.

En cuanto a la ampliación de la oferta y el parque social, para Matos "siempre es una medida positiva". La oferta pública de alquiler en España está muy lejos de la media de nuestro entorno y todas las formaciones políticas coinciden en que hay que aumentar el parque. "La pregunta es de qué forma se haría", dice Matos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 25 millones de viviendas en España. Si se quiere incrementar un 20%, habría que levantar 5 millones. "Lo primero que uno se pregunta es con qué dotación presupuestaria se va a hacer y durante cuánto tiempo", señala Font. Para llegar a esa cifra, añade, "debería pasar, como mínimo, dos décadas".

Matos recuerda que durante la campaña ya se anunciaron casi 200.000 "viviendas que todavía no existen". La principal vía sería la construcción, pero para ello es necesaria la colaboración público privada. Sin embargo, "las dificultades de los promotores no solo para obtener financiación o desarrollar la promoción, sino la falta de suelo, la lentitud en la burocracia, el aumento de costes de construcción, y la falta de mano de obra hacen muy difícil la ampliación de la oferta social en España", añade.

Desde Tecnitasa creen que oara reducir el precio del alquiler de vivienda, en una situación de fuerte demanda como es la actual, es preciso implementar medidas que incrementen la oferta por dos vías distintas: incentivar al propietario inversor para que destine su vivienda al alquiler aumentando así la oferta, y aumentar la oferta mediante la promoción de más vivienda social. "Lo primero se puede realizar muy rápidamente mediante la promulgación de normativa que beneficie al casero y además le aporte seguridad jurídica", dice Basáñez.

"Lo segundo es mucho más difícil y dilatado en el tiempo, si bien es necesario acometerlo porque el parque de vivienda social en España es porcentualmente 4 veces inferior a la media europea y hasta 10 veces inferior en comparación con otros países como Holanda o Austria", añade.

Alquileres turísticos

El acuerdo para la investidura también menciona la intención de revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas. En la ley de vivienda este punto quedó fuera del acuerdo para impulsar la norma. "Es un buen titular, pero tiene poca concreción sobre cómo se va a desarrollar esa legislación ya que existe disparidad entre los diferentes municipios", explica Font.

Asimismo, el pacto también contempla la aprobación de un programa nacional de ayudas y subvenciones para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de 500.000 viviendas, priorizando a familias con hijos a cargo y menores ingresos.

Y plantea además ampliar hasta la renta media (37.800 euros) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas: ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de 1 año.