La adjudicación provisional del edificio de oficinas de María de Molina 50, la 'joya inmobiliaria' del Ministerio de Hacienda, suma un nuevo capítulo. El grupo Whiteni, la socimi que quedó como segundo clasificado en la subasta, ha presentado un escrito de alegaciones contra el resultado de la misma porque considera que la proposición económica de Barnaby Investments (Grupo Lar) "no se ajusta a las exigencias del Pliego".

La compañía se alzó con la victoria con una oferta de 204,7 millones de euros, muy por encima del último precio de salida (156 millones) que había puesto Hacienda al edificio situado en pleno barrio de Salamanca. El departamento que dirige María Jesús Montero estaba encontrando dificultades para colocar el activo y realizó dos rebajas de precio además de flexibilizar las condiciones de pago para atraer a los inversores. En total, redujo un 20% el importe frente a la primera subasta anunciada en 2019.

Según explican fuentes de Whiteni a El Independiente, la propuesta de Barnaby "no especifica el importe de los plazos y ofrece diez pagos aplazados anuales tras el pago inicial, hasta completar el pecio total". La interpretación la deducen de la expresión "pagos aplazados correspondientes al 75% restante del importe de adjudicación a efectuar con periodicidad anual y con el mismo importe durante el plazo de diez años".

Durante el acto público de subasta celebrado el pasado 29 de septiembre, los representantes de Whiteni ya expresaron verbalmente sus reservas, que ahora trasladan al Director General de Patrimonio del Estado. La Secretaria de la Mesa -recoge el escrito de alegaciones- realizó verbalmente una interpretación del texto de la proposición económica para avalar la adjudicación provisional a favor de Barnaby aunque, según indican, ello no quedó recogido en el acta de la subasta.

Desde la socimi consideran que "la Mesa está obligada a cumplir el Pliego" y señalan "que no le corresponde realizar interpretaciones sobre lo que se entiende que quiso decir el licitador". En este sentido, aluden al tenor literal de la cláusula quinta, apartado d) de los pliegos, que dice: "No se admitirán las ofertas que no se ajusten a los modelos descritos en los Anexos".

En este sentido, remarcan que "realizar interpretaciones a favor de un licitador excede claramente las competencias discrecionales de la Mesa y resulta de imposible justificación cuando los términos del Pliego son tan claros".

Según el escrito, la oferta económica de Barnaby "ofrece un total de once pagos y, por consiguiente, incumple las condiciones de la cláusula 11 del Pliego y vulnera el artículo 134 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, al exceder el aplazamiento del período de diez años".

Por ello, desde la socimi reclaman en el escrito que se inadmita la oferta de Barnaby Investments, S.L. "por incumplimiento de las exigencias del Pliego y aplicación de la cláusula 5.d) del mismo". Y solicitan también "la adjudicación a favor de la oferta económicamente más ventajosa y ajustada a las exigencias del Pliego, que es la presentada por Whiteni".

Asimismo, advierten de que la socimi "ejercerá todas las acciones que en Derecho considere pertinentes, en cualquier jurisdicción, para exigir el cumplimiento de la legalidad y garantizar la igualdad entre todos los licitadores". Hacienda tiene que decidir próximamente la adjudicación definitiva.

En el complejo Eurocis, flanqueado también por las calles Núñez de Balboa, General Oraá y Castelló, Hacienda ofreció un único lote integrado por 94 fincas registrales, que se corresponden con una superficie de oficina de 37.106,70 m2 sobre rasante, más dos locales bajo rasante con una superficie 3.308 m2, así como 370 plazas de garaje y 10 trasteros.

Whiteni ofreció 197,5 millones; Dunas Capital, 190,8 millones; Tomaleta Servicios y Gestiones SL, 180,1 millones; Kronos Homes, 176 millones; y Conren Tramway, 165,7 millones. En la primera subasta anunciada en 2019, el importe inicial ascendía a 196 millones y después se bajó a 185 millones.