Que el gasto en pensiones lleva años incrementándose y que continuará haciéndolo durante los próximos ejercicios es un hecho sobradamente conocido. El motivo está claro: más allá de la caída de la fecundidad, la generación que debe jubilarse durante los próximos años, la del baby boom, es la más numerosa de la historia de España y eso inevitablemente es un reto para las cuentas públicas. Lo sabe usted, lo saben los jubilados o casi jubilados, lo saben los más jóvenes.

Pero lo que no es tan evidente es qué efectos colaterales tiene el sistema de pensiones español tal y como está concebido en la actualidad, incluyendo la decisión de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones. Y es algo que se aprecia con claridad en el último informe de la OCDE sobre España, donde la organización de países envía dos mensajes muy claros: por un lado, que el gasto público español en educación, vivienda y medidas para mejorar la situación de los jóvenes está muy por debajo de donde debería, y por otro, que el desembolso en pensiones que se viene es excesivo y va a necesitar de otros ingresos del sistema, algo desaconsejable.

"El gasto público español es relativamente bajo en comparación con otros países europeos, y además, en proporción, una menor parte está dirigido a fomentar el crecimiento, lo que incluye educación, formación, inversión en lo público; mientras que se dedica, en comparación, más a protección social, sobre todo a pensiones y a prestaciones por desempleo. Cambiarlo en alguna medida parecería apropiado a medio plazo para fortalecer el crecimiento", reza el informe, que revisa toda la economía española de lado a lado, en un duro apartado.

Lo que los economistas del club de países están destacando aquí es algo sobradamente denunciado por sus homólogos españoles: que recortar en educación, formación y otras partidas habitualmente dirigidas a los jóvenes no sale gratis. Que tiene un impacto en la economía del país a largo plazo que raramente se cuantifica o se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, cuando este año y los dos pasados se negoció y aprobó la reforma de las pensiones. La ley incluye la revalorización cada año de estas prestaciones con la inflación, para evitar que pierdan poder adquisitivo, y financiar el aumento del gasto a cargo de los trabajadores, con subidas de las cotizaciones sociales que pagan mes a mes y con un incremento del límite máximo, entre otras medidas.

Si el déficit del sistema de pensiones continúa afrontándose con los ingresos generales, mantener las prestaciones irá en detrimento de los jóvenes”

"Si el déficit del sistema de pensiones continúa afrontándose con los ingresos generales, mantener las prestaciones irá en detrimento de otras prioridades y en detrimento de los jóvenes, una generación que ya está en desventaja", alerta la OCDE. Por eso, entiende que hay que poner el foco en dos direcciones: por un lado, en lo que va a presionar el gasto público durante los próximos años, y por otro, en qué partidas requieren una mayor inversión, y no una menor, de la que están recibiendo hasta ahora y qué coste tiene el olvidarlas.

En el primer grupo están las pensiones, la sanidad -porque una población más envejecida requiere más asistencia médica- y los cuidados que van a requerir esos mayores. Sin perder de vista la transición ecológica, que durante los próximos años necesitará de mayores inversiones del Gobierno, y que al mismo tiempo este se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa del 1 al 2% del PIB de aquí a 2029. Por todo ello, la OCDE estima que el déficit estructural que ahora está sobre el 3% del PIB podría subir al 5% en los próximos años si no se toman medidas.

En el segundo, hay que entender bien que el gasto español en servicios sociales es inusitadamente bajo, que la pobreza es un problema que debe abordarse de manera más eficaz y que los jóvenes no consiguen emanciparse hasta mucho después que en otros países europeos. Y que España continúa teniendo una de las mayores tasas de abandono escolar de la UE.

Unir la edad de jubilación a la esperanza de vida

Ligar las pensiones a la inflación aumentará el gasto en términos de PIB en 3 o 4 puntos en 2050, según el club de países -las previsiones del Gobierno son más optimistas-, lo que se suma a un contexto ya particularmente favorable para el colectivo, según la organización. "Los trabajadores españoles dejan de trabajar comparativamente pronto y disfrutan de una jubilación extremadamente larga, incluyendo tanto periodos con una pensión de jubilación y otros con otros beneficios." El informe recoge que en 2020 la edad real de salida del mercado laboral eran 60,7 años y el periodo medio de jubilación es de más de 25 años, casi cuatro años por encima de la media de la UE y de la OCDE.

"El gobierno debería alargar la vida laboral uniendo la edad de jubilación a la esperanza de vida en la jubilación (…) pero también debería mirar a otros factores del sistema, que permiten conseguir la mitad de la pensión tras solo 15 años cotizados y la pensión completa con "solo" 37 años, mucho menos que los periodos equivalentes que manejan otros países", propone la organización. "Además, el periodo de referencia para el cómputo de la pensión debería extenderse, probablemente hasta al menos 40 años [ahora mismo son 25 años] para asegurar la sostenibilidad del sistema”.

Invertir más en servicios sociales, educación y oportunidades para los jóvenes

El gasto español en servicios sociales está por debajo de la OCDE, recoge el informe. El gasto en apoyo a la discapacidad, en familias y en personas mayores -sin pensiones- está alrededor del 1,6% del PIB, “muy por debajo de la media europea”. Sin embargo, el gasto social total está muy por encima de la media de la OCDE, en el 28,1% del PIB en 2022, frente a una media del 21,1%.

El gasto social se centra demasiado en las prestaciones contributivas (…) lo que podría no proteger adecuadamente a los grupos vulnerables”

"Debería ser posible reducir el gasto total. El gasto social se centra mucho en las prestaciones contributivas (como las pensiones y las prestaciones por desempleo). Esto conduce a un sesgo en la selección de los receptores (del dinero) en pro de las personas que han podido contribuir al sistema y podría no estar protegiendo adecuadamente a los grupos vulnerables, como las personas sin trabajo”, denuncia la organización en el mismo sentido.

Además, en España una mayor proporción de los subsidios van a las rentas más altas en lugar de a los hogares con menores ingresos, apunta, en contraste con la mayoría de miembros de la UE. Por otro lado, “los programas de ayuda social no son del todo efectivos a la hora de reducir la pobreza, por la debilidad de las políticas, lo que incluye que su cobertura y competencias son insuficientes, hay ineficiencias en el sistema administrativo y falta de coordinación. Pero el gasto social no puede reducir por sí solo las desigualdades: deberían hacerse esfuerzos para convertir el mercado laboral en más inclusivo”.

Pero quienes sin duda son los más perjudicados de este aumento del gasto en pensiones son los más jóvenes. La OCDE tiene claro que se necesitan "más esfuerzos" -económicos, claro- para conseguir ofrecer a los jóvenes acceso a formación de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo, a empleos de calidad, a vivienda asequible y a mejores oportunidades para crear su propia empresa.

Los jóvenes en España tienen problemas para pasar a la vida adulta (…) No es un asunto cultural, pero los sueldos insuficientes y la inestabilidad laboral son los principales obstáculos para conseguir una residencia propia”

"Los jóvenes en España tienen problemas para pasar a la vida adulta y para encontrar empleo fuera de la región donde viven sus padres [por el precio de la vivienda]. La edad a la que se independizan ha crecido progresivamente y ahora está en los 30 años, muy por encima de la media europea (…). No es un asunto voluntario ni cultural, porque quieren irse de casa, pero la falta de ingresos propios, los sueldos insuficientes y la inestabilidad laboral son los principales obstáculos para conseguir una residencia propia. Por todo ello, los economistas ven urgente que el Gobierno entre de lleno al problema, y le piden que se asegure de que hay casas suficientes, e incluso que cree instrumentos para construir vivienda asequible.

En cuanto a la educación, el informe es claro: España tiene una de las mayores tasas de abandono escolar de la UE. Tiene que ver con razones económicas, porque muchas familias necesitan que sus hijos trabajen, y también con el fracaso escolar. Además, el paro entre los jóvenes es el más alto de la UE. En este sentido, recalca que invertir en educación infantil se ha mostrado clave para reducir el abandono escolar, algo que también repercutiría en el empleo de las mujeres, lo que incrementaría los ingresos y la productividad.

Por otro lado, si toda la población tiene acceso a la educación infantil "puede facilitar que los jóvenes decidan tener hijos, lo que contribuye a aumentar las bajas tasas de fecundidad actuales". También se ha demostrado que tiene efectos importantes mejorar la calidad de la enseñanza, reducir la segregación en los colegios y repensar los horarios escolares, entre otro buen puñado de medidas que el Gobierno podría copiar de otros países para conseguir no solo mejorar la calidad de vida de su población, sino también impulsar su economía. De lo contrario… los efectos son difíciles de cuantificar. Pero los economistas podrán decir que lo avisaron.